El legislador asegura que los cabildos, en su mayoría controlados por la oposición, destinan hasta el 60 por ciento de los recursos recibidos para el pago de personal y descuidan las obras de desarrollo en sus comunidades. Los ayuntamientos han dilapidado millones de pesos en los últimos 10 años de los recursos asignados en el presupuesto nacional, sin que las poblaciones perciban mejoría en las condiciones de sus municipios.
La denuncia la hace el diputado Alejandro Montás, quien asegura que desde 1996 al año recién concluido, las administraciones municipales han recibido más de 30 mil millones de pesos, recursos que no han invertido en beneficio de sus comunidades.
Sostuvo que la Ley 166-03, que destina un 10 por ciento de los ingresos del Gobierno contemplados en el presupuesto de la nación, establece que los cabildos deben gastar solamente un 25 por ciento en personal e invertir 40 por ciento en obras para el desarrollo económico y social de los munícipes.
“Sin embargo, esto no se ha cumplido, entrando en franca violación a la Ley, porque que los ayuntamientos, controlados en su mayoría por la oposición, gastan hasta el 60 por ciento en personal y descuidan las obras de bien social y económico de sus comunidades”, enfatizó.
El también ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) indicó que otra de las violaciones frecuentes de la legislación es que no hay un control financiero de los recursos recibidos.
En ese sentido, respaldó que el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, en su condición de presidente ex oficio de la Liga Municipal Dominicana, fiscalice los fondos destinados a las administraciones municipales de todo el país.
Comentó que para este año el gobierno del doctor Leonel Fernández cumplirá fielmente la Ley 166-03 y aumentará los recursos de 8 mil 45 millones de pesos, a 11 mil 232 millones de pesos.
“Eso significa un incremento de más de 3 mil millones de pesos; ahora, qué pasa, no sabemos cómo se van a administrar esos recursos, porque los ayuntamientos del país no garantizan que cumplirán la ley como lo hace el Poder Ejecutivo al destinar los fondos contemplados en el presupuesto nacional”, afirmó.
Indicó que durante el año 2003, los cabildos gastaron 3 mil millones 994 mil 763 pesos y los munícipes siguieron sufriendo los problemas de recogida de basura, falta de instalaciones deportivas, culturales, comunitarias, y deficiencia en los servicios municipales.
El ex presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados recordó que de más de medio millón de pesos que recibieron los síndicos del país en el año 1996, han pasado a ser miles de millones de pesos y los ayuntamientos no invierten en obras beneficiosas para sus comunidades.
