No ha habido que esperar mucho tiempo para presenciar los funerales del discurso que enarbolaba al menos la presidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana contra la comisión cambiaria que forma parte del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para este año. Bastó acordar con el Gobierno su eliminación a las materias primas y bienes de capital para que el hasta entonces lesivo e ilegal impuesto fuera acatado por ese sector del empresariado.
La sociedad dominicana ha tenido pruebas más que suficientes para conocerse a sí misma, pero con comportamiento como el que acaba de exhibir uno de los más activos gremios empresariales, es para conocerse todavía mejor. Arreglado su problema particular al margen de normas institucionales, vienen ahora las presiones para que el Congreso acoja la pieza como un real e inteligente instrumento de desarrollo y progreso.
No es cuestión de conciencia de clase, que todavía por aquí brilla por su ausencia, sino de intereses particulares o personales. Es una actitud similar a la de un empresario y político envuelto en una compleja litis judicial, en la que tiene que ver el Banco Central, que no guarda ni las formas en sus elogios a la política económica y las medidas del Gobierno. Y de connotadas figuras de la sociedad civil que resultaron partes interesadas en los postulados que enarbolaban a favor de la reforma fiscal aprobada en la primera semana de diciembre.
Tiene la opinión pública que recordar que esa entidad fue la misma que consensuó la reforma tributaria que provocó la agria confrontación entre los grupos empresariales. Los productores agropecuarios y el sector turismo se levantaron contra los acuerdos a que se había llegado de manera unilateral sobre los gravámenes para compensar los recursos que suprime el tratado comercial con Estados Unidos y Centroamérica.
Como el Gobierno no consiguió que se aprobararan siete mil millones adicionales que en principio se dijo eran para afrontar eventuales alzas del petróleo y luego para programas sociales, entonces ha vuelto por la reedición del recargo cambiario, ahora un nueve en lugar de un 13, para sortear la disyuntiva de someterse a un saneamiento de la nómina y el gasto público.
Pese a lo contradictorio que resulta su reintroducción después de la reforma fiscal, lo que está en juego en este caso no es que el impuesto sea legal o ilegal, sino el cuestionado cambio que se ha operado en el discurso de un sector del empresariado después de ser privilegiado con la exención de su aplicación a las materias primas y los bienes de capital. El problema es más bien moral, que en medio de una crisis de valores como la que caracteriza la vida social, es peor todavía.
Eso de transparencia y reglas claras y definidas como base de la competitividad se reduce a la envoltura teórica de un discurso, porque, como se ha visto con la postura de la Asociación de Industria, a la hora de la verdad lo que importan son los privilegios.
