SANTIAGO.- Para el Procurador Fiscal de este municipio, la aprobación por parte del Congreso Nacional de los tragamonedas, tal y como lo sugirió el Presidente Leonel Fernández, significó la caída de un balde de agua fría sobre la colectividad dominicana.
Al mismo tiempo, el licenciado Raúl Martínez acusó a los legisladores de estar más preocupados en atender sus intereses particulares, que atender los intereses colectivos “porque sólo así se podría explicar lo que acaban de hacer con ese proyecto de ley”.
La noche del pasado lunes, el Senado acogió las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley sobre la materia, en la que se disponen mayores controles a los establecimientos de juegos de azar y un aumento de las penalizaciones a los propietarios y administradores de estos negocios.
“Esa es una decisión lamentable porque, de una manera u otra, coloca en una posición de riesgo la seguridad pública”, consideró el representante del ministerio público en el municipio de Santiago.
Tras recordar que el funcionamiento de las tragamonedas, hace algunos meses provocó un malestar social, el licenciado Martínez insistió que, con la aprobación de esa ley, los legisladores echaron sobre la conciencia de la sociedad un balde de agua fría.
“Deploro que los señores congresistas hayan sido tan efectivos al aprobar eso, cuando han demostrado ser extremadamente lentos, al momento de conocer y sancionar proyectos que van directamente en beneficio de la nación”, agregó el fiscal santiaguense.
Las observaciones a la legislación que modifica la ley número 351, del 6 de agosto de 1964, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juegos de azar, fueron acogidas por el pleno del hemiciclo, todo esto pese a los ataques de varios legisladores a la proliferación de juegos. Estos se opusieron a la aprobación de las observaciones del presidente Leonel Fernández a la citada ley, pese a que el mandatario consignó mayores controles para los juegos de azar.
La ley prohíbe que esos establecimientos sean instalados en lugares que a menos de 500 metros de escuelas, colegios, iglesias y otros centros dedicados a la superación de la persona. También prohíbe su instalación en los parajes y secciones Asimismo, dispone el incremento de los aranceles a las importaciones de tragamonedas y otras máquinas destinadas al juego de azar.
Establece que cada tragamonedas instalado en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo pague mensualmente un impuesto de RD$4,000, de RD$3,500 en Santiago, Puerto Plata y La Romana y de RD$3,000 en el resto del país.
La ley también dispone sanciones de RD$100,000 a RD$500,000 y prisión correccional de seis meses a dos años a los propietarios y administradores de centros de juegos de azar que violen la legislación y su reglamento. Las observaciones del presidente Fernández a la indicada ley también fueron acogidas por la Cámara de Diputados
