WASHINGTON.-El Congreso de Estados Unidos inició ayer la discusión de un controvertido proyecto de ley, que de ser aprobado, convertiría en “criminales” a los indocumentados que entren a su territorio. También, contempla la construcción de un muro a todo lo largo de la frontera con México.
El inicio de los debates dividió a los legisladores del Partido Republicano, provocando agrios debates, amenazando así el futuro de la pieza, cuyo promotor asegura que sólo busca "restablecer el respecto por la ley, y quienes la violen serán responsables, incluyendo traficantes de seres humanos, empleadores de ilegales y pandilleros que aterrorizan a las comunidades".Entre los republicanos hay los que entienden que el proyecto no es "suficientemente duro" contra la emigración ilegal, mientras otros piensan que debe incluir un programa de trabajadores temporales, como lo prometió el presidente George W. BushDe acuerdo con los promotores de la iniciativa, la misma busca fortalecer la seguridad en la frontera, obliga los empleadores a verificar la documentación de los empleados y calificaría de criminales a determinados indocumentados.Con once millones de indocumentados en territorio norteamericano, algunos que favorecen el proyecto, plantean no otorgar permisos de trabajo, eliminar algunas loterías de visas y construir un muro en la frontera. Mientras los que se oponen, aseguran que el proyecto solo persigue "asustar a la gente por razones políticas".Mientras los demócratas consideran el proyecto como "extrema e inaceptable", porque no muestra la América que ha dado la oportunidad a mucha gente de llegar a este pais.MEXICO LA RECHAZALa reacción de México no se hizo esperar, luego que su canciller y el presidente Vicente Fox calificaron el proyecto como "vergonzante"."Espero que esta situación que estamos viviendo ahora, vergonzante y oprobiosa, no se materialicen. Los inmigrantes son un brazo crucial para la economía de Estados Unidos; son la fuerza y la energía", puntualizo el mandatario mexicano.Fox dijo que el proyecto es un "retroceso", mientras organizaciones de derechos humanos advirtieron que habría "más violencia en la frontera".