SANTO DOMINGO.-En momento en que el Gobierno se apresta a llevar varios casos de corrupción administrativa a los tribunales, la Corte de Apelación del Distrito Nacional resolvió absolver hoy a diez de catorce condenados por estafar al Estado dominicano por 1, 800 millones de pesos a través del Plan de Renovación Vehicular ( Plan Renove).
Según el tribunal, no hubo elementos que probaran la culpabilidad de los imputados.
En tanto, los representantes del Ministerio Público acusaron a los jueces que integraron el tribunal de favorecer los intereses del grupo Proyecto Presidencial Hipólito político (PPH) del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Los acusados habían sido condenados el pasado 17 de octubre a cumplir penas de cárcel y a pagar multas millonarias.
Las penas de privación de libertad oscilaban entre los dos meses y los cuatro años, y las multas, entre un millón de pesos (33.333 dólares) y 15 millones de pesos (unos 500.000 dólares).
Los condenados fueron los ex presidentes del Plan de Renovación de Vehículos (Plan Renove) Pedro Franco Badía y Fabio Ruiz, y los sindicalistas Milcíades Amaro Guzmán, Antonio Marte, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez, Paulino Antonio Reynoso, Freddy Méndez y Alfredo Linares.
Badía, quien también fue secretario de de Interior y Policía, había sido declarado culpable de prevaricación y desfalco, por lo que tenía que cumplir tres años de reclusión menor en su residencia por razones de salud y pagar 15 millones de pesos (unos 500.000 dólares).
En tanto, Ruiz fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 10 millones de pesos (unos 333.333 dólares).
Los implicados en expediente Renove estaban acusados de desfalco, asociación de malhechores, estafa, falsedad en escritura pública y privada y prevaricación.
El Plan Renove se creó durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) para mejorar el transporte público y contó con el respaldo financiero de la banca internacional.
Según denuncias de la justicia y de la prensa nacional, una parte de los vehículos fue a parar a manos de funcionarios y colaboradores de Mejía, así como de sindicalistas vinculados al PRD, partido al que pertenece el ex mandatario.
Los implicados negaron las acusaciones en su contra y el PRD asegura que todo se debe a motivaciones políticas.
