Fiscalía dispondría auditoría solicitada por Castillo al Banco Progreso

SANTO DOMINGO.-El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, podría solicitar la realización una auditoria contable al Banco Dominicano del Progreso y del Grupo Progreso, tal y como lo solicitó su ex presidente Pedro E, Castillo..
Castillo está acusado de un presunto fraude de RD$14 mil millones en perjuicio de la entidad bancaria

La realización de una auditoria fue solicitada por el propio Castillo, quien asegura que todas las acciones emprendidas por él eran de conocimiento de los demás ejecutivos de ese banco.

Mientras que el director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Octavio Líster, anunció que remitirá por ante la Fiscalía la querella presentada por el abogado Tomás Castro, contra el ex presidente del Banco del Progreso Pedro Castillo.

Hernández Peguero dijo al Listín Diario que en el transcurso de la investigación el ministerio público determinará si solicita o no una auditoría a la gestión de Castillo, sometido a la Justicia por el Consejo de Directores del Banco Dominicano del Progreso y por el Grupo Progreso.

Castillo demanda de las autoridades que se haga una auditoria legal de todas las transacciones y operaciones del Grupo Progreso, porque asegura que ese experticio demostrará que los miembros de su Consejo de Directores estuvieron en todo momento en pleno conocimiento del destino y los montos de las captaciones realizadas, más aún siendo la mayoría de ellos accionistas importantes de las empresas donde el Grupo Progreso invirtió los recursos captados del público.

La Fiscalía fue apoderada por el Grupo Progreso y el Banco del Progreso de una querella en contra de Castillo, bajo la acusación de lavado de activos, abuso de confianza y estafa.

Hernández Peguero dijo que el requerimiento de peritos contables es una facultad del ministerio público, si lo considera conveniente en el transcurso de la investigación. ‘‘Vamos a ver qué resulta del análisis de la documentación y nosotros produciremos nuestra instancia en caso de que sea necesario’’, expresó.

Dijo que el proceso de investigación tiene un período máximo de tres años, pero que eso no significa que la Fiscalía dure esa cantidad, a pesar del volumen de la documentación que sustenta el sometimiento.

En cambio, Líster dijo que hasta el momento están evaluando la querella para ver si en la misma hay personas del sector público involucradas. Explicó que las investigaciones han arrojado que se trata de una acción privada, razón por la cual la DPCA no ha intervenido.