SANTO DOMINGO.-La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís consideró que la acción judicial contra Frank Rainieri, Julio Iglesias, Oscar de la Renta yt otros inversionistas, es improcedente, mal fundada y carente de prueba legal.
La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó el recurso de amparo para garantizar los derechos de propiedad del Grupo Punta Cana, pronunciado por un tribunal de Higüey, en una acción iniciada en su contra por una empresa propiedad del fiscal del Distrito Nacional y sus familiares.
Es el sexto fallo que se produce en la justicia a favor de esa corporación turística, indica una información distribuida por el Grupo Punta Cana.
El tribunal colegiado ratificó que la iniciativa es improcedente, mal fundada y carente de prueba legal.
Las acciones judiciales contra la empresa fueron presentadas por el ex procurador general de la República, doctor Abel Rodríguez del Orbe, y la oficina de abogados del fiscal del Distrito, José Manuel Hernández, y su hermano Lincoln Hernández, así como la empresa de su propiedad, Elipse, S.A.
La apelación interpuesta por Rodríguez del Orbe y Lincoln Hernández Peguero solicitaba la anulación de la ordenanza 69-05 del 24 de octubre de 2005 dictada por el juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia a favor de Punta Cana.
El último fallo a favor del consorcio turístico se había producido el pasado 5 de enero, cuando el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, declaró inadmisible la denuncia de evasión de impuestos y falsedad de escritura y de comercio presentada contra Punta Cana por Rodríguez del Orbe.
Una sentencia del 15 de noviembre pasado dictada por la jueza de la Quinta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del DN, Katia Gómez Germán, rechazó la solicitud de comparecencia ante ese tribunal de los principales accionistas del GRUPO PUNTACANA, en el inicio del conocimiento de a una demanda por daños y perjuicios interpuesta por Lincoln Hernández y compartes.
El 24 de octubre de 2005, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia Altagracia, consideró irregular y ordenó al Registrador de Títulos de Higüey levantar la oposición en el certificado de título de los terrenos propiedad del GRUPO PUNTACANA, inscrita a requerimiento de Elipse, S.A. una empresa propiedad de los abogados Hernández, representados por Rodríguez del Orbe.
En el 2003, bajo una querella reclamando daños y perjuicios por alegada violación de propiedad a nombre de Elipse S.A., la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Higüey, falló en favor del GRUPO PUNTACANA aceptando su petición para que sobreseyera esta querella hasta tanto se decidiera la litis en el Tribunal de Tierras.
Posteriormente, en atención a una apelación de los hermanos Hernández, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó la decisión del tribunal de primera instancia de Higüey.
