Hay que confiar en que el Ministerio Público, que es un cuerpo de magistrados con jurisdicción nacional, comience a investigar por lavado de activos, a mucha gente con riquezas misteriosas en República Dominicana.
Y se espera que lo haga de la misma forma que lo está haciendo la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con el periodista Guillermo Gómez, por la “supuesta tenencia” de certificados financieros de unos diez millones de dólares depositados en el quebrado Banco Intercontinental (Baninter) y que le habrían sido devueltos al final el pasado gobierno.
En el caso del “telegénico” productor de Aeromundo, que cada semana se exhibe con su bigote de brocha de afeitar y con su verbo ardiente, el Ministerio Público está cumpliendo con su deber, pero debe hacer lo mismo también con personas que en este país no saben siquiera abrir la boca para decir su nombre y exhiben enormes riquezas que no pueden justificar.
Que a Guillermo Gómez, que no es rico de cuna, en una ocasión se le hayan identificados depósitos valorados en más de 1 mil millones de pesos, no me sorprende:
Tampoco me extraña que Antonio Marte, el sindicalista del transporte con lengua de mime, pueda tener en depósitos bancarios más de 150 millones, según un informe del Departamento de Prevención de la Corrupción, incluido en el expediente original sobre el Renove.
Fíjense que hablo de depósitos bancarios y no de riquezas invertidas en bienes, como fincas, casas, vehículos, prendas preciosas y otros artículos de lujo, donde la riqueza puede expandirse y multiplicarse. Tampoco hablo se depósitos en el extranjero y a nombre de testaferros.
Eso, de que haya gente haciendo dinero como se extrae arena de una cantera y con riqueza invertida con categoría de un ciclón batatero, es prácticamente una norma en República Dominicana, una norma por demás de vieja, a pesar de las penurias de nuestro pueblo y de leyes para combatir ese y otros males.
La ley por la cual está siendo procesado Guillermo Gómez es la 76-02, con una historia de espanto y de terror.
Esa legislación tiene detrás una estela de sinsabores y una advertencia velada, que comenzó con el asesinato de su promotor en el Congreso, el senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez.
En Santo Domingo, todos creen (creemos) que Darío Gómez fue mandado a matar por su valor inquebrantable de desafiar los intereses del lavado de capitales.
Lo cierto es, que al activo legislador, quien fue el autor del Anteproyecto hoy convertido en ley, lo matan apenas tres horas después de que se aprobara la pieza en el Senado de la República.
La aprobación se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde de un miércoles, y dos horas después, satisfecho y orgulloso por haber visto coronado su noble esfuerzo, Darío Gómez sale del Congreso Nacional, en el Centro de los Héroes, para dirigirse a casa de un amigo en Vista Hermosa, del lado Este de Santo Domingo, hasta donde lo persigue la banda que le quitó la vida.
Se sabe que tras ser apresados y sentenciados en la Justicia, los asesinos han ido desapareciendo uno por uno en plenas cárceles, de donde originalmente habrían salido para cometer el crimen.
¿Dónde están los autores intelectuales de ese asesinato? Como escribo a prima noche, posiblemente cenando en un céntrico restaurante capitalino, junto a algún cómplice políticos, y un juez desaprensivo.
Pero eso no lo es todo. Existe una prehistoria feísima sobre esa ley que da cuenta que en el Congreso dominicano, se cometió, primero, un mamotreto jurídico y más tarde luego, ya corregido el entuerto, un intento develado y horrendo de de falsificación
Se recuerda que los esfuerzos para que se aprobara una ley contra el lavado comenzaron desde principios del 2002, pero en lugar del modelo sugerido por la comunidad internacional a través del Programa de las Naciones Unidas para el Control Internacional de las Drogas (PNUCID), fue metido de contrabando un proyecto que sin mayores resquicios contó con el voto favorable de los legisladores.
Así, en lugar de una ley, surgió un mamotreto, la 55-02, la cual tuvo que ser anulada y cambiada desde que comenzaran los cuestionamientos de la sociedad civil y el exterior. De ello se hizo eco Darío Gómez y meses después se logró corregir el entuerto, que desgraciadamente terminaría con su vida.
Luego la nueva ley (72-02), en un hecho que nunca se aclaró y que se atribuyó a un secretario del Senado, fue objeto de alteración en algunos de sus dispositivos, previo a su envío al poder Ejecutivo para su promulgación. El caso llegó, incluso, a la Justicia luego del sometimiento de los acusados, pero al final no hubo sanciones más allá de la cancelación del principal responsable de su trabajo en el Congreso.
Algo similar se intentó hacer antes con la Ley de Telecomunicaciones.
Esa ley, la de lavado, tiene ya cinco años de existencia y todavía en el país nadie ha sido sentenciado por haberla violado. Sin embargo, se sabe que en la Justicia hay expedientes, a cuyos involucrados se les acusa también de ese delito. Tal es el caso del fraude de Baninter.
El único caso de acusación y sometimiento exclusivo sobre la ley que ahora se le quiere aplicar a Guillermo Gómez, y por demás el primero, involucró a lo esposos Juan Flete y María Machuca, que eran pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.
La Suprema Corte de Justicia rechazó el pedimento y aunque hay un proceso vigente en los tribunales dominicanos, se sabe que la pareja a la cual se le incautaron bienes valorados en más de cien millones de pesos, están en libertad bajo fianza.
Los otros, los reyes del lavado que nunca han sido procesados, reyes del analfabetismo y de la riqueza mal habida, reyes de la droga y de los juegos de azar, reyes de la prostituciòn y el latrocinio, andan también sueltos exhibiendo con desparpajo sus riquezas y sacándole la lengua en la justicia.
Por ello, pienso que Guillermo Gómez tiene ahí una buena excusa para defenderse, para protestar sobre la base de que, ¿por qué a él y no a los otros? y hasta de encontrarse con un juez amigo que le favorezca con un No Ha Lugar, en caso de que el expediente que le instrumenta la Fiscalía del Distrito Nacional, siga tomando cuerpo en la Justicia.
¡Qué Dios me libre pensar que en mi país, las leyes se crean para llenar requisitos o para retaliar?
