La concesión de una isla artificial en la costa sur de Santo Domingo es un negocio jugoso para sus inversionistas, pues no tienen riesgo a pérdida, ya que según publica en su edición de este martes el diario El Día, firmado por el periodista Carlos O. Pérez, el Estado Dominicano se compromete a garantizarles ganancias a los inversores y las instituciones del Estado deben asegurar todos los servicios de manera eficiente, rápida y exonerada.
Por Carlos O. Pérez
SANTO DOMINGO.- En el contrato sobre la concesión para la construcción de una isla artificial frente al Malecón de Santo Domingo, extrañamente modificado, el Estado se compromete a garantizar las ganancias a los inversionistas dominicanos y extranjeros y asume la responsabilidad si se devalúa la moneda frente al dólar u otra moneda fuerte.
Sorprendentemente, el contrato original que fue facilitado por la Secretaría de Obras Públicas en fecha 29 de agosto y que fue publicado por EL DÍA y luego remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, fue modificado en el artículo 14 y ahora se garantiza hasta la visión urbanística que pudieran tener los arquitectos diseñadores de la isla Novo Mundo XXI.
"El Estado dominicano se obliga a preservar el equilibrio económico de el contrato, entendiendo este como el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos de la celebración del presente contrato, así como de la propuesta y documentos del contrato", indica el acápite uno del artículo 14.
El acápite dos señala que en caso de que se rompa el equilibrio económico y afecte negativamente la tasa interna de retorno real del inversionista quedaría roto el equilibrio. Entre las causas que lo alteren se establece: cambio en la legislación vigente, y que afecten sus derechos adquiridos mediante el decreto 246-04, medidas de una autoridad pública que afecten el financiamiento.
El Gobierno renuncia a su derecho de establecer impuestos en la isla a cargo de la compañía, sin que ésta los haya aprobado. El Estado también se hace garante si disminuye la calificación riesgo país por parte de firmas internacionales como Standard and Poors y Moody’s.
El contrato establece que los inversionistas tienen el derecho de exigir al Gobierno el restablecimiento del mismo. En tal sentido, el literal a) del acápite cuatro expresamente indica que: "La compañía podrá proponer compensaciones, modificaciones de cláusulas y/o anexos, modificación de la estructura tarifaria, ampliación o prórroga de plazos, renegociación total o parcial del contrato y cualquier otra medida que la compañía estime conveniente para restablecer el equilibrio económico".
Las exigencias de los inversionistas podrá ser objetada por el Estado en los 20 días subsiguientes y podría rechazar la propuestas de Re-developmen y si discrepa con los cálculos entonces en 30 día hábiles buscarían otra salida que reconstruya el equilibrio. FACILIDADES. El Gobierno está obligado a otorgar exenciones, permisos y licencias de todas las dependencia del Estado para los inversionistas y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por las leyes y las entidades prestadoras de servicio.
El Gobierno designaría una comisión de seguimiento integrada por las secretarías de Obras Públicas, Cultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turismo, la Autoridad Portuaria, Aduanas, la CAASD y la Comisión de Energía, cuya finalidad es agilizar la obtención de exenciones impositivas, derechos de vías, de conexión a líneas de servicios públicos existentes y los permisos y licencias de construcción que sean requeridos.
"En consecuencia, y salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el presidente de la República otorgará a dicha comisión amplios poderes para el procesamiento, revisión y emisión de los permisos, licencias y autorizaciones que sean requeridos en el proceso de planificación, diseño, construcción y operación del proyecto", afirma.
En el contrato también se contempla la exoneración en un100% de todos los impuestos de importación, el arancel, impuestos unificados y de consumo interno, exoneración del pago de cualquier arancel, maquinarias, repuestos y los pagos de impuestos de transferencia inmobiliaria UN MACO.
El artículo 14 del proyecto original que fue remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo por parte de Obras Públicas establecía exclusivamente. ""El proyecto propuesto por la compañía generaría, como consecuencia del desarrollo inmobiliario que se proyecta, los siguientes beneficios a la ciudad de Santo Domingo".
En lo adelante habla de las soluciones a los problemas ambientales, proteger el Malecón, entre otros supuestos beneficios. PROTESTA. Luis Carvajal, miembro de las comisiones medioambientales de la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de efectuar un profundo análisis al contrato firmado por el Estado e inversionistas privados, pidió al Senado declarar inadmisible y no aprobar el proyecto, por considerar que el mismo constituye una estafa para los dominicanos.
Carvajal reaccionó indignado porque supuestamente los firmantes del contrato por la parte dominicana, el secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien lo revisó, actuaron de manera entreguista ante el capital de los inversionistas dominicanos y extranjeros, constituido en la empresa Re-developmen, que encabezan Eulogio Santaella y Ricardo Bofil.
En su opinión, César Pina Toribio y Freddy Pérez tendrán que explicar si realmente revisaron el contrato, porque según él actuaron en contra de los intereses nacionales. "Ese contrato parece que no lo vio ningún abogado, ante tanta inequidad y servilismo extremo y una entrega sin límites de la soberanía y la estabilidad financiera del país", sostuvo Carvajal.
Señaló que lo único que está garantizado en el contrato son los intereses de los inversionistas, que hasta sus valoraciones personales forman parte de las prerrogativas del convenio. "Nosotros le pedimos al Senado que se niegue rotundamente a aprobar este proyecto porque es una chapucería, una estafa y un engaño social. Yo te afirmo que el Secretario de Obras Públicas y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo actuaron en contra de los intereses nacionales", indicó.
Carvajal llamó al movimiento ecologista y ambiental del país, así como a los defensores de las áreas protegidas para se mantengan vigilantes ante los senadores, a los fines de evitar que estos caigan en la tentación de los intereses de los promotores de la isla artificial. HORA CERO.
Hoy llegó la hora cero para el conocimiento de las vistas públicas en el Salón de la Asamblea Nacional y pese a que la Comisión de Finanzas que preside César Díaz Filpo no invitó a los sectores urbanistas, turísticos, ecologistas y grupos interesados todos expresaron a EL DÍA que participarán en el evento para expresar su rechazo. La Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo fijarán hoy su posición en función de un estudio profundo hecho al contrato y a las aguas del mar Caribe donde se pretende construir la isla. Los hoteleros de Santo Domingo, presididos por Roberto Henríquez, y más de 23 juntas de vecinos de los sectores ubicados en el litoral sur de la Capital, llevarán sus propias propuestas.
