Iniciamos el 2006 sin la aprobación del principal instrumento de desarrollo que tiene el País: el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. La falta de dicho instrumento se debe a las diferencias manifiestas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, en torno a la puesta en ejecución de la reforma fiscal y la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio sucrito entre la Republica Dominicana, los Estados Unidos de Norteamérica y cinco países de Centroamérica.
A pesar de la importancia que tiene la discusión de las causas que motivan las diferencias señaladas, nos interesa analizar un aspecto al que le atribuimos importancia significativa: la inversión en educación.
De acuerdo al proyecto de presupuesto sometido, se consigna una partida de 19 mil 829.2 millones de pesos para la Secretaria de Estado de Educación y una suma un poco superior a los 2 mil millones para la Secretaria de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología SEESCYT.
Ambas partidas asciende a 21 mil millones, o sea un 8.8% del presupuesto total sometido que asciende al monto de 238 mil millones de pesos y un 2.2% del PIB proyectado para el 2006 que se estima en 940 mil millones.
Con la partida asignada, se mantiene la misma política que ha aplicado el Estado dominicano hacia la educación en los últimos 24 años, período en el que la inversión promedio de los distintos gobiernos ha sido de 1.9 del PIB, con rango de variación entre un máximo de 2.2 correspondiente a los anos 2002 y 2005 y un mínimo de 1.0% en el 1991.
AÑO %PIB
1980 2.0
1981 2.1
1982 2.0
1983 1.9
1984 1.7
1985 1.5
1986 1.6
1987 1.4
1988 1.5
1989 1.4
1990 1.2
1991 1.0
1992 1.3
1993 1.6
1994 1.9
1995 1.9
1996 1.9
1997 2.2
1998 2.5
1999 2.6
2000 2.5
2001 2.6
2002 2.9
2003 1.9
Fuente: PNUD
Elaborado por el autor en base a datos del PNUD.
El resultado de la política citada, lo encontramos en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 presentado por la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) del PNUD en la República Dominicana, en el que los indicadores de educación de la fuerza de trabajo presentan un 12.3% de analfabetismo; el 54.1% apenas alcanza el nivel primario; el 28%, el secundario y el 14.1% el grado universitario.
De acuerdo a dicho informe, “la República Dominicana se caracteriza por tener uno de los niveles mas bajos de gasto en educación como porcentaje del PIB de América Latina y el Caribe”, el cual “representa en términos relativos sólo la mitad del gasto esperado dado el nivel de actividad económica”.
La situación educativa se agrava mas, por la baja eficiencia que se logra de la reducida inversión indicada. Señala el PNUD que “el 50% de los que ingresan al primer grado sólo alcanza a completar 4 años; un 22% completa el ciclo de primaria de 8 años, y sólo un 10% termina la secundaria”. Agrega además, que hay serias dificultades con los maestros: “se crea un círculo donde la baja capacitación de los maestros es reforzada por los bajos salarios, que a su vez son usados para justificar un desempeño deficiente y poca exigencia, tanto de los directivos a los maestros, como de éstos a los alumnos”.
Ese desempeño no se corresponde con las disposiciones legales vigentes, con los compromisos que ha asumido nuestro país en los cónclaves internacionales en materia educativa ni con los desafíos que debemos encarar en el marco del nuevo escenario competitivo mundial y regional.
En cuanto a las disposiciones legales, la base legal existente justifica una mayor inversión en educación: Mandato constitucional para erradicar el analfabetismo y proveer educación básica obligatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas; La Ley 5778 de Autonomía de la UASD y la Ley 139-01 que crea la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología, consignan una inversión no menor al 5% del presupuesto nacional sólo en este nivel para el sector público.
Nuestro país ha sumido varios compromisos en materia educativa en cónclaves internacionales. A modo de ejemplo, la Declaración de Mar de Plata, suscrita por los jefes de gobierno en el marco de la Cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) , celebrada en Mar de Plata, Argentina, en noviembre del 2005, en la que “los países se comprometen a “mejorar el acceso y calidad de la educación básica de todos los niños y niñas reconociendo que la provisión de oportunidades educativas es una inversión a futuro para nuestras sociedades”.
El la misma declaración, entre otros tantos compromisos, también se asumió: “Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos…”.
Por otra parte, nuestro país es signatario de la Declaración del Milenio, en la cual se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El segundo de ellos plantea “lograr la educación primaria universal”, y como meta concreta se asumió el compromiso de “velar porque para el ano 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”.
En el plano local, el Consejo Nacional para la Competitividad, adoptó una Visión Estratégica que expresa: “…lograr para el 2008 el establecimiento de una plataforma productiva nacional diversificada, plenamente integrada a la economía mundial y basada en el desarrollo de conjuntos productivos o clusters altamente competitivos y flexibles, que le permita al país generar más divisas; más y mejores empleos; y por ende, mayor riqueza y bienestar nacional”, para cuyo logro fijó varios objetivos entre los que se encuentra el aumento de la productividad mediante el establecimiento de un “triangulo compuesto por los Sistemas Nacionales de Capacitación, Tecnología y Calidad”.
Sin embargo, es necesario que asumamos como premisa, que el solo hecho de invertir en educación no garantiza necesariamente la superación de las debilidades que acusa el sistema educativo nacional.
Dicho sistema ha sido desagregado en varios subsistemas que operan en forma paralela, sin mecanismos de coordinación, con duplicación de esfuerzos, con planes de corto plazo desvinculados del sector productivo, sin la responsabilidad de responder a un plan nacional de desarrollo discutido, aprobado y respaldado por los distintos sectores de la sociedad; en suma, bajos niveles de sinergia. Me refiero a educación básica y media, educación técnico-profesional, educación especializada y educación superior.
En el nuevo paradigma de desarrollo humano del PNUD se conjugan tres dimensiones: una vida larga y saludable, medido por el índice de esperanza de vida; un nivel de vida digno, determinado por el índice de ingreso; y disponer de educación, medida esta última dimensión por el índice de educación.
En este nuevo enfoque, las personas son “la verdadera riqueza de las naciones” cuyo empoderamiento “es una forma segura de vincular el crecimiento, con el desarrollo”, la pobreza adquiere una nueva dimensión, al definirla como “la ausencia de capacidades para ser libre”, no simplemente la ausencia de bienes materiales; y la educación se concibe como “el principal instrumento de modernización y movilidad social” de las personas.
En base a esa nueva concepción, y conscientes de los desafíos que enfrentamos ante la necesidad proveer a la fuerza laboral de conocimientos que se correspondan con los avances tecnológicos, de formar integralmente profesionales a nivel superior, desarrollar el potencial creativo y emprendedor de los estudiantes en todos los niveles y destinar mayores recursos a investigación y desarrollo, es impostergable una decisión colectiva de la sociedad dominicana que conduzca la educación desde una perspectiva de desarrollo integral, que haga abstracción de las diferencias político-partidarias de modo que en el largo plaza, todos los sub-sistemas empujen hacia metas comunes, articuladas con la necesidad que tiene la nación de elevar su índice de desarrollo humano y su nivel de productividad y competitividad.
La decisión que planteamos se facilita por medio del PACTO SOCIAL que ha sido formulado y el cual respaldamos.
