Santo Domingo.-Los niños desamparados de las calles, palomos ambulantes, pordioseros, buzos, hueles cemento y pedigüeños de las esquinas calientes de la capital y otras ciudades, comenzarán a ser recogidos por la Procuraduría General de la República, entregados a sus padres y/o llevados a diferentes albergues debidamente habilitados, para su protecciòn.
El anuncio lo hizo el jefe del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito, quien dijo que en el caso de los menores que cuenten con padres o tutores con domicilios conocidos, serán llevados a sus hogares, mientras los demás recibirán la protección del Estado.
El funcionario habló en compañía de la procuradora general adjunto, Marisol Tobal, quien es, además, encargada del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría.
Domínguez Brito definió como una actitud criminal la de muchos padres que envían a sus hijos a pedir a las calles, mientras ellos, los progenitores, reciben los beneficios sin dar un golpe.
Dijo que en los casos de los niños que se compruebe están siendo usados por sus padres y tutores para mendigar, se actuará judicialmente conforme lo dispone la ley 136-03, de protección al menor.
El Procurador General de la República explicó que los operativos, que comenzarán desde este martes, se llevarán a cabo conjuntamente con la Policía Judicial Especializada de Niños Niñas y Adolescentes, comandada por el General de Brigada, P.N., Crecencio Jáquez Hernández.
ENTREGA DE VEHÌCULOS
Vehículos que serán utilizados para los operativos de rescate fueron entregados a funcionarios del departamento que dirige la magistrada Tobal, durante un acto realizado en la explanada frontal del nuevo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde tiene su sede la Procuraduría General de la República.
Allí y ante la presencia Domínguez Brito, la Magistrada Tobal reiteró que el Ministerio Público no tolerará que los menores dominicanos sean objeto de una de las manifestaciones de violencia más humillante: El abandono.
Explicó, que en el caso de los menores que sean enviados a sus hogares, se les advertirá a los padres que deben de evitar que los mismos vuelvan a las calles.
“Si las autoridades advierten que los menores han vuelto a las calles, los padres serán objeto de sanciones.” dijo la Magistrada Tobal.
Señaló que los principios Séptimo y octavo, de la Ley 136-03 que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establecen que el Estado, como representante de la sociedad, tiene la obligación ineludible de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos.
Sostuvo que el mismo Código establece en el principio octavo que la familia es responsable, en primer termino, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales, por lo que el abandono "a su suerte", es una de las violaciones mas crueles que puede sufrir un menor.
Recordó que el artículo 68 advierte que tanto el padre como la madre, deben prestar sustento, protección, educación y supervisión a los menores.
Y precisó que en caso de abandono, el Estado tiene el deber de prestar la debida atención a esos menores, en una institución pública, de carácter provisional, por lo que los padres deben de asumir sus responsabilidades.
Se supo que la Procuraduría se auxiliara del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) en el caso de los niños desamparados de menor edad, y a los mayores los llevará a centros similares a la Casa Albergue y al que funciona en el sector de Villa Juana.
