Hace cerca de un año, la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal el despojo de la licencia de conducir a los choferes por parte de los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).
Pero esa decisión del alto tribunal no valió de nada. La Amet ha continuado con la práctica de despojar a las personas de sus documentos.
Para violentar la ley y luego el dictamen de la Suprema Corte de Justicia se alega que se le quita la licencia al ciudadano porque este no acude a pagar la multa si se queda con ella encima.
O sea, que el capricho del director de Amet vale más que la ley y la sentencia de la Suprema Corte en República Dominicana. Así como usted lo escucha.
Lo peor del caso es que existen tribunales de tránsito que avalan la violación de la Ley que se supone ellos deben proteger.
Porque ante la existencia de una Ley y de una sentencia del máximo tribunal, se supone que esos tribunales lo que debieran de hacer es sancionar no al conductor, sino al agente de Amet que quita el documento.
O al menos, hacer siempre la salvedad a esa institución, pero no, ellos se comportan como su fueran agentes de Amet y no jueces.
Porque si la ley y la Justicia impiden una medida de ese tipo, lo correcto es que la autoridad competente, en este caso la Amet, se decida por establecer los mecanismos institucionales que la hagan valer, sin que haya violación al derecho del ciudadano.
Ahora ocurre que despojan al chofer de la licencia y este tampoco va a retirarla. De modo que tampoco la paga y lo peor anda sin el documento en las calles.
Recientemente ha sido el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida Rancier quien ha advertido a la Amet que no siga quitando el documento.
Almeida Rancier se supone es el jefe del jefe de Amet y de todos los amets. Lo único malo que le veo a lo dicho es que fue una declaración a la prensa, cuando debió enviar una carta a los jefes del organismo que regula el transporte para que no sigan violando la ley.
De toda manera, sino no han hecho caso a la Ley y a la sentencia del tribunal, que importancia le darían a una carta de Almeida, que aunque sea secretario de Interior y Policía es un civil, como dicen algunos policías creyéndose militares.
La propia Suprema Corte de Justicia debió protestar contra el irrespeto a su decisión, pero tampoco lo hace, porque la autoridad aquí tiene esa particularidad, y es que se hace de la vista gorda para que esto siga funcionando “a la brigandina”.
Por eso el ciudadano debe seguir optando por no entregar la licencia a los agentes de Amet y si bajo amenaza la entrega, no la vayan a buscar, porque esa es una práctica ilegal.
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