En unas declaraciones ofrecidas en un hotel de esta capital, el mandatario también sostuvo que la economía del país funciona bien en términos gerenciales y administrativos con el presupuesto del 2005. El presidente Leonel Fernández negó que peligre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la no aprobación del presupuesto nacional 2006 en el Congreso, con lo que contradice a sus funcionarios del área económica que habían dicho lo contrario.
El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, había declarado que el acuerdo con el FMI peligraba sin los legisladores no aprobaban el presupuesto 2006. En la misma dirección declararon el director de Aduanas, Miguel Cocco, y el director de Impuestos Internos, Juan Hernández, ofrecieron su parecer.
El doctor Fernández sostuvo que la ley prevé el funcionamiento con el presupuesto nacional del año anterior.
En ese sentido, garantizó que la economía del país funciona hasta el momento con el presupuesto del año pasado.
El mandatario recordó que Ley prevé que si no se aprueba el Presupuesto del año entrante, se aplica el correspondiente al año anterior.
“No puede peligrar, toda vez que una ley dominicana prevé una situación de esa naturaleza, lo que pondría en peligro es que sin la aprobación del Presupuesto del 2006 tampoco se pueda aplicar el del 2005, porque entonces el país quedaría paralizado”, explicó.
Manifestó que confía en los próximos días habrá consenso para la aprobación del nuevo Presupuesto Nacional.
También pidió a los congresistas reestablezcan los 7 mil millones de pesos eliminados del proyecto original para que las autoridades puedan cumplir con el programa de obras y de asistencia social a la población.
Actualmente, la economía dominicana es vigilada celosamente por el FMI, debido a que la crisis económica heredada por la presente administración, producto, entre otros factores, de la crisis bancarias del año 2003, provocó desajustes que a su vez motivaron un acuerdo con ese organismo internacional.
Ese organismo exige mayor control del gasto público, reducción de la nómina estatal y un programa riguroso de recaudación de impuestos que no afecte los acuerdos bilaterales firmados por el país.
