Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República, a través de su órgano especializado, ha logrado en los últimos meses duras sanciones en la justicia dominicana contra el tráfico ilícito y trata de seres humanos, entre ellas 7 sentencias condenatorias, tres de las cuales establecen penas de hasta de diez años de reclusión mayor contra personas encontradas culpables de violar la Ley 137-03, y convenios internacionales sobre la materia. La más reciente de esas sentencias fue dictada por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, contra el imputado Rafael Nivar (Nivalito) condenado a 10 años de prisión y a una multa de 150 mil pesos de salarios mínimos, al ser encontrado culpable de dirigir una frágil embarcación hacia Puerto Rico, con diez personas a bordo, las cuales perecieron todas al naufragar en alta mar, habiendo sobrevivido sólo el hoy confinado en la dura cárcel ubicada en las alturas del kilómetro 15 de Azua.
La sentencia fue pronunciada en audiencia pública en el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Azua, donde fueron acogidos casi todos los cargos presentados contra el acusado por el Departamento de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que dirige el Procurador General Adjunto, doctor Frank Soto.
DESTACA LABOR DE LA JUSTICIA
El magistrado Soto dijo que para el bien del país y en beneficio de potenciales nuevas víctimas a través de estafas y tragedias, la justicia esta actuando sin contemplación a la hora de aplicar la ley contra los tratantes y traficantes ilegales de de seres humanos.
Puso como ejemplo el caso de Azua, donde dijo el Ministerio Público había pedido 15 años de prisión y una multa de 150 mil pesos de salarios mínimos para el tal “Nivalito”, apresado luego de una intensa persecución de 8 meses después de cometido el hecho que lo incriminaba por la violación del artículo 2 de la Ley 137-03.
Revelò que otra sentencia de diez años de prisión fue impuesta el pasado 31 de enero, por el Tribunal de Primera Instancia de Higuey, Provincia Altagracia, a los impetrantes Ramón Santana Mauricio, Neftali de León de la Cruz y Rubén Hiciano Páez. Los tres hombres fueron encontrados culpables de violar los artículos 2, 5 y 7 de la Ley 137-93, que castiga la trata y el trasiego de seres humanos.
Fueron condenados, además, al pago de 150 mil pesos cada uno, por el juez Ramón Martínez, que al examinar el expediente ratificó todos los cargos que incriminaban a los acusados por lanzarse a la mar al frente de una embarcación de fabricación clandestina, con 144 personas (99 hombres y 45 mujeres) a bordo, rumbo a las costas de Puerto Rico.
El grupo, con un prontuario de reincidentes en viajes ilegales y a quien el Ministerio Público daba seguimiento, fue apresado en alta mar, el 17 de agosto de 2005, por la Guardia Costera de los Estados Unidos y entregado a las autoridades dominicanas, quienes diligenciaron su enjuiciamiento por la jurisdicción correspondiente del Distrito Judicial de la Provincia Altagracia.
La acusación fue presentada por los magistrados Inés Pérez de Moquete y Darío Morla, procuradores fiscales adjuntos, la primera adscrita al Departamento contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Las otras sentencias, sostuvo Soto, “todas emitidas por tribunales de distintas jurisdicciones del país, son de fechas consecutivas del año 2005 , como la del 19 de diciembre pasado, impuesta por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra Braulio Ortiz Pineda, condenado también a 10 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 150 mil pesos de salarios mínimos, por haber cometido el crimen de tráfico ilícito de migrantes y falsificación de sellos”.
Explicó que el tribunal que lo juzgó en audiencia pública, oral y contradictoria, bajo lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Penal, estuvo presidido por la jueza Esther Angelàn Casasnovas e integrado por los magistrados Antonio Sánchez Mejìa, y Esmirna Giselle Méndez.
TAMBIEN UNA MUJER
El magistrado Frank Soto dijo que en el mes de septiembre de 2005 fue condenada, de igual modo, Minerva Libertad Sosa Fernández, a cumplir una condena de 4 años de reclusión mayor y al pago de las costas penales. La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que sentenció a Sosa Fernández, la encontró culpable de violar los artículos 2, 6 y 7, así como los literales literal C y H, de la Ley 137-03, sobre tráfico ilícito y trata.
La sentencia no fue mayor porque el tribunal acogió circunstancias atenuantes a favor de la acusada, según lo establece el artículo 463, acápite Tercero del Código Penal Dominicano.
A cuatro años de prisión y al pago de una multa de diez salarios mínimos fue condenado en agosto de 2005, Salvador Fèliz Cuevas, por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que lo encontró culpable de tráfico ilícito de migrantes en violación a los artículos 2 y 5 de la Ley 137-03, que rige en la materia.
Soto dijo que a esta condena le precedió una de mayor dureza cuando en fecha 6 de julio de 2005, el Segundo Tribunal Liquidador de la Cámara Penal de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, con base a lo que dispone el viejo Código de Instrucción Criminal, impuso diez años de reclusión mayor, 150 mil pesos de multa, más el pago de las costas penales, a Nelson Osiris del Rosario Jiménez, encontrado culpable del mismo delito y estafa.
Explicó que días después, el 15 de julio de 2005, fue la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, el que condenó a diez años de reclusión mayor, a Pedro de la Cruz, al encontrarlo responsable directo de capitanear una lancha con 69 viajeros a bordo, rumbo a Puerto Rico, a través del Canal de la Mona. Se le impunito la violación de los artículos 2 y 5 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Seres Humanos.
Frank Soto ponderó el trabajo que realizan en todo el país, los magistrados adscritos al departamento que dirige desde la sede de la Procuraduría General de la República en la capital y sostuvo que con el logro de siete sentencias condenatorias en los últimos seis meses, las autoridades del Ministerio Público, a través de su departamento especializado y en cumplimiento con lo que dispone la nueva Ley 137-03, ha logrado lo que el país no pudo alcanzar durante los 40 años en que ha estado luchando contra este mal.
