Las ciencias forenses pueden mejorar la situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Para lograrlo hay que promocionar el entrenamiento científico-técnico, identificarse con la investigación médico-forense al servicio de la sociedad.
La deuda externa ha causado mucha pobreza y ha contribuido a la violación de derechos económicos, sociales y culturales; también los derechos políticos son insuficientes, en escala ascendentes y han perdido todo poder de impresión entre los ciudadanos. Las ciencias forenses están próximas a enfrentarse a la mala política, de derecha, que solo buscar dinero y poder, que no busca justicia.
Ciencia y derechos humanos; ciencia y sistema penal no pueden continuar como un eufemismo. Así como los derechos humanos de los detenidos son respetados, así deben ser entendidos y respetados los postulados científicos por el sistema de administración de justicia penal. Este nuevo interés de la justicia en materia de DH, se inició en Centroamérica, por el recrudecimiento de la guerra, por el militarismo en la región. Fue así como surgió la necesidad de generar destrezas en técnicas, democratización
interna y mejorar la capacidad de investigación.
Nuestros gobiernos han sido incapaces de impartir justicia correctamente en los casos de DH; son muchos los casos de DH llevados a los tribunales, donde los gobiernos se ven obligado a reconocer y a garantizar tales derechos. El empleo de las ciencias forenses contribuye a que esto se haga con seriedad, y evidentemente en el futuro el uso de las ciencias forenses va a influir en todas las demás investigaciones.
Existen algunas Agencias de DH y existen Agencias de Ciencias Forenses. Generalmente las ONG´s cumplen funciones de protección de los DH: 1) Denunciar, protestar y exponer la violación ante la opinión pública mundial; 2) Utilizar los recursos de cualquier índole para que el gobierno atienda la violación y 3) Emplear la información obtenida para que el gobierno se percate de las violaciones.
Actualmente contamos con el INACIF en la República Dominicana. Una institución gubernamental, adscrita administrativamente a la Procuraduría General de la República Dominicana, creada con la finalidad de esclarecer la verdad judicial de los hecho punibles. En unos y otros casos, ambas organizaciones deben estar en sintonía con la ONU y con la CIDH. Si se presenta un informe de tortura en un país, son estos organismos los que deben impulsar la voz de alerta y luego, corresponderá a la institución del gobierno hacerse representar por comisión médica para investigar si efectivamente la tortura ocurrió.
Pero, reconocemos que existen muchas limitaciones en esta materia, las cuales impiden cumplir esta función de las ciencias forenses dentro de la violencia social reñida con la ley. Los sistemas judiciales juzgan y sancionan la comisión de crímenes, con la utilización de los sub-sistemas penales. Estos sub-sistemas están en Crisis, en América Latina.
Por otro las Agencias de DH permanentemente confirman que el Pode Judicial viola los DH: Tal es Amnistía Internacional. No vamos a discutir sobre las causas de esta crisis, ni cómo es que los sistemas de justician causan estas violaciones de DH, pero creemos dos cosas en particular: 1) Los operadores judiciales y su capacidad profesional y 2) La actitud de los funcionarios judiciales. Las violaciones de DH fomenta la impunidad. Los ejemplos están ahí: ejecuciones extrajudiciales, maltratos a prisioneros, muertes en fugas, etc.
Existió en los jueces un período de burocratización, inercia, desinterés por la investigación de estos casos por problemas que escapan a su control. Se ha insistido en la necesidad de capacitar a los jueces en la protección de derechos de los derechos humanos y abogan por métodos adecuados para evitar estos asuntos: Las ciencias forenses son precisamente este método.
Existe un período de crisis política, social. Esta tiene que ver con el incremento de la criminalidad. Esta impacta en la investigación criminal y por lo tanto en el sistema de justicia. Las ciencias forenses es justo lo que han estado reclamando: a) Ha habido un incremento de crímenes de todo tipo; y b) este incremento está reforzando la crisis social; En respuestas, los países están aumentando las fuerzas policiales; han aumentado las formas de acción directa (armas de fuego, seguridad privada, etc), pero no es suficiente. Hace falta el factor humano y de concientización de las autoridades que deben impulsar el desarrollo científico-técnico de las investigaciones de casos penales.
Los abogados también tienen su papel en esta realidad de DH: En primer lugar, los abogados son los primeros que están en la línea de avanzada de la investigación de casos de DH; las víctimas de violaciones de DH recurren a los abogados; la función de abogado es de protestar, defender estos casos; en segundo lugar, al abogado no le corresponde investigar, pero insiste en que la investigación se lleve a cabo; los abogados de DH han ampliado sus funciones, para proteger a sus ciudadanos de abuso de poder, de torturas, etc.
Dos ejemplos para ilustrar mejor este punto: 1) Fotografías determinaron un caso de un joven que fue muerto en una manifestación y no durante un ataque en una base militar; 2) Un grupo de jóvenes palestinos presentaban fracturas y marcas lesivas en los brazos y todas ellas muy similares. La investigación demostró que fueron hechas con el propósito deliberado de impedir que en el futuro lanzaran piedras a los militares.
Ambos ejemplos enseñan que las ciencias forenses pueden ayudar a demostrar la veracidad de la denuncia. Un grupo de psicólogos forenses entrevistó a los familiares y esto sirvió para establecer el monto de la indemnización. En los casos de desapariciones de personas, en la que CIDH puede actuar como fiscal (siempre que el Estado es cuestión sea signatario), la investigación forense es de gran ayuda.
Generalmente aparece una persona no identificada, la foto de un cadáver, los que investigan el caso hablan con el médico que hizo la autopsia; debe buscarse por todos los medios exhumar el cadáver, comparar los dientes, para su identificación. Pueden trabajar por separados los antropólogos forenses y los médicos, al dar sus opiniones, sobre todo cuando el gobierno ignora donde esta ese cadáver.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos recurren en primer lugar al abogado, debido a que éste representa un papel natural en la defensa de tales derechos. La función del abogado que antes se limitó a protestar, cuando comenzaba a trabajar en el área de derechos humanos, teniendo función similar a la de tomar fotografías, grabar declaraciones de testigos, etc, recientemente ha ampliado su participación, encargándose de que hayan respuestas científicas a las violaciones de derechos humanos.
La medicina legal ha contribuido en las investigaciones sobre derechos humanos determinando las causas de aquellos casos donde se exige la mayor seriedad en el debate, sobre cualquier asunto de interés social que debe enfrentar el problema de la impunidad.
Si se presenta un informe de tortura en un país determinado, v.gr., de Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá enviar una delegación médica para investigar lo que ha ocurrido. Si esta misma situación, fuese matizada por tragedias, motines o intentos de fugas en recintos penitenciarios, en los cuales se produjeran muertes colectivas, en circunstancias anormales, es de obligación prioritaria la actuación de la medicina legal, que con sus autopsias y con sus informes, cumple la función de informar sobre los hechos y sobre sus verdaderas causas. ¿Es comprensible
ya para nosotros el papel de las ciencias forenses en relación a los derechos humanos?
