SANTO DOMINGO.-El director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC) de la Procuraduría General de la República, doctor Octavio Lister informó ayer que en el expediente del supuesto desfalco contra el Estado por 232 millones 610 mil 820 pesos, en la reparación y operación de los astilleros navales ubicados en Caldera, Baní no hay violaciones penales, sino de carácter civil.
“Hemos avanzado mucho, hemos oídos ambas partes, sin embargo en principio la auditoria no refleja irregularidades de tipo penales sino violaciones de naturaleza contractuales”, precisó Líster en rueda de prensa realizada en su despacho.
Dijo que las partes están en conversaciones y es posible que lleguen a un acuerdo, es posible que concilien, para ver si hay o no deudas pero no de la magnitud que se presentó a los medios de comunicación originalmente.
“Estamos investigando con la mayor profundidad posible, pero vuelvo y le repito, sin que esto sea un adelanto, lo que podría ser la culminación de la investigación, porque dependerá de todas las informaciones que podamos recabar, lo que si puedo asegurar es que ese caso es de naturaleza civil”, precisó Lister.
Está semana un periódico El Listín Diario público que el expediente estaba engavetado en el Departamento de Prevención de la Corrupción porque una de las personas implicadas en el caso es familia de un procurador adjunto.
La Cámara de Cuentas recomendó a la Procuraduría General de la República que sean investigados Luís Contreras Peña, Luís Contreras Brea, Vanesa Solano y Gerardo García, presidente, vicepresidente, gerente financiero administrativo y contador respectivamente, en representación de CPA Consulting, de la compañía Anabalca, vinculadas al caso, informó hoy una fuente judicial.
El alegado desfalco habría sido ejecutado por tres empresas, con la participación de la Marina de Guerra, en la reparación y operación del dique flotante DF 1 ubicado al sur de la Base Naval Las Calderas.
La Cámara de Cuentas solicitó a la Procuraduría profundizar las investigaciones en contra de los representantes de las compañías: Ciramar, S.A., Ciramar Internacional Trading, Co., LTD y Anabalca, esta última encabezada por la Marina de Guerra en representación del Estado dominicano y que la Secretaría de las Fuerzas Armadas rescinda los contratos suscritos entre el Estado y esas empresas.
El 15 de julio del l991 fue suscrito el primer contrato entre la Marina de Guerra y la compañía Construcciones, Ingeniería, Reparaciones, Alquileres Marítimo (Ciramar, S.A.), y para su ejecución posteriormente se creó la compañía por acciones ''Astilleros Navales Bahía Las Calderas, CXA (Anabalca), integrada por la Marina de Guerra, en representación del Estado dominicano e inversionistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo a la Cámara de Cuentas existen indicios de responsabilidad penal tipificado como estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores, violando los artículos 405,408 y 266 del Código Procesal Penal.
