SANTO DOMINGO.-El presidente Leonel Fernández firmó este jueves el denominado Decreto Puente, que permitirá transparentar las contrataciones de obras, las licitaciones y las compras realizadas por el Estado. El decreto puente regirá las contrataciones de bienes y servicios, licitaciones y concesiones, hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley que regula estas actividades.
Al parecer, el presidente cedió a la presión de los organismos internacionales y la sociedad civil, quienes insistían en la necesidad de transparentar las contrataciones de obras, así como las compras y servicios del Estado, a través de una legislación rigurosa.
El Jefe de Estado dijo que con el mismo se busca parar la impunidad que, asegura, comete el que se apropia de fondos públicos por vía de los mecanismos contemplados en el decreto.
Destacó el avance que significa el decreto para el país y la sociedad dominicana y puso en manos de los legisladores la aprobación de una pieza definitiva.
En un acto realizado en el Palacio Nacional en presencia de funcionarios y representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, el mandatario recalcó que reafirma el compromiso de su Gobierno de transparentar las acciones del Estado dominicano y la lucha contra la corrupción.
"Lo hemos hecho con la finalidad de reafirmar la voluntad y el compromiso que este gobierno ha asumido desde un primer instante en una lucha en favor de la transparencia y en contra de la corrupción", puntualizó.
Precisó que el decreto establece algunos principios de los valores universales, como son la transparencia, la equidad y la eficiencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos.
"En la medida en que efectivamente se puede incurrir impunemente en actos dolosos, en el fondo se le está robando al pueblo", comentó.
Recalcó que al firmar el derecho, "lo que se esta haciendo aquí hoy es un acto de compromiso frente a la nación dominicana, frente al pueblo dominicano, ante el cual debemos rendir cuentas, porque confió en nosotros la conducción del destino nacional".
El Presidente de la República habló en presencia del vicepresidente de la Republica, doctor Rafael Alburquerque; secretarios de Estado; el doctor José Joaquín Bidó Medina, presidente de la Comisión Nacional de Etica; Moisés Pineda, representante del Banco Interamericano de Desarrollo; Dino Sinigalia, representante de la Unión Europea; Elena Brineman, representante de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).
Asimismo, Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), y Javier Cabreja, por Participación Ciudadana.
El Decreto Puente fue presentado al presidente Leonel Fernández para la firma por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, en el Salón Verde del Palacio Nacional.
Reacción de ex presidente del CODIA:
Comunicado de prensa del arquitecto Alejandro Montás
El Decreto Puente emitido por el presidente Leonel Fernández es una respuesta al reclamo de los sectores de la construcción y la sociedad civil en su conjunto, para transparentar todo lo que tiene que ver con la contratación de obras, así como las compras de bienes y servicios del Estado.
En mi condición de ex presidente del CODIA y de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, me siento altamente complacido porque esta aspiración de los sectores del país es ahora una realidad.
De ahora en adelante, no habrá dudas sobre la transparencia de las asignaciones públicas en los temas tratados por el decreto y la sociedad deberá estar tranquila porque una legislación de fuerza obrará sobre el tema.
Este decreto debe servir para regir las contrataciones del Estado hasta tanto el Congreso Nacional apruebe una legislación firme.
Cabe recordar que el referido decreto toma como base el ante proyecto de Ley introducido por nosotros en nuestra condición de diputado, en la Cámara de Diputados el 16 de marzo del 2004.
Después de que llegó en la Cámara de Diputados, el anteproyecto fue reintroducido 14 veces en la orden del día de las sesiones de la Cámara por motivación nuestra.
El espíritu intrínseco de la propuesta que hemos estado impulsando es que los gobiernos cuenten con un marco legal que prohíba taxativamente el otorgamiento de obras grado a grado, en tanto que la ciudadanía y los inversionistas se sientan protegidos.
En las últimas décadas, prácticamente todos los gobiernos han otorgado obras de grado a grado y aunque la mayoría de los sectores del país han observado esta acción como un acto de corrupción, y de hecho es así, lo cierto es que hasta ahora no existía ningún marco regulatorio fuerte para contener esa práctica.
El proyecto de ley al que aspiramos es aquel que sirva a la ciudadanía con transparencia y procure la utilización de recursos públicos de una forma eficiente y con transparencia, estableciendo principios y normas generales que rijan la contratación pública.
Ahora nos toca a nosotros, los legisladores, esperar la aprobación de una ley definitiva en el compromiso que tenemos con la sociedad dominicana.
