SANTO DOMINGO.-El director del Departamento para la Prevención de la Corrupción, Osvaldo Lister, consideró como una burla al país la sentencia que descargó a los implicados en acto de corrupción en el plan de Renovación de Vehículos (Renove) y anunció que recurrirá en casación el dictamen de la Tercera Sala de Corte de Apelación. Los implicados en expediente Renove estaban acusados de desfalco, asociación de malhechores, estafa, falsedad en escritura pública y privada y prevaricación.
Lister, en rueda de prensa ofrecida en la mañana de hoy, acusó al ex presidente Hipólito Mejía de estar detrás de la sentencia, la que dijo constituye una burla al país y la sociedad dominicana.
Agregó que la decisión de los jueces no amilana ni acobarda la determinación del Gobierno de luchar contra la corrupción.
Los exonerados de culpa fueron los ex presidentes del Plan de Renovación de Vehículos (Plan Renove) Pedro Franco Badía y Fabio Ruiz, y los sindicalistas Milcíades Amaro Guzmán, Antonio Marte, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez, Paulino Antonio Reynoso, Freddy Méndez y Alfredo Linares.
Para Lister, la sentencia era “la crónica de una muerte anunciada” y consideró que el juez Ignacio Camacho, presidente de la sala de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional debe ser investigado.
Sin embargo no dijo si su departamento solicitará que esa investigación se haga de parte de la Suprema Corte de Justicia.
Para Lister, con la sentencia la Justicia está de luto, porque ella pone al desnudo su debilidad, ya que dejan libre a doce personas que usufructuaron la suma de mil 800 millones de pesos.
Los acusados habían sido condenados el pasado 17 de octubre a cumplir penas de cárcel y a pagar multas millonarias.
Las penas de privación de libertad oscilaban entre los dos meses y los cuatro años, y las multas, entre un millón de pesos (33.333 dólares) y 15 millones de pesos (unos 500.000 dólares).
Badía, quien también fue secretario de de Interior y Policía, había sido declarado culpable de prevaricación y desfalco, por lo que tenía que cumplir tres años de reclusión menor en su residencia por razones de salud y pagar 15 millones de pesos (unos 500.000 dólares).
En tanto, Ruiz fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 10 millones de pesos (unos 333.333 dólares).
Los implicados en expediente Renove estaban acusados de desfalco, asociación de malhechores, estafa, falsedad en escritura pública y privada y prevaricación.
El Plan Renove se creó durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) para mejorar el transporte público y contó con el respaldo financiero de la banca internacional.
Según denuncias de la justicia y de la prensa nacional, una parte de los vehículos fue a parar a manos de funcionarios y colaboradores de Mejía, así como de sindicalistas vinculados al PRD, partido al que pertenece el ex mandatario.
Los implicados negaron las acusaciones en su contra y el PRD asegura que todo se debe a motivaciones políticas.
