SANTO DOMINGO.- A pesar de la inhibiciòn de las magistradas llamadas a presidir el tribunal, fue fijado para el 23 de marzo próximo, el juicio de fondo sobre el multimillonario fraude del Banco Intercontinental (Baninter).
El caso será conocido por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que a última hora confronta problemas con la inhibición de su presidenta, la magistrada Esther Angelàn Casasnovas y la renuncia de su potencial sustituta, la jueza Pilar Rufino.
La magistrada Rufino no ha renunciado como jueza sino de la posibilidad de presidir el tribunal durante el juicio de fondo contra los acusados del fraude.
Las razones de su abstención no se conocen aunque en círculos judiciales se comenta que la jueza se adelantó a una casi segura solicitud de la barra de la defensa de los acusados para que se inhibiera por sospecha legítima.
A los abogados de Ramón Báez Figueroa y comparte se les acusa de querer incidentar el proceso pese a que el nuevo Código Procesal Penal castiga como “delito de audiencia” esa vieja práctica que tanto daño ha hecho al sistema de administración de justicia dominicano.
Fue el presidente en funciones del tribunal colegiado, el magistrado Antonio Sánchez, quien fijó el inicio del proceso atendiendo a las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal.Amplios detalles de dicho proceso ofrece el diario electrónico Clave Digital (www.clavedigital.com)
Agelán Casasnovas, que presidía el tribunal colegiado no podrá estar al frente del mismo debido que integró la Cámara de Calificación que caracterizó como criminal el expediente sobre la quiebra bancaria más escandalosa que ha conocido la República Dominicana.
Ahora le toca a la Cámara Penal de la Corte de Apelación deberá decidir si la solicitud de inhibición de la jueza Rufino tiene méritos suficientes para ser aceptada. En caso de que así sea, será necesario reintegrar el tribunal colegiado. Esto debe ser un proceso rápido, según estiman expertos en materia jurídica apoyándose en el nuevo código que establece plazos, fechas de audiencias consecutivas y se opone a las dilaciones.
Aunque Sánchez quedó automáticamente como presidente del tribunal, dada la abstención de Agelán y Rufino, se recuerda que este magistrado formó parte de la Corte de Apelación que benefició al principal imputado del caso, Ramón Báez Figueroa, con una orden de libertad provisional bajo fianza.
Desde el miércoles el expediente completo del caso Baninter, que implica además de Báez Figueroa, a Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Álvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa- se halla resguardado en el citado tribunal.
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezada por el magistrado Hugo Álvarez Valencia, ordenó el envío del proceso ante un tribunal colegiado al fallar, el 11 de enero pasado, el recurso de casación interpuesto por el procurador general adjunto, Octavio Líster, contra la decisión de la Cámara de Calificación que dictó con un auto de no ha lugar a favor de Troncoso Ferrúa.
En su fallo, la Cámara Penal de la SCJ "casa el ordinal segundo de la decisión objeto del presente recurso de casación” y “envía por ante el tribunal penal al imputado Jesús María Troncoso Ferrúa por existir indicios graves, serios, precisos y concordantes que pudieran comprometer su responsabilidad penal”.
La Cámara también ordenó que “se apodere del presente proceso al tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional” y “se condena a Jesús María Troncoso Ferrúa al pago de las costas”.
