Los aspirantes políticos en campaña—y los funcionarios que tienen que ver con la asistencia social—deberían darse una vuelta por los bateyes azucareros que una vez pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde contrario a lo que muchos piensan no solamente viven haitianos, sino también dominicanos que necesitan ayuda. TRASUNTO
Si así lo hicieran, esos políticos podrían apreciar la pavorosa miseria que arropa a los habitantes de los bateyes, donde miles de ciudadanos pasan hambre y carecen de la más elemental asistencia pública.
Los que malviven en los casi 200 bateyes del CEA, sin más habilidades que las de trabajar en las actividades de la zafra, se encuentran prácticamente en la indigencia, sin esperanzas de conseguir un trabajo apropiado para subsistir. La delincuencia y la prostitución de hombres y mujeres se han incrementado. Proliferan las “barras”, las “discotecas” y las bancas de apuestas, donde va a parar el escaso salario de los chiriperos.
En algunos lugares de esos asentamientos marginados existen los estratégicos puntos de venta de drogas, visibles para todos, pero nadie se atreve a denunciarlos para no verse en problemas.
Sentados al sol en destartaladas sillas o mecedoras, como quien mira el porvenir incierto, los más viejos recuerdan con nostalgia los buenos tiempos, cuando los bateyes se animaban durante los pagos de cada zafra.
El dinero corría y se armaban fiestas fenomenales, hasta que se volvía a la faena agotadora, solo sosegada durante el llamado “tiempo muerto”, es decir después que terminaba la zafra.
Cuando cayó la dictadura en 1961, el CEA tenía poco más de cuatro millones de tareas de tierras en todas las zonas correspondientes a sus ingenios. Pero luego comenzó una etapa de invasiones y verdadero pillaje que arrasó con tierras, equipos y ganado.
En el período transcurrido entre 1961 y 2003, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) recibió más de un millón de tareas de tierras para una Reforma Agraria permanentemente cuestionada.
Hoy día, el 80 o el 90 por ciento de esas tierras se encuentran en otras manos, no precisamente en las de los campesinos que originalmente las recibieron, quienes las vendieron a precio de vaca muerta porque pocas veces fueron apoyados con asistencia técnica o créditos oportunos.
Invasores con influencias políticas y militares en diferentes gobiernos se las agenciaron para conseguir títulos como si fuesen dueños legítimos de las tierras no repartidas, cuando en realidad fueron concesiones graciosas, afincadas en favores políticos y dinero. Una verdadera zafra, pero no de caña sino de apropiaciones ilegales.
Hoy día la cantidad de tierras del CEA apenas es calculada en 900 mil tareas (3.000 de ellas de potreros improductivos) pues las restantes fueron paulatinamente ocupadas por generales activos y retirados, políticos vinculados a los gobiernos, y gentes pobres que levantaron sus ranchos en los alrededores de los ingenios, fomentando comunidades carentes de servicios esenciales.
En cada campaña electoral hay nuevas invasiones, apoyadas por políticos de todas las tendencias, ante la mirada complaciente de quienes deberían proteger el patrimonio estatal.
En la pasada administración del presidente Hipólito Mejía, las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas recibieron en donación más de 3.5 millones de metros cuadrados en la zona de Palmarejo, con el anuncio de que allí construirán viviendas para militares.
Los ayuntamientos de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste también recibieron su “ración de arepa”, al serles donadas 87.000 y 84.000 metros cuadrados para sendos nuevos recintos carcelarios, uno en San Luís y otro en Palavé, que según un anuncio oficial serán construidos por la procuraduría general de la República.
En otra transferencia, el CEA entregó 188 mil 520 metros cuadrados de terrenos valorados en 23 millones 690 mil pesos a los síndicos de los cuatro municipios de la provincia Santo Domingo para que ejecuten obras de interés comunitario. Si han hecho algo, ha sido muy poco publicitado.
Hoy día, existe un CEA quebrado, igual que las empresas de CORDE, de las cuales muchos administradores salieron millonarios. Pero, como este es el país de las maravillas, eso a nadie parece importarle. Ni siquiera a los políticos en campaña.
