Este asunto de la criminalidad deberá empezar por la (in) seguridad ciudadana, una categoría criminológica muy debatida y, por qué no, muy bien interpretada entre los expertos de la criminología profesional. Este artículo debería llamarse: Inseguridad Urbana y Criminología, pero como hemos prometido otro nombre, así se mantendrá, esperando sea de interés para los lectores, aunque está dirigido a los que tienen la responsabilidad del Plan Nacional de Seguridad Democrática, y dedicado al gobernante de la nación dominicana.
Desde el punto de vista criminológico más estricto, la criminalidad es una consecuencia que deriva de la inseguridad. Y al plantear el aspecto “democrático”, esta inseguridad no es una única consecuencia, ya que en el sentido amplio tenemos que, frente al delito, la delincuencia surge como la consecuencia de otras inseguridades (desempleo, hambre, pobreza, fundamentos institucionales, autorrespeto, deserción escolar, antivalores, justicia flexible para los ricos, etc.). En definitiva, el tema en que los criminólogos enfocan a la criminalidad y la inseguridad es dentro de la violencia social más agrandada, que no es una categoría fácil de entender, ya que ésta puede desdoblarse en más de una forma y ser variada. Las raíces de la violencia criminal (aquella que se riñe con la ley penal) es de origen diversificado y tiene el poder del intervenir en todo el tejido social.
Son innumerables las teorías explicativas sobre la criminalidad violenta urbana, así como han sido las descartadas por críticas sucesivas “«una vasta genealogía de fracasos». Existen muchas dificultades al hablar de violencia; no existe forma de meterla en una ciencia única, que sería la violenciología, es un término de múltiples interpretaciones y es un régimen exclusivamente humano y no pertenece a los animales, en ningún sentido. Es importante reconocer que ella es al mismo tiempo una causa de criminalidad (delincuencia real), y una consecuencia directa (violencia urbana) o indirecta (sentimiento de inseguridad) de la movilidad social. La violencia criminal se llama delito, o delincuencia; pero la inseguridad ciudadana, que es la falta capacidad punitiva del Estado, frente a sus ciudadanos, y se le llama sentimiento de inseguridad ciudadana, que es el temor de ser alcanzado por otro, a quien se considera puede ser hostil.
Si bien es cierto que en la teoría esta violencia criminal se refiere a todas y cada de las actuaciones de individuos o grupos que ocasionan la muerte de otros o lesionan su integridad física, con lo cual estamos hablando fundamentalmente de homicidios, lesiones personales, atracos, robos, tentativas de homicidios, secuestros, violación, maltrato familiar (o violencia doméstica) y muertes y lesiones en el tránsito terrestre; también es posible el connotar el aspecto de que la violencia urbana que más incide en la población tiene que ver con la soledad individual dentro de la sociedad, la cual vemos manifestarse, incluso al revés, en forma de actividades que dan la impresión de momentos alegres, como por ejemplo el consumo de alcohol en espacio abierto a ritmo de música estentórea, y el desplazamiento ininterrumpido en vehículos de motor en grupos que muchachos que se hacen acompañar de muchachas dando la impresión de estar celebrando algo. En realidad es una forma de escape, de una ciudad sumida en la inseguridad y en la violencia que empieza a convertirla en antinatural e inmoral.
Este sentimiento de inseguridad no siempre se adecua a la inseguridad real y no siempre se adecua a las diversas formas de cualquier inseguridad real; no obstante corresponde al Estado ocuparse de la inseguridad, y del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos, en lo términos que permite a una ciencia investigar un determinado fenómeno social.
¿A qué le teme realmente la gente de clase baja?, ¿al atraco, al homicidio o a la violación? ¿O la gente de gente de clase media?, ¿le teme más al atraco?; ¿y la gente de clase de ingresos altos? ¿Acaso le teme más homicidio, a la violación y menos al atraco? Y en definitiva por qué. Todas estas interrogantes son las que permiten arman un verdadero Plan de seguridad ciudadana, pues, como hemos dicho, es realmente subjetivo lo que piensa la gente en relación al grado real de inseguridad.
A partir de esta parte, es que surge el tema de la ciudad sin control y los tipos de modelos de ciudad que nos permiten reconocer el nuestro una acción tendente a ejercer una suerte de control sobre el espacio que la violencia lo hace indefendible. Así tenemos, en distintas épocas y lugares, sobre todos en países latinoamericanos, ha habido ciudades que han correspondido a denominaciones tales como: Aldea Urbana, Fortaleza Urbana, Espacio Defendible, Ciudades Duras y Ciudades inmorales y antinaturales. Todos estos nombres acuñados por criminólogos latinoamericanos, en los años 70, cuando se carecía de informaciones sobre la violencia, sirvieron de punto de discusión del fenómeno de la violencia urbana, tal como nos ocurre hoy.
Esta inseguridad que se manifiesta en varios niveles de la previsibilidad del comportamiento de una persona con respecto a otra es un fenómeno esencialmente urbano (que generalmente ocurre en una calle, un ascensor, un destacamento de policía, entre otros), y la apreciamos en la llamada seguridad personal, urbana o ciudadana; en la (in) seguridad jurídica, existe por veces una mayor tolerancia.
La (in) seguridad a la que nos vamos a referir es la ciudadana, que se define en función de la relación objetiva –no subjetiva– del Estado con sus ciudadanos. Para comprender esta relación los especialistas de la criminología primero fundamentan sus explicaciones en base a las cifras y a los hechos conocidos a través de los medios de comunicación, de las actividades que realizan las comunidades, los centros que ofrecen servicios sociales, como los hospitales, las escuelas, los cuarteles; advierten sobre ciertos peligros del manejo apresurado de una rápida solución a estos fenómenos y, sobre todo, señalan que las opiniones ya formuladas, muchas de ellas apresuradas, oficialistas, no son las que deberán empelarse, sino que a posteriori es un estudio previo y completo de los distintos casos, que aunque ocurridos por separados, merecen una explicación común y consistente.
Al analizar los contenidos más importantes de la inseguridad ciudadana, tenemos, entre ellos, el sentimiento de la posible violencia y las conductas que no son aptas para la supervivencia. En relación o frente al delito, tenemos que sentimos la inseguridad ciudadana, unas veces como: delito violento, carencia de certezas frente a las expectativas vitales generales, y como desconfianza generalizada hacia las actitudes del Estado, en relación a la vida de los ciudadanos.
Las causas de estas y otras inseguridades de los ciudadanos tienen su origen en el uso que estamos dando al Estado, el modelo de ciudadanía, el modelo de sistema social, el rol del dinero, la concepción del delincuente sólo como sujeto peligroso, la carencia de reglas justas, la forma de escalar socialmente, y la idea de lo que realmente es una ciudad (aquí si es necesario, preguntarnos si podemos nosotros tener una ciudad como Santiago de Chile o como Upsala).
La definición oportuna de la criminóloga venezolana Lolita Aniyar de Castro, sobre la inseguridad ciudadana, como «el mayor grado posible de previsibilidad razonable frente a la facultad punitiva del Estado: Derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, y a la seguridad jurídica»…«Es la relación ciudadano-Estado»; es una forma clara de que al hablar de seguridad o inseguridad ciudadana lo básico es darse cuenta si el Estado posee, en relación a la ciudadanía normas legales, si domina una actitud adecuada con respecto a las necesidades elementales de los ciudadanos (techo, trabajo, alimento, educación, seguridad individual, etc.), o si el Estado, ha estado generando inseguridad ciudadana, a través del Ministerio Público, la Policía Nacional, los militares, etc,.
El Estado es importante, ya que vemos como él se refiere al ocio, la vagancia, los maleantes, el método de trabajo de los cuarteles policiales en los barrios, la actitud hacia las causas de la conflictividad barrial (el poco desarrollo social y barrial), la falta de conciencia política, en general, pero no se hace responsable de que esto continúe pasando. Los ciudadanos, por su parte, prefieren reclamar de la Administración de Justicia, si es ineficiente, lenta o corrupta, de las Ejecuciones extrajudiciales, las Redadas mal hechas (tanto de fondo como de forma), el control policial: mano dura, método de control policial, y algunos otros aspectos de la ley penal son portadores de inseguridad (el Código Procesal Penal, que sus aplicadores no sean políticos).
Sobre todos estos aspectos emerge la criminología científica, y los maravillosos resultados sobre qué hacer con la violencia de la ciudad. En el nivel inferior es reconocer que no existe una estructura para abordar el tema de la violencia urbana, y, decimos nosotros, tampoco para implementar el Plan de Seguridad Democrática.
Si bien es cierto que el delito no es toda la violencia que existe, al menos el delito, se estudia científicamente. Esa es la razón por la que se piensa en el instituto de criminología, como la agencia social al servicio del gobierno que sirve para ayudar al Estado en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que no depende sólo de la llamada violencia urbana o la violencia criminal, ni se limita a que hayan muchos policías y militares en las calles enfrentado a los ofensores comunes de la llamada pequeña criminalidad.
No es cierto que los problemas de seguridad urbana de este país lo va a resolver la institución policial. A los que dicen que la Policía Nacional adolece de no tener recursos económicos, nosotros le decimos que el problema es más bien ético. La seguridad urbana hay que verla como un estado mental de los ciudadanos. Hay una gran diferencia cuando decimos que la ciudad está en control, que todos nosotros sentimos que hay control, que cuando se utiliza a los agente de la Policía para mantener bajo control a los delincuentes, porque los demás se sienten inseguros. Y hay una gran diferencia cuando se dispone de un organismo que se antepone a problemas de este tipo, realizando estudios adecuados para entender el por qué se desvía una determinada conducta social peligrosa.
De las teorías del delito es que surgen las técnicas del control social de la criminalidad, el cual ha de ser esencialmente inclusivo, comunitario, blando, y participativo para todos, incluyendo a los delincuentes, que son en su mayorías jóvenes, que viven una generación distinta a la nuestra, que no se adapta a valores de antes, muchos de los cuales nosotros mismos hemos olvidado, y ocurre que los muchachos de ayer que ahora son los jóvenes adultos de hoy. Por tanto, no es posible combinar el manejo de la delincuencia con el control duro, tal como lo está haciendo ahora el Plan de Seguridad democrática, ante el auge del fenómeno criminal.
Este problema de la delincuencia es esencialmente un problema del sistema social, que afecta particularmente a la gente joven. Visto así, en movimiento, revela que la Justicia y la Policía se hacen cargo del fracaso de otros sistemas concretos, que al relacionarlos con los delincuentes, nos dicen cosas como: muchos de ellos no logran trabajar, vienen de familias rotas e incompletas, son desertores de las escuelas, también son unos desaventajados del sistema de salud, por la mendicidad en que viven y por el fenómeno de las madres adolescentes solteras, entre otros asuntos.
Hace cuarenta años un escritor brasileño “Jorge Amado”, le dedicó una novela, en la que nos enrostraba a la cara la realidad de la delincuencia: los niños de hoy viven como adultos, y los adultos se comportan como niños, razón por la cual no hay que sorprenderse de que esto nos esté pasando a todos. Con estas fórmulas deseo integrarme a la discusión racional para contribuir al tema de la delincuencia estricta, que va más rápido de lo que en realidad podemos soportar, con los llamados “barrios seguros”: Lo que si deseamos plantear es que para llegar a este punto del plan, era necesarios realizar algunos estudios previos, que orienten con sus hallazgos a los que se han interesados en esto.
Al Plan de Seguridad Democrática en la República Dominicana le hace falta los servicios de la criminología científica, ya que la Constitución de la República no ha podido ser el manual de seguridad ciudadana que se esperaba que fuera.
Debido a esta razón es que existe una preocupación legítima y patente cuando alguien dice por ahí, por qué es la Procuraduría General de la República la que está a cargo de dicho Plan, y no un Instituto Nacional de Criminología, creado por el gobierno, para que realice los estudios apropiados, explique eficazmente las causas de la delincuencia, analice sus cifras y haga sus propuestas oficiales.
La razón de este instituto es investigar las causas del alarmante auge de la criminalidad; no hemos podido entender el por qué las autoridades del gobierno no parten de él, incluso antes de atender el fenómeno de la inseguridad ciudadana. La criminología estudia el delincuente y su producto que es el delito, también se ocupa de la población que está en riesgo de la delincuencia (inseguridad ciudadana) y de los métodos necesarios para su prevención racional orientada al cambio de modelo social (control social). Para saber en un nivel más complejo el tema de la delincuencia es necesario contar con un organismo que centralice los problemas que en ella se generan. Posiblemente alguien pueda estar de acuerdo, ser receptivo de esta afirmación: la criminalidad puede medirse, debe ser valorada como una conducta, y por lo tanto, se puede eficazmente determinar sus causas (que son humanas).
También la criminalidad tiene un costo material para el Estado, y lo más importante, es que al someterla a estudio, nos indicarán las tendencias y los niveles de peligrosidad social a los que está llegando. En España existe el Centro Reyna Sofía para el Estudio de la Violencia Urbana, cuya finalidad es desarrollar planes para la disminución del fenómeno criminal. Desde hace mucho tiempo ha existido un interés febril para que los problemas que derivan de la delincuencia estén bajo la responsabilidad de un organismo especializado. Recordemos el año de 1970, en la que el insigne profesor Leoncio Ramos presentó todo un proyecto de instituto de criminología, digno de aprobación, pues lo había pensado en su justa dimensión. Leoncio Ramos es el padre de la criminología dominicana, aunque no oficialmente. Nadie se ha dignado a reconocerle ese mérito.
Sería un gran paso de avance si el gobierno central le hecha un vistazo a dicho proyecto. Inspirado en un maestro, el doctor Luis Jiménez de Asúa, de acuerdo a una ley argentina de 1953, el instituto deberá tener las siguientes funciones: a) Asesorar a jueces que le requieran un diagnóstico de homicidio y otros peritajes criminológicos prácticos; b) Asesorar técnicamente a la organización del servicio policial que atiende a la ciudad y 3) Asesorar la institución penitenciaria en relación al modelo diversificado de tratamiento (siempre en relación al personal penitenciario), ya que la prisión es un proceso que incluye la condena, la condena condicional y la liberación. Aunque existan otras designaciones de instituto de criminología, lo importante es que éste no debe pertenecer a la Dirección de Prisiones o a la Policía Nacional, ni sea parte integral de cuerpo técnico del INACIF ya existente. Deberá servir de soporte técnico a los organismos persecutores del delito, hacer las propuestas a corto y largo plazo de lo que tiene que hacer el país para bajar los índices de violencia criminal; se ocupa de control y de la desviación social. Hace aportes puntuales sobre la lucha incesante que hay que tener frente al delito que no se detiene nunca, sobre todo cuando son otras las otras instituciones que se descuidan con respecto a esta problemática; analiza las cifras de la criminalidad, de donde surgen las teorías, que a su vez, se convierten en planes y finalmente surgen los programas, como ahora el Plan de Seguridad Democrática, que de tener éxito deberá ser permanente.
El Instituto de Criminología deberá ser un órgano administrativamente adscrito a la Procuraduría General de la República, el brazo judicial del Poder Ejecutivo y cabeza del Ministerio Público, cuya naturaleza es investigar los delitos.
