Managua, Nicaragua.-El retraso de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta en inglés), se debió a la demora en las obligaciones de los seis países que ya lo tienen aprobado, incluyendo Estados Unidos, informó una fuente oficial. Cuando se negoció el DR-Cafta, estaba previsto que entrara en vigor el primero de enero del año 2005, pero debido a retrasos en la aprobación de los poderes legislativos, decidieron activarlo el primero de enero del 2006, lo que tampoco sucedió.
“Esta es una implementación diferente a la de otros tratados, porque requiere la revisión de las legislaciones de los siete países involucrados”, explicó una fuente que exigió el anonimato.
“Estados Unidos trabajó el año pasado en negociar otros tratados, como el de Panamá, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (Caricom)… No le dio tiempo de revisar nuestras leyes”, agregó.
“Estados Unidos reconoció que hubo problemas por parte de ellos… Estaban en otros acuerdos comerciales porque se les acerca el fin del ‘fast track’ (vía rápida) y deben aligerar el paso”, dijo la fuente.
El “fast track” le otorga facultades al Gobierno de Estados Unidos para la negociación comercial con terceros países, sin que lo negociado pueda ser reformado por el Congreso, pero esta ventaja se vence en el 2007.
Oficialmente, lo que ha señalado Estados Unidos es que el tratado se pondrá en vigencia “a medida que los socios comerciales (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica) completen los procedimientos internos que necesitan ser aprobados por los congresos”, indicó el 30 de diciembre Stephen Norton, portavoz de la Oficina de Comercio Exterior estadounidense (USTR).
El portavoz del USTR dejó entrever la posibilidad de que el DR-Cafta quizás sea implementado en dos etapas. “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios comerciales y esperamos que el próximo 1 de febrero al menos algunos países estén listos para aplicarlo completamente”, dijo.
La fuente agregó que en el caso de Nicaragua, el retraso se prolongó por la tardanza de la Asamblea Nacional en dar el “sí” al DR-Cafta, hecho que ocurrió hasta en octubre pasado.
“En tres meses era difícil que nos pusiéramos al día, pero vamos bien, muy cerca de El Salvador que tuvo un año de ventaja, creemos que seremos parte del primer grupo y entraremos el primero de febrero junto con los salvadoreños y Honduras”, afirmó la fuente.
LEYES EN CAMINO
La próxima semana, el poder ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley de reformas a las leyes que tienen que ver con propiedad intelectual y derechos de autor, con el objetivo de adaptarlas a las nuevas condiciones que requiere el DR-Cafta, explicó ayer el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Alejandro Argüello, en una conferencia.
Con ello podrían dejar libre el camino para la entrada en vigencia de este tratado, a partir del primero de febrero, aún si el resto de países de la región no lo hace, afirmó.
Según el funcionario, las reformas tienden a armonizar la legislación nacional con los compromisos adquiridos con el tratado, para lo cual proponen reformas a cuatro leyes que rigen esta materia: Ley de Derechos de Autor y derechos conexos (Ley 312); Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos; Ley 322, Ley de Protección de Señales Satelitales portadoras de programas, y la Ley 354, Ley de Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
En este sentido, el ministro adelantó que la próxima semana iniciarán una ronda de consultas con artistas y autores, para que expongan sus puntos de vista sobre estas reformas.
CONTRA PIRATERÍA
Entre los puntos que pretenden reformar está el de dar más atribuciones al Ejecutivo, para actuar de oficio en lo referido a los delitos de piratería. “Antes, para actuar en esta dirección se tenía que hacer una denuncia”, lo que limitaba la acción de las autoridades.
Ambrosia Lezama, directora de Propiedad Intelectual del Mific, explicó que en cuanto a la Ley de Marcas, la reforma facilitará el licenciamiento sin las exigencias que señala esta ley, en el sentido de que deben estar registrados para que surta efectos sobre terceros, reduciendo la exigencia de presentar ante la oficina de propiedad intelectual esos contratos de licenciamiento.
Esta reforma, según el experto en propiedad intelectual, Guy Bendaña, es positiva en este aspecto, pero tiene que ser realizada detenidamente y no apuradamente.
Explicó que no tiene los documentos oficiales sobre esta reforma, sino que ha tenido conocimiento de la misma a través de fuentes extraoficiales. No obstante, considera que hay vacíos en las nuevas reformas que, en lugar de mejorar los errores de la legislación actual, podrían profundizarlos.
