Días pasados una joven señora fue asaltada y despojada de su vehículo, en la avenida Winston Churchill, esquina Gustavo Mejía Ricart, en pleno Piantini, alrededor de las 8:00 de la noche, cuando se dirigía de su trabajo hacia su residencia. Este hecho puntual que fue denunciado a la Policía Nacional, no es aislado porque es uno más de la larga cadena de atracos que ocurren en esa vía y se han convertido en una constante en el paisaje de ese elegante sector de clase alta.
Diversos sucesos violentos han alarmado a la opinión pública ante lo que pudiera interpretarse como una eclosión cualitativa de la delincuencia más brutal contra las personas y su patrimonio.
Los innumerables asaltos que vienen ocurriendo; la muerte a tiros militares y policías, incluyendo de alta graduación; los asesinatos de dos hermanos en Gazcue y otros hechos horripilantes, son la cara más visible de una violencia desmedida frente a la que la sociedad reacciona con perplejidad y ante la que el jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez, en su comprensible respuesta tranquilizadora, ha hecho consideraciones que se prestan a cierta confusión.
Es posible que, como dice el máximo responsable del mantenimiento del orden público, la República Dominicana ofrezca una tasa de criminalidad baja, pero a la vista está que esa información no es el reflejo más cierto o completo de la realidad, sobre todo en un país donde las cifras de delitos, faltas, infracciones, detenciones o procedimientos judiciales se miden desde diferentes instancias –Policía y Procuraduría General de la Republica- sin criterios comunes ni coherencia metodológica.
El seguimiento cotidiano de actos delictivos en el país no se corresponde, al menos en lo relativo a la percepción de inseguridad que se está produciendo en los ciudadanos.
La población es muy sensible a la acumulación de atentados contra la seguridad ciudadana, al margen de su tipificación penal, y si bien las políticas en esta materia no deben guiarse por el impulso o las emociones, las autoridades deben decidir su implementación teniendo también en cuenta la alarma social que estos delitos causan y no solamente los fríos cuadros estadísticos.
Los vertiginosos cambios que está experimentando el perfil demográfico dominicano están teniendo igualmente su reflejo en el tipo de delincuencia que ahora debemos soportar y nuestros responsables políticos no deberían aferrarse a unos porcentajes erróneamente tranquilizadores.
Tampoco la represión a estos hechos se puede concentrar únicamente en los barrios marginados de la capital y del interior del país. Las acciones de prevención deben ser extendidas a toda la Nación –en los sectores de clases media, alta y pobres-, con un patrullaje efectivo, de 24 horas.
