Guatemala.. El vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein calificó como “una actitud intolerable e inhumana” la intención de Estados Unidos de pasar una ley para construir un muro en su frontera con México y criminalizar la inmigración ilegal hacia su país.
Las declaraciones del vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, vienen a despertad la inquietud de los países de la región.
“Es un insulto a América Latina de un gobierno que se dice socio, pero que pareciera que sólo quiere nuestro dinero y nuestras mercancías, y que ve a nuestra gente como una epidemia”, dijo Stein ayer durante un acto público.
El vicepresidente aseguró además que “…nos tratan como si fuéramos un subhemisferio de delincuentes”.
El congreso estadounidense aprobó la semana pasada una ley que endurecería sus disposiciones migratorias y permitiría además la construcción de un muro en la frontera con México. Aún falta que la normativa sea aprobada por el Senado para que cobre vigor.
Stein agregó que la actitud de Estados Unidos obligará a Latinoamérica a buscar “otras latitudes donde sean más respetuosos de la gente”.
Guatemala ya ratificó el tratado de libre comercio con los estadounidenses, conocido como Cafta-RD, pero comenzó charlas para establecer convenios similares con Chile, Colombia y espera concretar un acuerdo con la Unión Europea en el 2006.
Este es el muro que tendrá una extensión de más de mil kilómetros.
“Pero no es sólo el muro, sino la ley que criminaliza la migración lo que nos preocupa”, explicó.
Confirmó que intentarán, junto con México y los demás países de Centroamérica, presentar una propuesta alternativa a la construcción de los 1,100 kilómetros de muro entre Nuevo Laredo, México y Estados Unidos.
La iniciativa buscará un estatus de protección temporal para los centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos. Esta medida les protegería contra la deportación y les permitiría obtener documentos de identificación y optar a la seguridad social.
Amnistía Internacional
La iniciativa de construir el muro constituye un retroceso histórico a los derechos humanos, expresó Amnistía Internacional.
Consideró también, que esta barda de separación entre las dos naciones, constituye un nuevo peldaño en las medidas de endurecimiento para frenar la migración, que multiplicará la pérdida de vidas y restringe el derecho de todas las personas a buscar mejores niveles de vida.
Amnistía Internacional reconoce la soberanía de las naciones para establecer sus propias políticas migratorias, sin embargo, estas medidas no pueden hacerse en detrimento de los más elementales principios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Los inmigrantes no son enemigos de las naciones y al restringir su movilidad, incluso militarmente, constituye un grave precedente para la vigencia plena de los derechos humanos.
Amnistía considera que la seguridad y el desarrollo sostenible de cada nación deben basarse en el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de todas las personas.
Aunque la migración es cada vez más objeto de debate en la esfera internacional, agregó, con demasiada frecuencia se enmarca exclusivamente dentro de un discurso relacionado con el control, la contención, la delincuencia o incluso el “terrorismo”.
Países de CA y México a reunión el 9 de enero
Los cancilleres de Centroamérica y México se reunirán el 9 de enero con el fin de discutir una propuesta alternativa al muro que Estados Unidos pretende levantar en su frontera para frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad. “Estamos coordinando una reunión para el 9 de enero”, dijo el canciller guatemalteco, Jorge Briz.
Briz aseguró que junto con su colega mexicano Luis Ernesto Derbez convocarán a los demás cancilleres de la región para hacer una propuesta conjunta.
La ley
La Cámara de Representantes aprobó la polémica iniciativa de ley migratoria que promueve el legislador republicano de Wisconsin, James Sensenbrenner, que busca la creación de nuevos muros en la frontera con México.
La iniciativa de protección fronteriza, antiterrorismo y control de la inmigración ilegal, HR4437, contó con el apoyo de la Casa Blanca, aún cuando no incorporó en la redacción del texto un plan de trabajadores huéspedes.
