WASHINGTON (AFP).- La iglesia católica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sindicatos y diferentes grupos civiles arremetieron ayer contra la reforma migratoria represiva aprobada hace un mes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y exigieron al Senado que la rectifique.
“La guerra contra el terrorismo no tiene que convertirse en una lucha contra los emigrantes”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión de las Libertades Civiles Estadounidenses, en un debate en el Club de la Prensa Nacional de Washington sobre la polémica reforma migratoria que debe debatir pronto el Senado.
El texto, que prevé la construcción de un muro en una tercera parte de la frontera con México y la criminalización de los ilegales en Estados Unidos, “es una medida equivocada”, lamentó a su turno Kevin Appleby, director del servicio de política migratoria de la Conferencia de los obispos católicos de Estados Unidos.
“Estamos preocupados por varias de las enmiendas añadidas a la ley” y que han sido aprobadas por la Cámara de Representantes, explicó Appleby, como la que permite castigar con hasta cinco años de cárcel a la persona que ayude a un ilegal, dándole por ejemplo agua en medio del desierto.
“Necesitamos una reforma completa”, afirmó en el debate Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor organización hispana del país, que destacó el “fuerte enojo” producido entre los latinos, la mayor minoría de Estados Unidos con más de 40 millones de personas y un creciente peso político.
“Los representantes no leyeron lo que votaban”, criticó el conservador Grover Norquist, presidente de la asociación Estadounidenses por una Reforma Fiscal. “Se trató de la aprobación de un gesto y no de una ley”, agregó.
Aunque no todos compartieron la idea de crear un sistema temporario para los inmigrantes, todos los participantes en el debate coincidieron
en exigir a la Cámara Alta que corrija la ley cuando la debata a fines de este mes o a principios de febrero.
“Sabemos que el Senado ha sido más racional en este debate de emigración. Esperamos que ahí pase algo bueno”, declaró Angelo Amador, director para la política migratoria de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que se opone a la reforma actual por “penalizar a los trabajadores que están acá y crear un sistema que no podría ser utilizado por nadie”.
“Estamos luchando para que el Senado adopte una reforma que ayude a los indocumentados que viven en el país y cree un camino para los trabajadores que vengan en el futuro con derecho y protecciones”, explicó Muñoz.
El sindicalista Eliseo Medina, vicepresidente de la Unión Internacional de Funcionarios, no sólo deseó cambios, sino que el Senado permita “resolver el problema de legalizar los 11 millones de personas que están en este país sin documentos”.
Según él, la Cámara Alta debería “garantizar que tengamos un sistema que sustituya a éste que no funciona para que la gente ya no tenga que venir a este país a través del desierto arriesgando sus vidas”.
