Creen tímidos reclamos migratorios a EEUU

MÉXICO, D.F.— Los gobiernos de México, Colombia y República Dominicana, junto con los de Centroamérica, se comprometieron a respetar los derechos humanos de los migrantes y simultáneamente pidieron al Congreso de Estados Unidos que apruebe una reforma migratoria que contenga un programa de trabajadores temporales y la regularización de los indocumentados que radican en este país.
“Tiene que haber una reforma que incluya un programa de trabajo temporal, pero también de regularización de la situación de las personas que ya se encuentran en este momento en los países receptores en situación de indocumentación”, declaró, en conferencia, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez.

En la declaración conjunta, formulada en esta capital, se indicó que con base en los principios de responsabilidad compartida y de unidad familiar, el establecimiento de esquemas de trabajadores temporales es “un elemento esencial para lograr procesos migratorios legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos”.

Sin embargo, a pregunta de los reporteros, los ministros mesoamericanos negaron que la declaración común vaya a ser enviada al Congreso estadounidense para que sea considerada al momento del debate sobre la reforma migratoria.

“No es la posición del gobierno de México que nosotros indiquemos al Senado de los Estados Unidos cómo debe proceder, pero en el documento estamos dejando claro los puntos que a nuestro juicio deberían ser tomados en cuenta en cualquier reforma migratoria que fuese aprobada en los Estados Unidos”, apuntó Derbez.

Los diplomáticos calificaron de indispensable la atención al “estatus migratorio de las personas que se encuentran en los países receptores en situación de indocumentación”.

En esencia este es el mensaje que enviaron a los legisladores federales estadounidenses los ministros de Relaciones Exteriores de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana.

Coincidieron en que, respetando el derecho soberano de cada nación para conducir su política migratoria y de seguridad, las medidas parciales que sólo contemplen el endurecimiento de las políticas migratorias “no representan una solución integral para afrontar los retos que impone el fenómeno migratorio ni aprovechar sus oportunidades”.

Francisco Laínez, ministro de El Salvador, dijo que “se busca que el tema migratorio sea abordado de manera integral, reconociendo los enormes aportes positivos que hacen los migrantes, aunque éstos estén indocumentados en dicho país”.

En otro de los puntos del documento oficial, manifestaron que los migrantes, independientemente de su condición migratoria, “no son ni deben ser tratados como delincuentes”.

Sobre el muro que Estados Unidos planea construir en su franja limítrofe con México, señalaron que las fronteras que exige el siglo XXI deberán estar caracterizadas por el respeto a los derechos de las personas, la cooperación, el uso de tecnología, y “la búsqueda de un equilibrio entre las legítimas preocupaciones por la seguridad de los Estados y el flujo eficiente de personas y bienes”.

Reconocieron que mientras un número importante de los habitantes de esta región no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar, “habrá condiciones para emigrar a los países donde exista demanda de trabajadores”.

Jorge Briz, ministro de Guatemala, precisó que igualmente se pretenden concretar tratados de libre comercio en Mesoamérica para “generar condiciones adecuadas en todos nuestros países para evitar que halla migración hacia otros países que tienen más recursos”.

Paralelamente indicaron que en la medida en que existan en los países receptores vías suficientes y oportunas que garanticen una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos de las personas, “el diálogo y la cooperación internacional en la materia, redundará en beneficios para todos los países involucrados”.

Asimismo, admitieron que la creciente vinculación entre migración, seguridad y fronteras a nivel mundial es una realidad presente en las relaciones multilaterales; en consecuencia, es “necesario armonizar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria”.

También acordaron que “es responsabilidad de todas las naciones salvaguardar la integridad, dignidad y derechos de los migrantes”, por lo que vieron imperativo redoblar los esfuerzos para combatir el tráfico y trata de personas, así como las actividades criminales asociadas y estrechar la cooperación en la materia.

Las implicaciones de este fenómeno requieren de acciones y compromisos entre las regiones y los países vecinos que, en el marco de la cooperación internacional, anotaron, “deben guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida”.

El embajador de Honduras, Mario Fortín, comentó que “estamos construyendo una política migratoria común entre países de origen, de transito y de destino como lo somos todos, en la era de la globalización y del libre comercio”.