SANTO DOMINGO, DN.-El Consejo de Directores del Grupo y del Banco del Progreso se querelló en la mañana de este jueves en la Fiscalía del Distrito Nacional contra su ex presidente Pedro E. Castillo Lefeld. Castillo Lefeld es acusado de estafa, robo agravado, abuso de confianza, administración fraudulenta de fondos, violación de leyes como la de Mercado de Valores, la Monetaria y Financiera, y Lavado de Activos, entre otros cargos.
Los ejecutivos bancarios invitaron a representantes de diversos medios de comunicación y comentaristas, actividad a la que no fue convocado Diario DigitalRD, para dar a conocer los términos de la querella judicial contra Castillo Lefeld, detalles del proceso de capitalización de las entidades y los aportes realizados por cada uno de ellos para garantizar la solvencia de esas instituciones.
Fuentes de este diario informaron que Castillo Lefeld había emitido un documento respondiendo las acusaciones, pero este tampoco había llegado hasta Diario DigitalRD.como pasadas las once de la noche.
Clave Digital, que recoge amplia información del conflicto, en la que se expone la versión del Banco del Progreso, establece que en respuesta a una pregunta, el presidente del Banco del Progreso, Roberto Bonetti Guerra, reconoció los méritos de la Superintendencia de Bancos en este caso.
Señala que Bonetti Guerra confirmó la versión de que inspectores de ese organismo regulador fueron los primeros en advertir indicios de incongruencias en el Grupo Progreso. El hallazgo condujo a los accionistas a desarrollar un plan de desmonte de los papeles de inversiones financieras, a sugerencia de la Superintendencia, y a extender las investigaciones hacia la entidad bancaria, señala el diario electrónico.
Según los datos aportados por Clave Digital, de los fondos aportados por los accionistas del Banco, 10 mil 600 millones de pesos fueron utilizados para desmontar las obligaciones del Grupo Progreso, y 3 mil 400 millones de pesos de dinero fresco fue inyectado al Banco “para garantizar la posición financiera de la institución”.
“Hemos implantado una solución que pone al Banco por encima de todos los índices regulatorios sin acudir a un solo centavo de los fondos públicos, por primera vez en este país”, expresó Juan B. Vicini Lluberes, visiblemente satisfecho. La familia Vicini es la accionista mayoritaria de ambas entidades.
“CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN PRIVADA…”
Luego de explicar detalles jurídicos del sometimiento judicial y comentar sobre las diferentes auditorias todavía en curso y las oficinas de abogados contratadas en el exterior, el abogado Francisco Álvarez Valdez opinó lo que a su juicio es una de las partes más importantes de ese proceso.
“Quitándome el traje de abogado para ponerme el de ciudadano, lo más importante es que tiene que haber cero tolerancia a la corrupción, no solamente del sector público, sino también hacia la del sector privado”.
Agregó, que existen muchos casos de corrupción en el sector privado, pero que siempre han quedado en la impunidad. Sus palabras retumbaron en aquel impecable salón del séptimo piso de la sede principal del Banco del Progreso, ante aquellos hombres de negocios de larga tradición en República Dominicana.
“Nosotros nos sentimos orgullosos de que en este caso no hay un solo centavo del Estado dominicano”, puntualizó Älvarez Valdez.
Entre los años 2002 y 2003 el Banco Central otorgó adelantos y redescuentos por un monto de 105 mil millones de pesos para el proceso de salvataje, pagados con fondos públicos, de los bancos Intercontinental, Nacional de Crédito (Bancrédito) y Mercantil.
Vida principesca
Bonetti Guerra rechazó la versión de que durante el proceso de fallida fusión entre el Banco del Progreso y el Baninter en el año 2003, el Banco Central le habría facilitado al Banco del Progreso 9 mil millones de pesos y que se habrían apropiado de esos recursos que habrían sido erogados para supuestamente compensar al Progreso en la tarea de asumir un entidad en problemas mucho más grande.
Álvarez Valdez invitó a buscar en la Internet las páginas donde el Banco Central publicó la auditoria de los recursos erogados como adelantos y redescuentos a diversas instituciones bancarias.
El alegado lujoso estilo de vida del licenciado Pedro Castillo fue objeto de preguntas. ¿Cómodo ese estilo de vida nunca provocó suspicacias entre los accionistas del Banco? Juan B. Vicini adelantó su explicación: “Pedro Castillo escudó siempre su estilo de vida en que está casado con una persona de posición holgada y en que tenía inversiones en el “Medallion Found”, un fondo de inversiones que tiene uno de los mejores historiales del mundo.
El citado fondo ha tenido un rendimiento en los últimos 10 años de 30 o 40% anual y durante algunos años ha registrado un crecimiento de hasta un 100%”. Esa circunstancia, según Vicini, estaba sumada a que el Consejo de Directores había estado recibiendo estados financieros confirmados por auditores, reportando supuestas ganancias.
QUERELLA CONTRA LOS AUDITORES
Los miembros del Consejo de Directores no disimulan su indignación ante los resultados de auditorias externas que por años fueron practicadas en el Banco del Progreso. Esas auditoría fallaron en determinar que la institución registraba pérdidas, en vez de ganancias.
Rafael Perelló, de la familia propietaria de Industria Banilejas, expresó que podría demandar a la firma de auditores que le rindió informes falsos en 1999 cuando decidió convertirse en accionista del Grupo y del Banco del Progreso. Los litigios van para largo.
