Somenten a la Justicia al Cardenal y obispo por "proteger" a los haitianos

Santo Domingo.- Al problema de la migración haitiana se sumó otro elemento de conflicto. Un grupo de ciudadanos de San Pedro de Macorís, provincia dominicana de la costa Este, sometió a la Justicia al arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, al obispo provincial Francisco Osoria, y al sacerdote Christopher Hartley, párroco de San José de los Llanos.
A los tres se les acusa de atentar contra la integridad de la República Dominicana al proteger supuestamente a los haitianos en detrimento de los dominicanos. Además de cardenal, López Rodríguez es el arzobispo de Santo Domingo, ciudad primada de América.

De acuerdo a la demanda, el cardenal López Rodríguez, el obispo Ozoria y el sacerdote Hartley han violado la ley al disponer la colocación de letreros en español y el cróele en el Hospital Regional Doctor Karl Theodoro George, con la finalidad de facilitar los servicios a los haitianos, además de haber cambiado el nombre al centro de salud.

Se les acusa, además, de haber sometido a la justicia a ciudadanos dominicanos por, supuestamente, defender "la integridad territorial y la autodeterminación del pueblo dominicano, oponiéndose a que se le entregue una parte del territorio nacional a extranjeros, con el objetivo de crear un enclave anti-nacional dentro del territorio dominicano que sería un caballo de Troya para su destrucción como lo fue Kosovo en el plano internacional".

Entre el grupo de demandantes figuran Juan Vicente Vásquez de León, Juana Margarita González Guerrero, Daysi González, Yolanny González y Julián Antonio Decena García, quienes tienen como abogados demandantes a los doctores Jorge Tomás Mora Cepeda, Dr. Daniel Moquete Ramírez.

El grupo sostiene que los Tribunales de la República deben ser garantes de la defensa del territorio y la soberanía nacionales, de lo que resulta que el Tribunal Penal de San Pedro de Macorís por ningún motivo puede conocer ni decidir que se le entregue una parte del territorio nacional a extranjeros "por la simple voluntad del Obispo Francisco Ozoria Acosta ni del nacional británico Christopher Hartley".

Reclaman que se condene a los demandados al pago de una indemnización de RD$3 millones para cada uno de los demandantes.

SORPRESA

Al involucrar el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, la demanda no dejó de causar sorpresa entre ciudadanos dominicanos, toda vez de que al también arzobispo de Santo Domingo, se le ubica entre los sectores nacionalistas y conservadores que se oponen a la migración masiva de haitianos al territorio dominicano.

En cuando a Ozoria, éste se ha visto involucrado en varios conflictos, entre ellos otro de carácter judicial en el cual se acusa a un grupo de personas de San Pedro de Macorís de violar la Ley 5869 sobre derecho de propiedad, lo cual tiene que ver con un proyecto de apartamentos construido por el Estado en San José de Los Llanos, algunos de los cuales han sido ocupados ilegalmente, incluso por nacionales haitianos.

En el caso se cita también al padre Christopher Hartley, cura párroco de San José de Los Llanos, zona de conflictos permanentes entre dominicanos y haitianos que se han agravado con la presencia del sacerdote español cuya expulsión del país ha estado sendo reclamada por gente de la comunidad.

Incluso, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de San José de Los Llanos integraron una entidad llamada "Movimiento Reindependentista", cuyos afanes patrioteristas coinciden con los intereses de los productores azucareros de la región este del país.

Su principal objetivo, la expulsión del país del sacerdote español, los llevó a llenar a todo el pueblo de grafittis y a distribuir pasquines donde cuestionan la reputación del cura.

Entre los miembros del grupo que rechaza al sacerdote figura Eurípides Eusebio, ex esposo de la diputada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafaela "Lila" Alburquerque, con quien procreó tres hijos.

Alburquerque, oriunda de San José de Los Llanos, también se sumó a las voces que repudian al sacerdote español. En unas declaraciones públicas recientes ofrecidas desde la Cámara de Diputados, la legisladora demandó a las autoridades la expulsión del religioso.

FIRME CON LA AYUDA DEL ABISPADO
El padre Hartley, mientras tanto, se mantiene firme denunciando supuestos atropellos en su contra y debatiéndose en los medios de comunicación con cuántos "nacionalistas" y funcionarios dominicanos osen cuestionar su obra a favor de los haitianos cañeros donde opera su ministerio.

Para ello, el sacerdote ha contado siempre con el apoyo del obispado y la comunidad religiosa de la llamada sultana del Este, encabezada por Francisco Ozoria, a quien ahora se le acusa judiciamente de prohaitiano, junto a su defendido.

Hasta una carta pastoral, leídas en parroquias y capillas, fue emitida por el obispado en días redientes a favor de Hartley, en la cual se afirmaba que las acusaciones contra el sacerdote provienen de grupos con "falsas pretensiones nacionalistas de dominicanidad" que pretenden movilizar a la opinión pública para expulsar de la República Dominicana al sacerdote y a los haitianos que viven en el territorio nacional.

La carta pastoral sostenía que la labor de formación de la Iglesia Católica, representada por el padre Hartley, consiste en hacer que los moradores de los bateyes, tanto dominicanos como haitianos, tomen conciencia y se organicen, lo que está dificulta mantener el régimen laboral abusivo al que tradicionalmente han estado sometido.

Denunciaba que la historia de los trabajadores haitianos y dominicanos en los bateyes ha sido de maltrato físico de los trabajadores; retención contra su voluntad en los campos de trabajo; salarios inicuos; engaños; despidos improcedentes, caprichosos y sin indemnización; condiciones habitacionales inhumanas; trabajo infantil; falta de acceso a la educación en igualdad de oportunidades; falta de acceso a la salud, por incumplimiento del pago al Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS) de la cuota retenida por las empresas a los trabajadores, y el ineficaz servicio de las actuales Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Asimismo, aseguraba que los haitianos han sufrido un régimen de opresión y terror sostenido por las armas de los guarda campestres y las amenazas de la administración; falta de acceso a los recursos de la justicia; deportaciones ilegales, usurpando atribuciones propias de la Dirección General de Migración; formas de pago a través de "vales" que les someten a la usura; inexistencia de contratos de trabajo avalados por la Secretaría de Estado de Trabajo; tráfico ilegal de personas y no regulación legal del estatus migratorio de los trabajadores; exclusión del régimen municipal, entre otros males. Asegura que la labor del padre Hartley ha afectado las ganancias económicas de unas empresas situadas.