Santo Domingo.-Dos importantes proyectos perdieron vigencia en la Cámara de Diputados al terminar este jueves la legislatura ordinaria y transcurrir dos legislaturas consecutivas sin aprobarse, porque al parecer estaban guardados en los archivos del Senado de la República a pesar de la importancia que revisten.
Los proyectos de ley contra la Corrupción en la Administración Pública y de Regulación del Sistema de Tarjetas de Crédito, fueron enviadas a las comisiones de Justicia y Especial de la cámara baja en la última sesión.
Una investigación realizada para Diario Digital demuestra que ambos proyectos, aprobados desde el mes de noviembre del pasado año en el Senado de la República, pero fueron enviados a la Cámara de Diputados a principios del mes de enero.
De acuerdo a la ficha legislativa numerada 04150 del proyecto de Ley Contra la Corrupción Administrativa, de la autoría del senador del Partido de la Liberación Dominicana, José Tomás Pérez, se aprobó el 15 de noviembre del 2005 y remitido a la cámara baja el 5 de enero del presente año.
El proyecto, colocado en la agenda los días 11 y 12 de enero y enviado a la Comisión de Justicia, busca castigar a quienes cometan actos de corrupción, soborno transnacional, medidas cautelares y sanciones penales a los autores y partícipes de esas conductas, así como establecer mecanismos para prevenir, detectar, investigar, sancionar y erradicar a los corruptos en el ejercicio de las funciones públicas.
La misma suerte corrió el proyecto de Ley de Regulación de las Tarjetas de Crédito, presentada por el senador del Partido Revolucionario Social Demócrata, Ramiro Espino, que fue aprobada en la cámara alta el día 16 de noviembre del pasado año y remitida a la Cámara de Diputados el 5 de enero del 2006, de acuerdo a la ficha número 04151 que se le asignó al proyecto.
Con el proyecto de Espino se persigue regular los intereses que ganan las instituciones emisoras de “dinero plástico” de los altos intereses que cobran a los usuarios.
Ambos proyectos, muy ponderados al momento de ser sometidos por su implicación política y económica serán estudiados de nuevo, pero no se asegura su aprobación o rechazo.
