SANTIAGO.- El encuentro celebrado el martes, en el que participaron las principales figuras judiciales y policiales, así como representativos de esta provincia y donde se debatió la puesta en vigencia aquí del Plan de Seguridad Democrática, no sólo sirvió para delinear su implementación, sino para hacer aflorar las discrepancias existentes entre las autoridades nacionales y de la sindicatura local.
En la reunión que encabezada el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito; el secretario de lo Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez, los planes se iban esbozando de manera fluida y con el consenso de la heterogénea asistencia.
Hasta que intervino la vice síndica de este municipio, Petrouska Muñoz de Herrera, quien representaba en el encuentro a la sindicatura. Ella recordó que, desde hace algunos años, el Ayuntamiento tiene en carpeta, listo para poner en ejecución, un proyecto denominado "barrio seguro", que tiene similitud con el plan del gobierno.
Pero, una marcada diferencia hay entre ambas propuestas, resaltando el hecho de que, en el "barrio seguro" las juntas de vecinos de cada sector tendría un papel protagónico, sin necesidad de que la Policía Nacional tenga tanta presencia en esos lugares y, en vía de consecuencia, los gastos económicos sean mínimos.
En el instante en que hablaba a la concurrencia el doctor Almeida Rancier, se produjo la intervención de la segunda autoridad del municipio quien, en adición a esas funciones, es la encargada en el Ayuntamiento de trabajar con las juntas de vecinos.
Resaltó la vice sindica que es común que, cuando alguien de un barrio denuncia ante la Policía a un violador de la ley "es precisamente en los cuarteles donde se le dice al infractor la persona que alertó a esa institución para que lo apresaran, por lo que las juntas de vecinos prefieren no suministrar datos a los uniformados".
Muñoz de Herrera estimó que el alto índice de delincuencia que se verifica en esta ciudad es demasiado alto, por lo que habrán de resultar insuficientes los recursos que se contemplan invertir desde el gobierno central y no podrán responder con eficiencia los llamados de la comunidad.
A este planteamiento, el secretario de lo Interior y Policía respondió pidiéndole a la dama que convoque para el domingo a las juntas de vecinos, para buscar la forma de trabajar de manera conjunta en la implementación aquí del "Plan de Seguridad Democrática", obviando el "barrio seguro".
La señora Petrouska Muñoz de Herrera consideró que, teniendo el gobierno conocimiento de los planes del Ayuntamiento, para combatir la delincuencia en esta demarcación, lo aconsejable era que comisiones de ambos lados se reunieran y esbozaran un programa de trabajo, antes de embarcarse en ese ambicioso proyecto "pero no lo hicieron así ahora nos encontramos con esta dualidad de ideas, aunque buscando el mismo objetivo".
Los planes gubernamentales están supuestos a implementarse a partir del miércoles 15, pero Almeyda Rancier lo condicionó a que, antes de la fecha, se haya conocido la posición de las juntas de vecinos. Un total de 600 agentes policiales, provistos de la logística necesaria, buscarán erradicar la delincuencia en Pekín, Cristo Rey, Yapur Dumit, Yagüita de Pastor, Bella Vista, Cerros de Papatín, La Otra Banda, Cienfuegos, Mella Uno, Mella Dos, Gurabo y los ensanches Bermúdez y Espaillat.
