Y un extraño debate sobre la corrupción donde no participa el MP

Santo Domingo.-El manoseado tema de la corrupción, llevado y traído como se carga un pavo amarrado por sus patas, ha sido en estos días marco de un extraño debate entre la Sociedad Civil, el Gobierno y el Poder Judicial.
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Lo interesante del caso, es que el Ministerio Público, responsable, en nombre de la Sociedad y el Estado, de encaminar la acción pública contra la corrupción y toda clase de delito, se ha visto libre de este aparentemente disparatado enfrentamiento, que se inició cuando el vocero del gobierno Roberto Rodríguez Marchena, acusó a la Justicia de haber defraudado al pueblo dominicano, con los auto de No Ha Lugar, emitidos a favor de ex funcionarios de cometer actos de corrupción en la pasada administración del ex Presidente Hipólito Mejía.

Esto ocurrió el jueves 12 de enero, y en lugar de que fuera la Justicia la que respondiera (la que por razones obvias hizo silencio), fue la Sociedad Civil a través de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, la que se tomó la demanda y una semana después, vale decir, el jueves 19, arremetió contra el gobierno responsabilizándolo de falta de voluntad para combatir la corrupciòn.

LO QUE DIJO EL VOCERO

El portavoz del Gobierno habló en el programa El Tribunal de la Tarde, que conducen los periodistas Julio Martínez Pozo, Dionisio Santana y Mildred Charlot, por la antigua Radio Televisión Dominicana, el canal estatal. Allí sostuvo que los jueces tienen que ponerse los pantalones para que valoren mejor los expedientes que les llegan de corrupción, y agregó que de parte del gobierno prevalece un desencanto a las iniciativas que ha venido vehículizando hacia la Justicia.

“Esa es la realidad de todos lo días. Nosotros esperamos que los jueces se pongan las pilas y que fallen de acuerdo a lo que la gente espera”, puntualizó Rodríguez Marchena, quien finalmente sostuvo que el gobierno que encabeza el presidente Leonel Fernández no se está propiciando la corrupción, como opinan algunos sectores, sino todo lo contrario, tomando los controles a través de las auditorías que se están llevando a cabo y los expedientes que se remiten a los tribunales.

LA RESPUESTA DE LA CUALICIÒN
Cuando se pensaba que alguien desde la Justicia respondería o que el Ministerio Público haría algunas precisiones, fueron las instituciones de la sociedad civil quienes tomaron la palabra para quejarse amargamente de lo que calificaron como falta de voluntad política del gobierno para enfrentar la corrupción estatal, debido, según señalaban “a que no se han ejecutado las medidas correctivas que ameritan algunos casos, y además, que no se han tomado en cuenta las sugerencias y observaciones hechas al Poder Ejecutivo por la sociedad civil para erradicar ese flagelo”.

La queja llegó a la Casa de Gobierno vía una carta al Presidente Leonel Fernández, con copia al presidente de la Comisión Nacional de Ética y Lucha contra la Corrupción (CNELC) el impoluto José Joaquín Bidó Medina. La firmaban el equipo coordinador de la Coalición, compuesto por: Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE); Acción Comunitaria para el Progreso (ACOPRO); Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Centro de Servicios Visión Mundial y Participación Ciudadana.

En los medios de comunicación, donde se cuenta, la queja llegó primero que al Palacio Nacional, sirvió de vocero el coordinador nacional de Partición Ciudadana, Luis Scheker Ortiz, que como base de sus señalamientos, citó el caso del director de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación del gobierno, Domingo Tavàrez, a quien, según el informe de la CNELC, se le atribuyen algunas violaciones de procedimiento administrativo.

También se refirió a la aceptación de la renuncia de Gustavo Montalvo de la coordinación de la Unidad Técnica de la CNELC, quien según Scheker Ortiz, “lo hizo por desacuerdos con decisiones presidenciales, que a su juicio, vulneran la institucionalidad y los principios”.

Los observadores ven en la posición de la Sociedad Civil la respuesta que debió darle el Poder Judicial al gobierno, pero consideran también que lo último no ocurrió porque quien hizo la aseveración fue el vocero gubernamental y no el Presidente de la República en persona. En este país se estila, que las obras grandes se den de grado a grado, las respuestas entre los líderes también. De todos modos, la postura de las autoridades de la Justicia, en la persona de su presidente, Jorge Subero Isa, es no polemizar con nadie y mucho menos con el Poder Ejecutivo., según dijo una fuente judicial, que recordó que el Presidente de la SCJ, ahora habla por escrito.

Una reacción todavía esperada, sea para enmendar o corroborar lo dicho por el portavoz autorizado del gobierno, es la del Ministerio Público, cuya voz cantante, activa y comprometida, en el caso de la lucha contra la corrupción, la lleva siempre afinada el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien tiene la calidad de hacerlo tanto a nombre del gobierno como de la sociedad civil.

De antemano se sabe, de las magníficas relaciones que tiene Domínguez Brito con la cúpula de la sociedad civil, una de cuyas entidades, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), coordinó en años recientes, y de donde con frecuencia recibe flores en lugar de pelotas calientes, como la que envió la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad al gobierno.

UNA POSICION EQUIDISTANTE

Una posición diferente sobre lo que viene ocurriendo en el país sobre la corrupción, la tiene la directora de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Elena Brinneman, quien recientemente elogió el comportamiento de la justicia dominicana en los casos de corrupción, tras la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal.

Dijo que es elogiable de que, por ejemplo, “con el nuevo código se haya logrado conseguir sentencia en uno de los casos de corrupción”.

"Yo creo que ha sido positivo ver que un caso de corrupción ha llegado a sentencia, que no es algo común en este país", observó la funcionaria norteamericana y precisó que para ella eso es una evidencia de que la justicia dominicana está funcionando rápido en el país y de que el nuevo Código Procesal Penal está dando sus frutos.

"Yo veo esto muy positivo desde el punto de vista de sentencias sobre la corrupción y desde el punto de vista de un ejemplo del mejoramiento que está pasando en el país sobre el sistema judicial", precisó.

Rechazó que en el país haya más corrupción que en el pasado, como indican las encuestas. Declaró que el hecho de que el tema de la corrupción se publique con frecuencia en los periódicos es evidencia de que los dominicanos están interesados en combatir ese mal.

"Yo no creo que haya más corrupción que antes.Yo creo que ustedes se están enfocando en la corrupción y por eso está apareciendo más en los periódicos, y yo creo que eso es muy saludable porque antes siempre existía pero el pueblo no la estaba enfocando y no la estaba exigiendo",

Sin embargo, Elena Brinneman criticaba que el Ministerio Público esté a merced de los cambios políticos que se producen cada cuatro años, e incluso, en periodos más cortos.

Se opuso a que fiscales sean removidos y sustituidos por asuntos meramente políticos porque ello contribuye con la inestabilidad institucional de todo el aparato jurídico y en especial con el de justicia.

Se recuerda que Brinneman hizo sus señalamientos sobre la justicia y el Ministerio Público, en el auditorio de la Procuraduría General de la República durante un discurso que pronunció en el acto de presentación de los 100 abogados seleccionados por la Escuela del Ministerio Público para ocupar posiciones de fiscalizadores de carrera.

ALHARACA, CAUSA Y UTOPIA

No se puede compartir del todo lo dicho por la señora Binneman sobre la justicia dominicana, aunque hay que reconocer que fue correcta su opinión sobre el Ministerio Público. Porque al margen de una que otra sentencia mediatizada y/o acomodada, lo cierto es que la lucha contra la corrupción (corrupción pública-administrativa y corrupción privada) se ha convertido en una de las grandes utopías de la sociedad dominicana. Ello debido a que quienes tienen el compromiso moral y la responsabilidad jurídica para sancionarla: los jueces, parecen ser los que mejor juegan al vaivén de la política.

Hablamos de la sociedad en sentido general y no de sus altas instancias que son las que a nivel público cuentan con medios para hacerse sentir y escuchar.

Dentro del universo, están la gente común y sus modestas instituciones que todavía sueñan y aguardan, con su voz clamando en el desierto, en procura de justicia y de sanción. La utopía le viene, porque la población ve en la lucha anticorrupción, una causa permanente que puede algún día librarla de la fuente de todos sus males, además de ver castigados a los culpables.

Y al hablar de política hay que decir que la lucha contra la corrupción ha sido uno de los principales temas de campaña de los partidos, usado primero como acertijo propagandístico y luego como “respuesta de forma” ante los constantes reclamos de esa misma población, que “fruto” del robo de la cosa pública sufre una enorme pobreza y los flagelos de una deuda social acumulada de siglos.

Si hay dos conceptos que nos permiten llegar a una opinión acabada y concluyente sobre el manejo del tema y la suerte que han corrido los casos sobre corrupción en la justicia dominicana, que los hay por decenas en los tribunales, esos son la impunidad y el limbo jurídico.

Mientras la población sufre y espera, los culpables ríen a carcajadas en sus casas, en incluso, sentados en el banquillo de los acusados, como queriendo enviar el mensaje, de que al final, en contra suyas, a pesar de los vehículos usufructuados por altos oficiales de la Policía y el Renove, no pasará nada.

UNA VISION GLOBALIZADA

Sin embargo, la República Dominicana no debe verse y analizarse como una ínsula a la hora de confrontarla con el tema de la corrupción, ya que este mal, al igual que otros, propios de la delincuencia internacional organizada, afecta actualmente a todas las naciones, incluyendo las desarrolladas y los llamados países comunistas.

En China, verbigracia, entre 1990 y 1998, a través de una campaña nacional de supervisión del cumplimiento de las leyes se investigaron más de 24 mil casos y los resultados proporcionaron pistas sobre unos 20 mil que implicaban un total de 7 mil 610 millones de yuanes de fondos ilícitos.

Pero el ejemplo de China, no es sólo por su tipo de régimen y los tantos casos registrados, sino, porque a diferencia de República Dominicana y otras naciones de la llamada democracia representativa, allí se sanciona la corrupción con pena de muerte y de largos años de cárceles. En ese perìodo fueron llevados a la pena capital, 42 personas al encontrárseles culpable de corrupción.

Los casos de corrupción pública y privada, entre ellos los de trascendencia internacional, abundan y repercuten desde todos los continentes, por lo que parecería un desatino ofrecer muestras de las otras naciones.

Sin embargo, previo a presentar la coordenada dominicana que si es de interés para este trabajo, justo es acopiar como ilustración, algunos datos de estudios recientes que se han realizado, así como los casos de la llamada “corrupción tumba gobiernos”.

Una investigación del Banco Mundial, realizada a manera de encuesta entre unos 150 funcionarios de 60 países en desarrollo calificaba la corrupción como el mayor obstáculo para el crecimiento económico y el bienestar común de sus naciones.

Señalaba que la práctica corrupta vacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio, espanta las inversiones y puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre un 0,5 y un 1 puntos porcentuales por año.

El Fondo Monetario Internacional, actualmente de moda después de sus difíciles años de las décadas de los 70 y 80, considera, por su lado, que la inversión en los países corruptos es casi un 5 por ciento menor que la de los países relativamente exentos de corrupción.

La agencia de calificación de valores Standard And Poor, con su sede en Londres, ha considerado que existe una probabilidad de entre un 50 y un 100 por ciento de que los inversionistas pierdan todo su capital en un plazo de cinco años en un país plagado de corrupción.

Y una reciente encuesta sobre víctimas del delito internacional debatido profundamente en los últimos años por las Naciones Unidas, concluyó en que el 18 por ciento de los entrevistados en los países en desarrollo, el 13 en países en transición y el 1 en el mundo industrializado, declararon que en el año anterior habían sobornado a funcionarios públicos.

Fue por ello, que al referirse a América Latina y obviando la situación que se da en su propia nación que regularmente es centro de escándalos, la
ex-canciller estadounidense, Madeleine Albright, expresaba, en un discurso ante el Consejo de las Américas en Washington que "la cultura de la corrupción" es uno de los principales obstáculos para la extensión de la democracia en ese hemisferio”.

CORRUPCION TUMBA GOBIERNOS

Fue la corrupción sintetizada en el caso Watergate, el fenómeno que obligó a Richard Nixon a renunciar como Presidente de los Estados Unidos en 1974, luego de haber sido reelecto por un segundo período y por poco se arma otra debacle cuando el actual Presidente George W Bush, fue acusado de robarse las elecciones que lo llevaron por primera vez al poder hace unos siete años, en perjuicio del demócrata Albert Gore.

Y por la misma causa Partidos que parecían imbatibles y arrogantes por décadas en el poder, como el Demócrata Liberal (PDL) en el Japón y el Demócrata Cristiano (DC) en Italia, vieron perder sus dinastías gobernantes, en 1993 y 1994, respectivamente.

Casi todos los primeros ministros japoneses pertenecientes al PDL, como Nacasone Yasuhiro (1982), Takeshita Naboru (1986), y Uno Sosuke (1989), sufrieron cargos judiciales por corrupción tras salir del poder y lo mismo le ocurrió a Bettino Craxis en Italia, que si bien pertenecía al Partido Socialista Italiano, fue elegido primer ministro en la década de los 80, con el padrinazgo de los demócrata-cristianos en el poder. Se sabe que el señor Craxis enfrenta todavía varios cargos por corrupción en Italia.

En América Latina la situación ha ido de mal en peor, Alan García en el Perú, tuvo que exiliarse en España tras salir del poder en 1990, y años después acosado por los escándalos de corrupción, Alberto Fujimori, el mismo que sustituyo a García, enfiló los cañones contra éste y clausuró el Congreso peruano acusándolo de corrupto, tuvo que salir despavorido hacia su nación de origen, Japón, donde encontró refugio y de donde esta siendo pedido en extradición por la actual justicia del citado país andino y del antiguo imperio incaico.

Después de casi tres cuartos de siglo en el Poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el antiguo Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y de la gran revolución institucionalista de 1940 con Lázaro Cárdenas a la cabeza, perdió por primera vez las elecciones del Partido de Acción Nacional (PAN) liderado por Vicente Fox hoy como Presidente de México.

En épocas sucesivas recientes, situaciones similares ocurrieron con Fernando Collor de Melo en el Brasil, con Carlos Meneen y Fernando de la Rúa en Argentina, con Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela, con Salvador Jorge Blanco en nuestro país, con Jaime Abdalá Bucarán en Ecuador, con Jaime Lusinchi, en Costa Rica, con Daniel Ortega y los sandinistas en Nicaragua, con Alfonso Portillo en Guatemala y con Arnoldo Alemán, hasta hace poco cumpliendo prisión domiciliaria en su país El Pulgarcito de América. Augusto Pinochet vive actualmente un infierno en Chile, y en Argentina, Ecuador y Bolivia, se ha vivido en los últimos años un estado de ingobernabilidad, con la renuncia obligada de varios presidentes, producto de crisis políticas afectadas por corrupción.

Se sabe que Collor de Melo, Bucarán, de La Rúa y Carlos Andrés Pérez, en los casos anteriores, se vieron forzados a renunciar y el resto terminó muy mal parado con escándalos de corrupción que hoy los persiguen por doquier como hordas fantasmagóricas.

Al igual que Alemán ayer, en su oportunidad Meneen sufrió arresto domiciliario y Lusinchi corrió la misma suerte que García y Fujimori en el Perú, cuando tuvieron que exiliarse. Fujimori aguarda su extradición al Perú desde Chile donde está prisionero y Lucio Gutiérrez, que lo tumbaron más por ineficiente que corrupto, fue apresado tan pronto regresó a Ecuador de donde había huido. No es uno y ni son dos los funcionarios altos y de baja categoría de los gobiernos actuales latinoamericanos, que se han vistos señalados por el dedo acusador y finalmente cancelados y traducidos a la justicia.

Pero lo mismo ocurre del otro lado del planeta, allá donde irrumpieron como fábulas de la mitología griega, los llamados tigres del Asia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Taiwán y la misma China continental, donde con frecuencia se le aplica pena capital a gente no sólo por traficar con droga y conspirar contra el sistema comunista, sino por alegada corrupción administrativa.

Transparencia Internacional que un organismo de las Naciones Unidas, estimó en 48 mil millones de dólares las pérdidas sufridas por el Asia en los últimos 20 años por causa de la corrupción, cifra que supera la totalidad de la deuda externa de ese continente que es de alrededor 40 mil millones.

Por igual ocurre en Rusia donde la corrupción rampante, tras la caída de la Unión de República Socialistas Soviéticas, ha sido vinculada a una oligarquía de grupos financieros e industriales con funciones gubernamentales.

En países del Africa se determinó que entre un 8 a un 9 por ciento del Producto Interno Bruto se perdía por derechos aduanales e impuestos a la renta no pagados ni percibidos, cifra igual a 6 y 7 veces al gasto nacional en salud. Según Transparencia Internacional, 30 mil millones de dólares de ayuda destinada a ese continente, el equivalente al PBI combinado de Ghna, Kenya y Uganda, fueron a parar a cuentas de bancos extranjeros por causa de la corrupción.

ALLA SÌ Y AQUÍ LA JUSTICIA BIEN GRACIAS…

La corrupción es vieja en República Dominicana y a ella se debe la inmensa mayoría de las riquezas y de los nuevos millonarios dominicanos. Las otras fuentes de ostentación de capitales son el narcotráfico, la trata de personas, los juegos de azar y el lavado de activo.

El tema de la corrupción explosionó en la vida pública dominicana, cuando a mediados de la década de los años 70s del pasado siglo, a propósito de la denuncia de los 300 nuevos millonarios surgidos de la administración pública, el entonces Presidente Balaguer, dijo que el mal se detenía en la puerta de su despacho.

El mensaje que la gente recibió fue de que todos en el gobierno robaban meno el Presidente de la República. Días después el editorialista del periódico Listìn Diario, Rafael Herrera, que era seguido como un orador sagrado en las oficinas públicas y privadas, así como en los corrillos empresariales y políticos, se destapó diciendo que en el país todos éramos corruptos.

Lo cierto es, que la corrupción, bajo el eufemismo de acumulación originaria como la definiera Carlos Marx, siguió su agitado curso y siendo tema esporádico en los medios de comunicación, hasta el ascenso al poder de Antonio Guzmán Fernández en 1978, cuya muerte por “suicidio” ya al final de su mandato, se le atribuye precisamente a la frustración que habría sentido al descubrir práctica corrupta de cercanos colaboradores suyos.

En esos días se rumoró también que amenazas veladas del entonces Presidente electo Salvador Jorge Blanco, de que llevaría los casos de corrupción a la justicia, desesperaron a Guzmán y terminaron con su vida en la intimidad del baño presidencial de la Casa de Gobierno.

Cuatro años después fue el propio Presidente Jorge Blanco, quien junto a colaboradores suyos, incluyendo el ex-secretario de las Fuerzas Armadas Juan Manuel Cuervo Gómez y el empresario Leonel Almonte Vásquez, terminarían condenados por corrupción a 20 años de cárceles, en un juicio, dirigido por el juez Juan Maria Severino que fue considerado de “político”.

La parte civil en nombre del Estado estuvo representada entonces por los abogados Marino Vinicio Castillo, Ramón Tapia Espinal y Abel Rodríguez del Orbe.

Jorge Blanco logró su libertad bajo fianza y se encontraba “subjùdice” hasta que durante la gestión perredeìsta que encabezó Hipólito Mejìa, el Estado renunció a los cargos contra el prestante abogado santiaguense y un tribunal lo descargó de manera definitiva en otro juicio que los contrarios calificaron igualmente de político.

Leonel Almonte se encuentra actualmente preso por uno de los casos del primer gran fraude bancario (corrupción privada) ocurrido en República Dominicana a finales de los años 80s., cometido a través del desaparecido Centro Financiero Universal del que era dueño.

Luego esfuerzos nobles en la justicia contra actos de corrupción se hicieron a principios del primer gobierno del actual Presidente Leonel Fernández, como fueron los casos del INDRHI y el Banco Agrícola, cuyos incumbentes, Mariano Germàn Mejìa (el ingeniero) y Paìno Abreu Collado sometieron a sus antecesores reformistas a los tribunales mediante expedientes que involucraban sumas de cientos de millones de pesos sustraídos en esas instituciones durante el último gobierno balaguerista.

Se recuerda que molesto y decepcionado por el cero apoyo que recibió desde las alturas de su gobierno, Germàn Mejìa, un hombre con fama de hombre serio, fue y se regó en la Procuraduría donde se le hizo poco caso, y a las pocas horas estaba depositando una réplica fiel del expediente en la Fiscalía del Distrito Nacional, buscando lograr así un mejor destino.

Con anterioridad y pertenecientes también al gobierno de los dos años y último del Dr. Balaguer, hay que mencionar los casos de Bahía de las Aguilas y la Lotería Nacional. El primero involucró a un ex-director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), a un ex-senador de la República, a un político y empresario y a un reclamado por la Justicia norteamericana que murió mientras guardaba prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El caso de la Lotería, donde con cierta frecuencia se destapaban escándalos, afectó la imagen de una reconocida familia petromacorisana, cuando su principal integrante que fue administrador del citado organismo recaudador, fue acusado junto a un hijo suyo, a un distribuidor mayorista de billetes y quinielas, a un supuesto empresario haitiano y a dos oficiales militares, de haberse apropiado de unos RD$90 millones de pesos mediante fraude.

Un caso de relevancia lo fue, de igual modo, el de la avenida Jacobo Majluta, en la parte norte de Santo Domingo, donde los vicios de construcción como hundimiento del terreno y afloramiento de aguas subterráneas, comenzaron a evidenciarse con el paso del cortejo presidencial que se trasladó a inaugurar la importante vía en 1997, en la cual se había invertido 300 millones de pesos que debieron luego de ser casi duplicados para corregir las fallas. La Jacobo Majluta es aún ruina.

¿Dónde están los involucrados en esos cinco sonados expedientes de denunciada, investigada, comprobada y debatida corrupción administrativa? ¡En sus casas y gozando de las riquezas amasadas, gracias a decisiones judiciales seriamente cuestionadas.

Del caso de la avenida Jacobo Majluta cuya construcción estuvo a cargo de una importante firma de ingenieros, se sabe que algunos de los involucrados fueron interrogados en el Departamento de Prevención de la Corrupción, durante el primer gobierno peledeìsta, pero nadie conoció los resultados porque nunca fueron remitidos a los tribunales.

El informe de año 2002, del Departamento de Prevención de la Corrupción, DPC, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, contenía que un total de 126 expedientes sobre corrupción, muchos de ellos concluidos pero nunca remitidos a los juzgados para que fueran conocidos y sancionados. Ocurría esto a mitad de gobierno Hipólito Mejìa.

Entre los expedientes estaba el del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) y PROBADA, el de los Autobuses de la OMSA y el de la Carretera San Juan –Vallejuelo, que por involucrar a importantes figuras del primer gobierno del PLD, si fueron enviados rápidamente a los tribunales, donde adquirieron de inmediato un matiz político.

La mayoría de los acusados guardó prisión por varios meses en Najayo, logrando luego su libertad bajo fianza y actualmente son funcionarios del gobierno. Sin embargo, Luis Inhaùsti, el principal acusado guardo prisión por varios años hasta que fue puesto en libertad condicional.

Los casos siguen vigentes en los tribunales, al parecer durmiendo el sueño de lo eterno, sin que aparezca un juez que declare inocentes a los acusados si realmente gozan de méritos para ello.

El PEME involucra una suma supuestamente malversada de más mil 400 millones de pesos.

Luego se tiene que durante el mismo gobierno pepehachista, gente del entorno del Presidente Mejìa, como un ex secretario de Industria y Comercio proveniente del Partido Reformista y un ex-director de Bienes Nacionales, fueron llevados a los tribunales por corrupción, habiendo el primero caído preso y el segundo vilipendiado en los medios de comunicación.

Uno recibió cargos por el expediente del Gas Licuado de Petróleo, que involucra un fraude millonario cometido a través del Programa de los Cupones para familias pobres, que desde la Secretaría de Industria y Comercio puso en ejecución el pasado gobierno. Al otro se le acusó de vender miles de metros cuadrados del Estado a precio de vaca muerta, en una acción de asociación de malhechores, que envolvía millones de pesos recibidos por detrás. Los dos andan sueltos y de sus casos no se ha vuelto a hablar.

CASOS RECIENTES

La República Dominicana sigue siendo impactada por asuntos escandalosos de narcotráfico, trata de personas y corrupción pública y privada.

Lo de el ex-capitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo y su red de traficantes de drogas hoy presos en Estados Unidos y en espera de juicio, ilustra el primer caso.

Los fraudes de los bancos Nacional de Crédito (Bancrèdito), Intercontinental (Baninter) y Mercantil, cometidos por sus propios dueños en perjuicio de miles de sus ahorritas y por ende del Estado, hacen recordar, en materia de corrupción privada, el caso del Banco Universal, por el cual su antiguo dueño, Leonel Almonte, guarda actualmente prisión en Najayo.

A los casos se les ha llamado el “hoyo financiero” porque durante los años 2003 y 2004 sumieron a la República Dominicana a una de las peores crisis económicas de toda su historia.

El expediente del Plan de Renovación Vehicular (Renove), que involucra a unos 15 ex-funcionarios del pasado gobierno, es el último gran escándalo de corrupción pública administrativa. Se le acerca el de los vehículos de ciudadanos usufructuados por generales y altos oficiales de la Policía Nacional.

Para el mes de marzo esta fijado el juicio de fondo del fraude en Baninter en un tribunal colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde los acusados encabezados por Ramón Báez Figueroa, deberán responder por el destino de más de 55 mil millones de pesos.

Lo de Bancrèdito, por su parte, cuyos principales acusados son Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, está a la espera de juicio de fondo por cargos criminales luego que la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocara el amparo concedido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 16 de marzo de 2005, a favor de los acusados.

La sentencia fue acatada de inmediato por la Juez de Instrucción (Segundo Juzgado Liquidador del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Pilar Antonia Rufino Díaz, la misma que originalmente había emitido seis providencias calificativas, enviando a un tribunal criminal a los señores Manuel Arturo Pellerano Peña, Héctor Castro Noboa, Raisa Gil de Founder, Juan Felipe Mendoza y a las empresas del denominado Grupo Bandrédito, por estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y por lavado de activos, entre otras violaciones al Código Penal y Ley 72-02. vinculado con el uso irregular de depósitos de varios ahorrantes del quebrado Bancrédito. El monto de defraudado es superior a los 20 mil millones de peso.

Según han establecido los abogados y las autoridades que llevaron a cabo las investigaciones sobre el fraude registrado en la gestión de los ex propietarios y directivos del Banco Mercantil,“durante los años 2002 y 2003 y antes de la adquisición de la mayoría de sus acciones por parte del Republic Bank Limited, de Trinidad y Tobago (el 8 de octubre del 2003), el Banco Mercantil S.A. experimentaba serios problemas de iliquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos en adelantos y redecuentos del Banco Central de la República Dominicana”. El fraude es por la suma de 6 mil 500 millones e involucra a los señores Andrés Aybar Báez, Héctor José Rizet y a Alberto Toraboto.

En el caso del Plan Renove este ha vuelto a destapar la olla de grillo con las acusaciones del robo de más de mil 500 millones de pesos y los alegatos de los involucrados de que se les está persiguiendo políticamente. El caso superó ya sus fases más neurálgicas donde una parte de los acusados fue descargada y otra fue condenada a penas que en algunos casos resultaron risibles.

Pintoresca fue la primera fase del proceso, cuando el juez de garantía Víctor Martínez, que debió conocer las medidas de coerción de los acusados, se destapó con la confesión de que era perredeìsta. “A confesión de parte relevo de prueba”, reza un principio escrito, y otro que no se escribe dice que “los legalismos estrictos son una ficción, que cuando se quiere perjudicar a alguien se perjudica y cuando hay que salvarlo se salva” Fue lo que puso de manifiesto más tarde el magistrado, imponiéndoles a “sus compañeros” las penas más benignas, al enviarlos a todos para sus casas.

Horas más tarde fue el Fiscal del Distrito, José Manuel Hernández Peguero, quien reveló un hecho todavía más escandaloso de ese proceso, acusando al senador Hernani Salazar, esposo de una jueza del pleno de la Suprema Corte de Justicia e influyente funcionario del pasado gobierno, de entregar un papelito al citado juez, minutos antes de comenzar la audiencia.

¿Cuál era el contenido del papelito? El juez, que se precia de sincero, no bien se publicó la revelación del fiscal, se apresuró a informar que el contenido del mensaje del senador Salazar, era un pedido para que se permitiera ingresar a la sala de audiencia a unos 20 dirigentes y abogados de su partido. “De nuestro partido”, debió decir el juez.

La otra pregunta que todo el mundo se hacía es ¿por qué tenía que ser Hernani Salazar, el que hiciera ese pedido al juez y no otro líder de mayor jerarquía de su partido, el revolucionario dominicano?

El parentesco de Salazar con la aludida jueza del pleno de la Suprema Corte de Justicia, su capacidad política para maniobrar, más que las interpretaciones que se derivan de las interrogantes, fue lo que llevó a los observadores a creer, que más que una solicitud de ingreso al tribunal, era una orden lo que Salazar le estaba dando al juez, cuyos resultados totales o parciales, siempre en beneficio de los acusados, fueron conocidos horas después.

Otra pregunta que mucha gente se hace, está relacionada con la distribución, supuestamente aleatoria, de los casos en el Juzgado de Instrucción, cuya coordinadora lo era, para entonces, la jueza Doris Pujols, la misma que autorizó la orden de arresto del grupo de acusados.

¿Por qué tuvo que caer el caso en manos de un juez confeso perredeísta? ¿No estaría la magistrada creyendo participar de un juego político, con decisiones complacientes para todas las partes?

Lo cierto es, que lo acontecido con este caso arroja muchas dudas y confusiones, llevando a la opinión pública a creer, que con la lucha contra la corrupción, iniciada o seguida por las actuales autoridades, “tenemos más de lo mismo”, no por la falta de voluntad de gente seria como Francisco Domínguez Brito y Octavio Lìster, sino por lo que discurre en los tribunales, con perdón de lo expresado por la directora de la USAID.

Para la ocasión se habló incluso de un primer revés, en la materia, para el nuevo Código Procesal Penal y para el propio Ministerio Público, lo cual llevó a su titular, el siempre correcto Domínguez Brito, a declarar que si ha habido algún perdedor momentáneo en este caso, no han sido las autoridades de turno, sino el país, que sigue viendo cómo hay gente que se roba millones y millones de la cosa pública, y que luego de ser llevada a la justicia, no pase nada como siempre.

Y el chantaje político en acecho, con sus promotores frotándose las manos. Se habla de corruptos preferidos, de persecución política, y de ingobernabilidad, advirtiéndose el costo que un proceso de lucha contra los corruptos del pasado gobierno, podría acarrearle al actual y al mismo partido en el poder.

El caso del Plan Renove se ha pasado a una fase superior, a un tribunal de alzada, como lo es la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual está conociendo un recurso del Departamento de Prevención de la Corrupción, que ha pedido, para los sentenciados y descargados, mayores castigos y proporcionalidad en virtud de la gravedad de los hechos.

La decisión de los magistrados Ignacio Camacho, Nancy Joaquín y Luis Omar Jiménez, la cual se han reservado, pueda que sea el último secreto mejor guardado del sistema judicial dominicano.

Sobre el usufructo de vehículos, para este miércoles 25 de enero, estaba fijada la fecha de inicio del juicio de fondo contra 38 oficiales y ex-oficiales de la Policía Nacional, en la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La jueza es Alina Mora de Mármol que tiene como papa caliente juzgar, entre otros, al ex-jefe policial Jaime Marte Martínez y a viejos oficiales señalado como boca dura y creerse por encima del bien el mal.

Algunos de ellos apelaron y al ratificárseles los cargos recurrieron en casación, pero la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la acción.

Los intereses y el miedo andan a patadas en este proceso, ya que tanto la jueza Mora de Mármol y el Tribunal Colegiado escogido para conocer el juicio, se habían declarado incompetentes, impasse jurisdiccional que tuvo que resolver la Cámara Penal de la SCJ. Hay que esperar