SANTO DOMINGO.-En el Senado de la República descansa el proyecto de Ley General de Participación que fue aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado luego de celebrarse vistas públicas y concitar el interés de representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, territorial de diversos géneros y de los propios legisladores que dieron en comisión y en el hemiciclo su aprobación.
Este proyecto es un hibrido de varias propuestas legislativas semejantes que existían originalmente y que devino de un proyecto de Participación Social diseñado bajo la coordinación de la otrora Comisión presidencial de Reforma y Modernización del Estado (Copryme), convertida en el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), mediante el decreto No 27 del 8 de enero de 2001 y que dirige el doctor Marcos Villamán.
El Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Fosc) bajo la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-INTEC) intervino de manera puntual en la elaboración y consulta a escala nacional de dicho proyecto que luego de múltiples arreglos y negociaciones culminó en la Cámara de Diputado para su convención en ley.
El proyecto en cuestión tiene por objeto general institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones a participar en la toma de decisiones para ampliar la democracia, articulando las instituciones del estado con la sociedad, y de esta forma contribuir a fortalecer la gestión pública y el desarrollo humano sostenible.
La pieza legislativa tiene como objetivos específicos los siguientes:
-Integrar un Sistema Nacional de Participación compuesto por niveles y mecanismos de participación;
-Garantizar niveles de participación, mediante Consejo Económicos y Sociales de consulta y coordinación a nivel Nacional, Regional, Provincial, Municipal y comunitario;
-Establecer Mecanismos en el ámbito local: cabildos abiertos, plebiscito local, iniciativa legislativa local, vistas públicas, control social;
-Asegurar la inclusión de la participación local, educación, ciudadana, equidad social y de género e investigaciones etc.
Mediante esta iniciativa legislativa se persigue además, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones a participar en la toma de decisiones para ampliar la democracia, articulando las instituciones del Estado con la Sociedad. Para tales fines, se propone la siguiente instancia de participación:
-Juntas, Directorios y Consejos Directivos: las instituciones del estado que son dirigidas mediante este tipo de mecanismos deberán incorporar una representación de las organizaciones de la sociedad civil.
-Mesa de Diálogo y Concertación: este será un mecanismo de intercambio de punto de vistas de diferentes sectores de la sociedad dominicana, como son las instancias públicas, los partidos, la sociedad civil para la prevención y/o desenlace de conflictos.
Participación de la Función Parlamentaria: permitiendo la participación ciudadana en el proceso de elaboración y discusión de leyes.
-Participación en la Función Judicial: para que los procesos de conciliación ante los destacamentos policiales, fiscalizadores y procuradores fiscales, se realicen a través de la mediación comunitaria ejercida por representantes de las organizaciones sociales.de igual modo que la administración de las cárceles, recintos penitenciarios y centros de detención se realice con la participación de grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos y entidades que luchen por mejorar el sistema penitenciario.
Asimismo, dentro del Sistema Nacional Participación, el proyecto propone la creación de los Consejos Económicos y Sociales, los cuales serían instancias territoriales de carácter consultivo y de coordinación, cuya función es reunir a representantes de los poderes del Estado y de los diferentes sectores nacionales para elaborar la Agenda Nacional de Desarrollo y proponer lineamientos de políticas públicas que deben ser consideradas en los programas de acción del presupuesto nacional. Los Consejos Económicos y Sociales funcionarían en el nivel nacional. Regional, provincial, municipal, barrial o comunal, sirviendo de apoyo para la articulación Sociedad-Estado en pro de fortalecer la democracia y eficientizar la gestión pública.
Entre los mecanismos de participación a nivel municipal, el proyecto comprende los cabildos abiertos, el plebiscito, el referéndum local, la iniciativa legislativa local, las vistas públicas etc.
De esta manera, las instancias de participación establecidas en este proyecto instituirán los organismos internos pertinentes, con la activa integración de la sociedad civil, con el propósito de ejercer un efectivo control sobre la gestión pública. Por otro lado, contempla la declaración de carácter público de los documentos relativos a la ejecución presupuestaria, nómina, planes y proyectos de desarrollo, aprobados por las instituciones públicas y en consecuencia se garantiza el libre acceso a los mismos de los ciudadanos (as) y las organizaciones sociales.
La aprobación del Senado de la República de esta revolucionaria ley no debe esperar más ya que la misma garantiza una mayor participación de la ciudadanía en la democracia que no sólo debe ser representativa sino también participativa.
