Santo Domingo.-Con la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de enviar por ante un tribunal criminal a Jesús María Troncoso Ferrúa, se despeja el camino para el pronto conocimiento del juicio contra los acusados del fraude multimillonario cometido a través del quebrado y desaparecido Banco Intercontinental (Baninter).
Como se sabe dicho fraude resquebrajò fuertemente la finanza del Estado y empobreciò màs a las familias dominicanas que viven de su trabajo.
El principal acusado del mayor escàdalo financiero ocurrido en el país, lo es el ex-presidente del clausurado banco, Ramón Báez Figueroa, y además de Troncoso Ferrùa, integran el expediente, Marcos Báez Cocco, Luis Álvarez Renta y Vivian Lubrano de Castillo.
Troncoso Ferrùa había sido favorecido con un auto de NO Ha Lugar de la Cámara de Calificación, pero el Ministerio Público a través de un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, logró casar la sentencia y el acusado fue regresado al expediente original, donde junto a sus pares, deberá responder por cargos criminales.
La Corte Penal de la SCJ que revocó la decisión que favorecía a Troncoso Ferrùa la encabezó el magistrado Hugo Alvarez Valencia y la integraron también, Edgar Hernández, Dulce María Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos.
En su fallo, dictado el 11 de enero, la Cámara Penal de la SCJ declaró como bueno, válido y “con lugar el recurso de casación interpuesto por el magistrado procurador general de la República y el magistrado procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la decisión dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional el 10 de octubre del 2005”.
Además, la Cámara “casa el ordinal segundo de la decisión objeto del presiente recurso de casación” y “envía por ante el tribunal penal al imputado Jesús María Troncoso Ferrúa por existir indicios graves, serios, precisos y concordantes que pudieran comprometer su responsabilidad penal”. También lo condenó al pago de las costas procesales.
Se espera que el juicio, que será conocido por un tribunal penal colegiado de primera instancia del Distrito Nacional, se inicie en abril próximo y concluya con relativa rapidez ya que se desarrollará con el nuevo Código Procesal Penal que establece plazos y cuenta con mecanismos para impedir las dilaciones y los incidentes.
El artículo 305 del Código establece que una vez que la SCJ remita el expediente ante el tribunal colegiado de primera instancia, quien lo presida tiene que fijar, en 48 horas, el conocimiento de la audiencia al fondo del caso en un plazo no mayor de 48 horas.
En tanto, que la audiencia al fondo deberá ser fijada en un plazo de entre 15 y 45 días, por lo que “si la Suprema mandara ese expedientes mañana o pasado mañana, estaríamos hablando de que la semana próxima ya estaría fijada la fecha para el conocimiento del juicio y esa audiencia deber ser producida a finales de marzo o comienzos de abril”, según lo explicó el abogado José Lorenzo Fermín, de la Comisión Liquidadora del Baninter.
ENTRAMPADOS Y CON POCAS SALIDAS
Judicialmente los escombros han ido desapareciendo del camino cuando la Suprema Corte de Justicia declaró como inadmisible, en noviembre pasado, un recurso de apelación mediante el cual los acusados buscaban librarse de los cargos criminales que les formulò inicialmente la Cámara de Calificación integrada por las juezas Katia Miguelina Jiménez, Esther Agelán Casasnovas y Sergio Antonio Ortega.
El recurso “salvador” y que al parecer resultò una trampa, había sido interpuesto por los abogados de los implicados, encabezado por el doctor Marino Vinicio Castillo y a quienes se les endosan intenciones de querer ensombrecer el proceso con acciones que como el recurso de apelaciòn ha perjudicado a los implicados, de acuerdo a algunos entendidos.
El fraude cometido en Baninter es superior a los 55 mil millones de pesos y se recuerda que el pasado gobierno, tras intervenir el banco, asumió el compromiso de resarcir en nombre del Estado, a los ahorrantes defraudados, en una medida que según los entendidos agravó la crisis económica del país, disparando la tasa de cambio del dólar y la inflación a niveles nunca vistos.
Los asuntos judiciales del país se están manejando en base a dos códigos procesales. El antiguo, de instrucción criminal (código napoleónico) mediante el cual se conocen y se liquidan los casos viejos Y el Procesal Penal (un híbrido de las diferentes ascuuelas de derecho) que desde su entrada en vigor, rige y acelera los nuevos casos.
El doctor Francisco Alvarez Valdez, al referirse a ambos procedimientos procesales, explica que si los implicados no hubieran recurrido la sentencia de la Cámara de Calificación, el caso hubiese ido a parar a un tribunal liquidador.
Explicó que de acuerdo con la Ley de Implementación del Código Procesal Penal, “el recurso es lo que permite cambiar el procedimiento del viejo por el del nuevo código y eso está muy claro”.
Para Álvarez Valdez, “las ventajas que tiene el nuevo Código Procesal es que dificulta enormemente la posibilidad de incidentar los casos”, de tal forma que “un proceso no puede dilatar más de tres años; Es una gran ventaja que tiene el país”.
Ante las versiones de que la decisión de la Cámara Penal de la SCJ provoca una división en el proceso judicial, Francisco Álvarez y José Lorenzo Fermín coincidieron en que hay sectores de la defensa de los acusados que tratan de confundir a la opinión pública para tratar de incidentar el proceso.
Se ha dicho y publicado que Troncoso Ferrùa podría ser juzgado por un tribunal y procedimiento separados del de los demás acusados, esto es, que sería enviado a un tribunal colegiado con base al nuevo código, mientras Baéz Figueroa, Báez Cocco, Álvarez Renta y Lubrano de Castillo serían juzgados en un tribunal criminal, que se apoyaría en el antiguo Código de Procedimiento Criminal.
“Entendemos que esa confusión de algún modo ha sido propiciada por uno de los implicados en el caso Baninter, de manera específica por la defensa del señor Ramón Báez Figueroa, en el interés de incidentar o crear confusión en la opinión pública ante la inminencia de lo que va a ser el juicio al fondo”, consideró Francisco Álvarez.
José Lorenzo Fermín también insistió en que “no hay ningún tipo de duda” sobre la decisión de la Cámara Penal de la SCJ de enviar a todos los implicados en el caso Baninter a un tribunal colegiado.
De lo que la gente puede estar segura es que el juicio de fondo del multimillonario fraude del Baninter que ha sido pagado con los bolsillos de los dominicanos, está al doblar de la esquina luego de las responsables iniciativas de la Procuraduría General de la República, seguidas de las acertadas decisiones del máximo tribunal de justicia.
Además de que se trata del mayor escándalo financiero del país, este deberá ser uno de los casos procesales más sonados, que seguirá poniendo a prueba al sistema de administración de justicia dominicano, afectado todavía, por el principio no escrito de que los legalismos estrictos son una ficción y retrancado por el viejo lastre de que en el país de uno de los hombres más justos como lo fue su fundador Juan Pablo Duarte, sólo pagan los platos rotos y siguen cayendo presos, los pobres y los que se roban una gallina.
