SANTO DOMINGO.- El arquitecto Alejandro Montás aseguró que la aprobación de una legislación definitiva sobre contratación de obras y compras del Estado evitaría al país la fuga de más de 30 mil pesos Montás dijo que ese dinero se esfuma en funcionarios corruptos que cobran entre 10 y 20 por ciento de comisiones para otorgar obras y autorizar compras en las instituciones públicas.
Por eso, el diputado Alejandro Montás, ex presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, reintroduciría en la agenda del Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.
El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) anunció también que reintroducirá este martes en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, que elaboró y presentó en el año 1999 mientras era presidente del CODIA.
El diputado Montás sostuvo que esos 30 mil millones de pesos anuales se mueven por corrupción en compras, en suministros y en contratación de servicios de mala calidad, por el clientelismo político y la politiquería.
“Eso hay que decirlo con responsabilidad, las famosas comisiones permiten compras y suministros irregulares de productos al Estado dominicano, sin concursos, sin control, sin transparencia”, enfatizó.
Comentó que el proyecto de ley que reposa en el Congreso y que reintroducirá esta semana, constituye para el país la legislación de mayor dimensión en términos económicos y fortalecerá la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
Sostuvo que la importancia de la legislación se deriva en que por ley se supone que el 40 por ciento del presupuesto nacional debe ser invertido en obras de infraestructura, en gastos de inversión pública, compras y contratación de servicios.
“En concesiones, para que se entienda la dimensión del proyecto, el gobierno pasado contrató 1,200 millones de dólares y la mayoría de los convenios firmados en el gobierno pasado fueron concesiones, una figura jurídica que por ley no existe en República Dominicana”, explicó.
Valoró la emisión del decreto puente por parte del presidente Leonel Fernández, pero aclaró que el mismo constituye un reglamento que actualiza las legislaciones vigentes a la fecha en el ámbito del aprovisionamiento del Estado.
“Ese reglamento queda circunscrito, como es natural, al marco de legislación vigente al momento de emitir el decreto. Cuáles son esas leyes? la Ley 105 de 1967, que define la metodología a licitar en la contratación de obras; la Ley 295, que define el aprovisionamiento del Estado. En fin, el decreto lo que hace es aportar nuevos elementos actualizados y vinculados a lo que es el ordenamiento, la regla de juego clara, en el ámbito de la contratación pública”, agregó.
El diputado Montás sostuvo que el concepto y los elementos de forma y fondo del decreto puente garantizan equidad, transparencia y eficiencia, dentro de la limitación de marco legal existente.
Manifestó que en el año 99, siendo presidente del CODIA, presentó el proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones y desde ese tiempo no ha descansado en procura de lograr que los diputados y senadores aprueben una legislación más amplia sobre el tema.
Al recordar la importancia que significa para el pueblo el ahorro de 30 mil millones de pesos anuales en corrupción, pidió a los senadores y diputados apoyar la iniciativa para esclarecer definitivamente el tema de las contrataciones y compras estatales.
Agregó que la pieza fue reintroducida en más de 15 ocasiones en la agenda de la Cámara de Diputados y fue aprobada en primera lectura, pero perimió y actualmente y espera aprobación congresional.
Agregó que ese anteproyecto legislativo contiene los principios de eficiencia, igualdad y libre competencia, publicidad y transparencia, economía y flexibilidad, lo que considera pilares en una legislación de ese tipo.
