NUEVA YORK.- La advertencia de un juez de que podría disponer el encierro de los lideres que decretaron la huelga de transporte público, y la desesperación de la población que no soporta la carencia del servicio hace tenso el ambiente en esta ciudad, que amaneció por tercer día consecutivo sin servicio de tren subterráneo y autobuses, mientras los líderes sindicales enfrentaban multas y una audiencia judicial por paralizar el sistema de transporte público.
El miércoles, un juez ordenó al presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte Roger Toussaint y otros dirigentes a comparecer este jueves en la corte, advirtiendo que podrían enfrentar una condena de cárcel. La madrugada de hoy, Toussaint entró al hotel donde se hospedan los negociadores de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA). El gobernador George Pataki dijo el miércoles que no habría negociaciones hasta que los trabajadores regresaran a sus puestos. Pero Toussaint sugirió que el sindicato reanudaría las negociaciones y posiblemente volvería a trabajar sin un contrato si la MTA retira su actual propuesta sobre pensiones. Según Toussaint, el punto más delicado es un cambio propuesto en las pensiones. "Si no fuera por la cuestión de las pensiones, no estaríamos en huelga", dijo Toussaint en una entrevista con el canal de noticias NY1. "Todo lo que se requiere es retirar su propuesta de pensiones de la mesa de negociación". El contrato colectivo que cubre a 33,000 trabajadores del sistema de tránsito de Nueva York expiró la semana pasada, y el sindicato convocó a huelga el martes por la mañana a pesar de la existencia de una ley estatal que prohíbe los paros de empleados públicos. El abogado del sindicato, Arthur Schwartz, advirtió que el hacer comparecer a Toussaint en la corte significaría un alto a la mediación supervisada por el estado y dificultaría aún más llegar a un arreglo. El alcalde Michael Bloomberg también consideró que la cárcel no es una medida apropiada. Los abogados de la ciudad comenzaron un procedimiento legal por separado para presionar a los miembros del sindicato en lo financiero, una medida que podría obligarlos a presentarse ante la corte para enfrentar cargos por desacato civil.
