Rafael Menicucci define los roles del Estado, sector privado y sociedad civil

Santo Domingo.- El presidente de la Cervecería Nacional Dominicana indicó en una presentación organizada por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que el país debe mejorar su competitividad para aprovechar las oportunidades que ofrecerá el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, dado que se encuentra en situación desventajosa en ese rubro en comparación con los otros países participantes del convenio.

Además, reveló que para lograr ese objetivo se precisa una labor conjunta de las autoridades, el sector privado y la sociedad civil. El ingeniero Rafael Menicucci, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, indicó que el país debe prestar atención a un número de factores para ser más competitivos, dejando atrás las diferencias partidistas e ideológicas. Entre ellos, destacó la necesidad de elaborar un plan nacional de desarrollo con el concurso de todos los sectores de la sociedad, realizar las reformas necesarias para lograr el equilibrio fiscal e invertir de manera estratégica los limitados recursos de país.

"El libre comercio nos debe dar mayores oportunidades de exportación a las empresas dominicanas, así como también abrir nuevas fuentes de inversión internacional en el país. No obstante, para lograr ambos objetivos debemos incrementar nuestra competitividad. Esto se debe lograr mediante políticas públicas claras, de largo plazo, y el compromiso empresarial", explicó Menicucci.

En su presentación, el ejecutivo manifestó su preocupación por los resultados de tres estudios publicados este año por el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial e International Finance Corporation. Los estudios Según el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, la República Dominicana ocupa la posición número 102 en un ranking que clasifica 117 países.

República Dominicana tuvo la pérdida de competitividad más aguda de todo el mundo entre el 2003 y el 2005 (descendió del puesto 62 al 102), y obtuvo en el ranking más reciente la peor calificación que todos los demás países miembros de la zona de libre comercio RD-CAFTA. Estados Unidos ocupó el segundo lugar de toda la calificación, la misma posición que había alcanzado en el 2004.

El Salvador, aún cuando perdió tres escalafones, cerró el año en la posición 56 eclipsando a Costa Rica, que arribo en la 64, Honduras que finalizó en la 93, Guatemala que se encontró cuatro posiciones más abajo en la número 97 y éste a dos posiciones de la número 99 que fue la que alcanzó Nicaragua.

Por su parte, un informe especial del Banco Mundial sobre República Dominicana publicado en el mes de marzo, destaca que el país tiene la urgente necesidad de comenzar a prepararse en cuatro áreas fundamentales de política pública: el fomento y apoyo al comercio exterior, la institucionalidad y cumplimiento de las leyes y reglamentos, el gerenciamiento macroeconómico, y la capacitación y desarrollo de la fuerza laboral.

En tanto, el reporte "Haciendo Negocios 2006″, elaborado en conjunto por el Banco Mundial y la organización privada International Finance Corporation, ubicó a República Dominicana en la posición 103 en una escala de 155 países ordenados por las condiciones favorables para la inversión extranjera. Entre los países participantes del Tratado de Libre Comercio, nuestro país sólo obtuvo mejores registros que Guatemala y Honduras, en el número 109 y 112 de la escala, respectivamente.

Por su parte, Estados Unidos terminó en tercer lugar, El Salvador en el número 76 y Costa Rica en el 89. Este estudio incluye el análisis de diez factores: la burocracia, lentitud y costo mínimo para iniciar operaciones; los procedimientos, tiempos y el costo de inspecciones en la obtención de permisos; las leyes que impiden la flexibilidad en la contratación, traslado y despido de personal y los costos relacionados con estas acciones; los procedimientos, el tiempo y costos de llevar a cabo el registro e inscripción de propiedades comerciales; la falta de seguridad jurídica para inversionistas; la ausencia de información fiable sobre el historial de crédito de otras empresas; las tasas contributivas; la carencia de mecanismos para hacer cumplir contratos; la burocracia y el papeleo requerido para la importación y exportación de bienes; los altos costos y la dilación al momento del cierre de un negocio.