Atacar la criminalidad y la delincuencia requiere reformular por completo la política pública sobre seguridad y el funcionamiento de la Policía Nacional y agencias como la Dirección Nacional de Control de Drogas –DNCD-, que tienen objetivos similares. Atacar la criminalidad y la delincuencia requiere reformular por
completo la política pública sobre seguridad y el funcionamiento de la
Policía Nacional y agencias como la Dirección Nacional de Control de
Drogas -DNCD-, que tienen objetivos similares.
Los datos confirman que históricamente todos los gobiernos han
concentrado erróneamente sus estrategias en combatir la distribución y
consumo de drogas, dejando en un segundo plano el problema principal,
que lo representa la entrada ilegal de drogas y armas.
Las estadísticas demuestran que más del 80 por ciento de los crímenes
que ocurren en todo el territorio nacional, tienen vinculación o
relación con el consumo y tráfico de drogas.
Es preciso señalar, que nuestra nación ocupa uno de los primeros
lugares en cantidad de agentes policíacos por cada mil habitantes, a
razón de 292 por cada 1,000 ciudadanos, una media superior a otros
países, que con un registro más bajo de aproximadamente 8.35 oficiales
por cada 1,000 habitantes logran un mejor desempeño.
Siendo proporcionalmente la República Dominicana uno de los países con
la fuerza policíaca más grande, es indudable que no hay relación entre
un cuerpo policial numeroso y la reducción en los índices de la
criminalidad.
En esa ecuación ineficaz, influyen factores sobre la estructura
organizativa de la Policía y otros departamentos y la carencia o mala
distribución de recursos humanos y la falta de equipos.
Por otro lado, estamos conscientes de los serios problemas de falta de
equipos en las fuerzas de la DNCD y el reducido número de agentes para
las labores de inteligencia. Hay que fortalecer aún más en esa
dependencia las unidades especializadas en inteligencia, con la
asignación de una mayor partida en su presupuesto.
También es necesario que la DNCD tenga más recursos como vehículos no
rotulados, cámaras digitales y de video, computadoras, servicio de
Internet y comunicaciones no interceptables. Igualmente, a la Policía
hay que dotarlas de equipos sofisticados para combatir el crimen.
En fin, en función del fortalecimiento de la política de seguridad, es
necesario transferir a la DNCD la responsabilidad de la vigilancia de
las vías abiertas como las instalaciones portuarias, aeropuertos, carga
aérea, costas, y especialmente una zona tan vulnerable como es la
frontera con Haití, espacios estos por las cuales se meten armas,
drogas y municiones.
Según informes sólo un reducido número de furgones -menos del 4% – son
inspeccionados en los muelles, lo que deja espacio para la entrada de
carga ilegal. Hay que disponer recursos para establecer un sistema de
cámaras para vigilancia electrónica en las costas y las principales
zonas portuarias del país.
Asimismo, es impostergable crear un sistema de datos sobre la conducta
del crimen que permita recoger información para el establecimiento de
delitos. Sistemas similares de información criminal han sido
implantados en ciudades como Nueva York.
Bajo este nuevo enfoque en que sería revestida la DNCD, le daría la
posibilidad a esta institución de velar y proteger la seguridad de las
costas, aeropuertos, muelles de cargas y turísticos y la región
fronteriza.
Algo importante es que el presidente de la DNCD esté al mando durante
un periodo mínimo de seis años, con el objetivo de sacar ese
nombramiento del término electoral.
La estructura interna debe ser sencilla como en otros países, que solo
tiene tres unidades: operaciones de campo de acción rápida,
inteligencia criminal y recursos tecnológicos.
A la DNCD sería transferida parte del personal y presupuesto de la
Policía Nacional, quedando esta última institución como un cuerpo de
vigilancia comunitaria y a cargo de la investigación de delitos
menores.
Las circunstancias demandan de un cambio total en la política pública
de seguridad, otorgándole una mayor prioridad a detener la entrada de
drogas y armas, en vez de dedicar la mayor cantidad de los esfuerzos a
prevenir la distribución y venta en lugares marginales.
Estas iniciativas que proponemos van dirigidas a atacar al real
delincuente, a los pejes grandes que son los verdaderos responsables de la actividad criminal en el país.