Abogado de Castillo dice quieren apresarlo para limitar sus derechos

SANTO DOMINGO.-El doctor Radhamés Cornielle Mendoza definió la solicitud de prisión contra Pedro Castillo como un intento temerario de limitar su capacidad de defensa en la improcedente y abusiva persecución judicial iniciada en su contra por el Banco del Progreso y el Grupo Progreso.
Explicó que se solicitó esto a pesar de que está claramente establecido “que esta medida de coerción está expresadamente prohibida por los artículos 226, 227 y 229 del Código Procesal Penal”.

El coordinador del equipo de defensa del ex presidente del Banco del Progreso y del Grupo Progreso asegura que esta acción es un intento de limitar la capacidad de Castillo para organizar su defensa y una presión para que renuncie a sus derechos. “Es una medida desesperada para ganar espacio”.

El defensor de Castillo envió una declaración a Diario DigitalRD en la que se refiere a la iniciativa del Grupo y Banco Progreso dirigida a que se disponga prisión preventica contra el ex presidente de esas empresas.

“Esta acción –aseguró Cornielle- es una nueva evidencia de que los miembros del Consejo de Directores del Banco del Progreso y el Grupo Progreso quieren desviar la atención pública y de la Justicia del tema principal de este caso que es quien manejó las captaciones de recursos hechas por el Grupo, cuál fue el destino final de esos recursos y quiénes tomaron la decisión del uso que se dio a esos recursos”.

Explicó que Castillo además esta protegido por el artículo 711 del Código de Trabajo ya que él inició una demanda laboral en contra del Banco del Progreso y el Grupo Progreso por el pago de sus prestaciones laborales, salarios y otros derechos establecidos en su contrato de trabajo.

Dijo que en este artículo se establece que cuando exista una demanda laboral, las acciones penales quedan suspendidas hasta tanto los tribunales de trabajo decidan sobre el reclamo laboral.

Cornielle dijo que esta petición de prisión, a sabiendas de que lo prohíben el Código Procesal Penal y el Código de Trabajo, se realiza porque es parte de la campaña para presentar a Castillo como una persona irresponsable ante la ley, cuando la realidad es él ha dado la cara, como lo demuestra el hecho de que el pasado nueve de febrero, cuando se presentó la querella en su contra, se encontraba en el exterior y hubiera podido quedarse, y en cambio ha regresado al país para hacer frente al intento de condena moral y de persecución judicial, iniciada por sus detractores.