Durante los últimos 18 meses los voceros del Gobierno y del partido oficial nos han repetido hasta la saturación que mediante el llamado Plan Renove, ejecutado con el apoyo de la administración de Hipólito Mejía, se ha cometido una estafa contra el Estado Dominicano por más de mil 800 millones de pesos La campaña mediática, basada en el recurso de la mentira repetida, enseñada por Goebbels, el genio perverso de la propaganda nazi, ha sido tan eficaz que hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, han asumido y amplificado sus principales argumentos, denunciando como una iniquidad la sentencia a favor de los transportistas y ex funcionarios implicados en el caso.
Ahora que los abogados defensores se han tomado la molestia de salir al frente a la avasallante campaña de los voceros oficialistas, es que los dominicanos comienzan a entender que fue lo que realmente pasó en torno al escandaloso expediente del Plan Renove.
Ya sabemos que no se cometió ninguna estafa contra el Estado Dominicano y que el Gobierno no puso ni un chele en la compra de los vehículos importados por los gremios del transporte, sino que simplemente avaló el financiamiento, sujeto a todas las condiciones y requisitos de una operación de venta condicional de muebles.
Lo que hizo el gobierno de Hipólito Mejía encaja perfectamente en la práctica institucional, asumida por todos los gobiernos anteriores, de ofrecer facilidades a las organizaciones del transporte para participar en la prestación de un servicio público de primera necesidad. La diferencia con algunos casos anteriores es que antes se regalaban los vehículos a los transportistas y con el Plan Renove han tenido que comprarlos con sus propios recursos.
Sin el Plan Renove, o una solución alternativa de igual magnitud, el transporte público de pasajeros de todo el país estaría afrontando un déficit operacional de 4 mil unidades de autobuses y minibases, y los usuarios de este servicio seguirían dependiendo de “los carros de concho” y de las chatarras andantes que durante mucho tiempo se conocieron como “ voladoras”.
Se sabe, porque los datos están disponibles y al alcance de todo el mundo, que hasta ahora los transportistas de todo el país favorecidos por el Plan Renove han pagado más de 700 millones de pesos, en cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, conscientes de que si no pagan, los bancos o el Estado tienen la opción de quitarles los vehículos.
Pero hay un dato más contundente. Mediante el Plan Renove se consiguieron mejores condiciones de pago que en las compras de vehículos que hizo el Gobierno de Leonel Fernández en el año 1998. En aquella fecha el Estado Dominicano pagó autobuses Mercedes Benz a 83 mil 300 dólares, mientras que el Plan Renove compró las mismas unidades, tres años más tarde, a solo 60 mil dólares, una diferencia de 23 mil dólares que probablemente se quedaron en los bolsillos de los funcionarios de ese gobierno, y no hay ningún expediente ni nadie preso por esa estafa real.
La decisión del pasado gobierno de afrontar el problema del transporte público en sociedad con los gremios del sector y en beneficio de todas las comunidades, resulta desde el punto de vista económico y social mucho más racional y equitativo que la decisión del actual gobierno de meter al país en un compromiso de miles de millones de dólares para construir un “metro” que solo va a aportar una mínima solución para un sector de la capital.
Es cierto que a través del Plan Renove el Gobierno de Mejía dispuso la entrega de unas 300 unidades de transporte de 15, 28 y 45 pasajeros a diversos instituciones públicas y entidades sin fines de lucro, incluyendo la UASD, la Policía Nacional, la Marina de Guerra, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, las iglesias, y las asociaciones de estudiantes universitarios. El costo de esa partida es un compromiso del Estado y tiene que asumirlo como cualquier otra responsabilidad institucional, porque se hizo en ejercicio de las facultades constitucionales del Gobierno y del Presidente de la República. Claro, si la presente administración no está de acuerdo con esas donaciones, también tiene la facultad de revocar las donaciones y obligar a esas entidades a pagar o despojarlas de los vehículos.
De todos modos, lo si queda claro es que por encima de las irregularidades reales o inventadas del Plan Renove, queda como lección para la conciencia del país que la falsificación de los hechos y la capacidad para crear un estado de opinión basado en la mentira y la manipulación, implican consecuencias sociales más graves que las motivaciones de orden económico que han pretendido justificar este caso. Se trata, para llamarlo de alguna manera, un verdadero fraude moral contra toda la sociedad.
