Cuestionan el derroche exhiben muchos aspirantes

SANTO DOMINGO.-Las autoridades están obligadas por ley, más que por compromiso moral, a evitar que el dinero del narcotráfico, el lavado de activos, el robo de la cosa pública y de otros orígenes ilícitos, penetreN en la próxima contienda electoral de medio tiempo y de paso sea un recurso determinante en la decisión final de importantes plazas donde se elegirán senadores, disputados, síndicos y regidores El tema del dinero de la droga y del uso de los recursos del Estado en la política, se pone en boga cada vez que se acercan las elecciones, pero ninguna autoridad competente ha sido capaz de encaminar la acción pública en esa dirección, pese a que muchos de los candidatos conocidos y algunos elegidos, exhiben recursos millonarios que el rumor público y la conciencia ciudadana, señalan como de origen diabólico. Ese dinero, coyunturalmente repartido como pastel en épocas de campaña se usa de manera abusiva para avasallar las candidaturas de personas honorables que aspiran a algún cargo electivo, pero carecen de mayores recurso para competir a nivel de las grandes vallas, las promociones radiales y televisivas, y las dádivas que como confetis, fuegos artificiales y golosinas, nos ofrece el clientelismo político de los que más pueden. Hay candidatos de esos que desde ya penetran en marcha triunfal a los barrios, exhibiendo todo su poder infernal y repartiendo sus caballitos del diablo que corren más de la cuenta, en perjuicio de una mayoría que lo hace prácticamente a pies, de tripa corazón y a la defensiva. Algunos apenas saben abrir las bocas para decir sus nombres, pero su analfabetismo formal e integral no les impide movilizar grandes recursos y adeptos en medio de fanfarreas, cornetas y largas filas de vehículos de lujo, en perjuicio de otros, en especial de profesionales de reconocida reputación en sus comunidades y de grandes prendas morales, que al encuentro con sus poderosos rivales, se ven obligados a subir a la acera para evitar que el cortejo avasallador de su contrincante los aplaste al pasar. Mientras todo eso sucede ya como señal de lo que podría venir cuando la campaña entre en calor, hay autoridades como la Junta Central Electoral (JCE) que dedica su tiempo y su energía en pedir más dinero para organizar los comicios y en discusiones estériles de distracción, cuando lo correcto sería que estuvieran encabezando una campaña para que se investigue a muchos aspirantes a cargos cuestionados por la opinión públicas y por las propias comunidades donde buscan ser elegidos. De algunos de ellos se sabe, que no bien comenzó la precampaña cuando ya estaban abrumando a la población, e incluso violando y contaminando zonas verdes y espacios que son vitales para la salud ambiental y el buen desenvolvimiento urbanístico de la capital y otras ciudades del interior.Hay quienes estiman que además de investigar la procedencia del dinero que usan esos candidatos cuestionables, la JCE en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Superintendencia de Bancos y otros organismos financieros y de seguridad del Estado, debería ejercer su autoridad para que a todos los que resulten oficialmente escogidos por sus diferentes partidos para optar por un cargo, se les aplique la prueba del antidoping, para asegurar así un Congreso, ayuntamientos y cabildos (salas capitulares) dirigidos e integrados por personas, que al menos, sean mentalmente saludables. LEYES Y CONVENCIONESLas autoridades no deben alegar ignorancia ni falta de facultades para actuar en ese sentido, ya que la República Dominicana cuenta con leyes y convenios internacionales, que le dan fuerza moral y jurídica para llevar sus acciones más allá de nuestras fronteras si se lo propusieran y tuvieran las voluntades. Entre las leyes nacionales figuran la 50-88, sobre Drogas y la 72-02 sobre Lavado de Activos, que establecen acciones y mecanismos de persecución, investigación y sanciones que a la luz del conocimiento y los hechos meten miedo y ponen a cualquier a pensar. A nivel internacional existen una serie de documentos sobre el lavado de dinero, entre ellos convenios y convenciones, de los cuales la República Dominicana es signataria, como son la Convención de Viena de 1988, la Convención Interamericana de 1996, el Convenio de Estrasburgo de 1990 (conocido también como Convenio del Consejo de Europa) y el Tratado entre República Dominicana y Centroamérica para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y crímenes conexos. Es a partir de toda esta literatura internacional con fuerza de ley universal que se crea en nuestro país la Ley 72-02, contra el Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otros delitos afines.Aunque tarde, la Ley de Lavado, se crea precisamente para limpiar y purificar nuestra economía, nuestras finanzas, nuestro comercio, todas nuestras operaciones en materia de bienes y servicios activos y retributivos, para evitar de esa manera que podamos ser incluidos en la lista negra en las que figuran ya algunas naciones, tal y como nos venía ocurriendo con el asunto de la piratería. En su capítulo dos que versa sobre su objeto, establece claramente las conductas que tipifican el lavado de activos procedentes del narcotráfico y de otras actividades delictivas. También identifica de manera clara y precisa a los sectores y personas físicas y morales que pueden ser potenciales practicantes directos y afines de esa conducta. Los mecanismos e instrumentos necesarios para la prevención y detección de lavado de activos, las medidas cautelares y las sanciones penales están de igual modo claramente establecidas en esta ley.De ahí, que incurren en la violación de dicha Ley todas las personas y sectores que a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos que poseen son el producto del tráfico de drogas y de una infracción grave: Conviertan, transfieran, transporten, adquieran, utilicen o administren dichos bienes; Oculten, encubran o impidan la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a los mismos; Se asocien, otorguen asistencia, inciten, faciliten, asesoren, en la comisión de algunas de las infracciones tipificadas en el artículo 3 de dicha ley , así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus sanciones. MECANISMOS DE LA LEY La ley 72-02 establece una serie de mecanismos, entre ellos un Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que estará presidido por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas e integrado por el Secretario de Finanzas, el Superintendente de Bancos, el Presidente de la Dirección de Control de Drogas y el Procurador General de la República, todos con cargos honoríficos. El Comité contará con una Unidad de Análisis Financiero, otra de investigación, y una Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. El primero funcionará como organismo ejecutor, para recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de transacciones financieras sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo superiores a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o en otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional, que como se sabe es el monto tope que de acuerdo a la Ley y a otras disposiciones, se puede entrar y sacar desde y hacia el territorio nacional. Las acciones de investigación, persecución y sanciones están bien establecidas en esa ley, así como las medidas de custodia, administración y venta de los bienes incautados y decomisados por objeto de la comisión de cualquiera de las infracciones señaladas. La ley 72-02 pone a la República Dominicana al día en la lucha y el combate contra el Lavado de Activos provenientes del Narcotráficos y otros crímenes que como la trata de personas, el fraude y la corrupción andan hoy de las manos de la llamada Delincuencia Transnacional Organizada, que bien se sabe sigue penetrando y dañando la economía de los países caribeños y encuentra fertilidad y protección en la vida política. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, el crimen organizado genera anualmente ingresos superiores a 750 mil millones de dólares y el grueso de ellos termina en las arcas del lavado. No se trata sólo de capos de las drogas, activos y en retiro, sino de defraudadores, prevaricadores y traficantes de mujeres, niños e indocumentados, que los hay metidos en la política en busca de protección para sí y sus lavados, que pueden ser fácilmente ubicados e identificados mediante los mecanismos que la ley pone en manos de las autoridades.Y como se trata, en este caso, de delincuentes metidos a políticos con aspiraciones a cargos, la Junta Central Electoral debe también actuar haciéndose auxiliar de las otras autoridades, e incluso de instituciones de la sociedad civil y grupos profesionales como el Colegio Médico Dominicano.¿Cuántos escándalos ligados a partidos y gobiernos no se han armado en este país, relacionados con muertes trágicas, tumbes y ajustes de cuenta productos del narcotráficos y otras acciones ilícitas?¿Cuántas veces, previo a una campaña electoral, no se ha denunciado que tal o cual aspirante no reúnen las condiciones morales para optar por un cargo público porque los recursos que utiliza son oscuros o de dudoso origen? ¿A caso no ha habido personas, y de hecho las hay, que ocupan posiciones en el Estado y aspiran a continuar, que no saldrían bien paradas y airosas si se hace una investigación al origen de sus fortunas?¿Más allá de lo que disponen la Constitución de la República, las leyes, las convenios internacionales y la moral pública, no debería existir en el país un decálogo al que deban ser sometidas todas aquellas personas que opten por una posición electiva del Estado? Todas esas interrogantes se las hacen ciudadanos y ciudadanas dominicanos sobre lo que acontece a diario en el país, sobre todo en el ámbito de la política, y como nadie les ofrece respuesta, entonces se ven obligados a unirse al coro, que más allá del rumor público, acusa, señala y reclama. ¿Escucharán en esta oportunidad las autoridades? ¿Qué piensa al respecto la Junta Central Electoral, cuya reflexión moral no ha pasado de las declaraciones de uno de sus miembros que se atrevió a enmendarles la plana a todos los partidos políticos, incluyendo al suyo que fue quien lo llevó al privilegiado puesto que ocupa en ese organismo?¿Actuará en consecuencia, aunque sea para simular, subsanar y evitar así que a muchos humildes candidatos que la población pensante quisiera ver en el Congreso y los ayuntamientos, se les abra el pecho ante el capital diabólico, el descaro y la bravuconería, de algunos cuestionables ya candidatos?