SANTO DOMINGO.- Estados Unidos parece que no pega una en América Latina desde que apareció el fenómeno Hugo Chávez en Venezuela, situación que se agravó con la asunción de Evo Morales en Bolivia y desde los intentos de crear una ley con el apoyo del Presidente Goerge W Bush, para declarar delincuentes a los inmigrantes que viven y trabajan en territorio norteamericano sin contar con la documentación correspondiente.
La iniciativa ya aprobada en la Cámara de Representante y pendiente de conocimiento en el Senado, afectaría también, a los demás residentes nacidos fuera del territorio estadounidense, en especial a los latinos, que se cuentan por millones y en torno a los cuales hay analistas que auguran que en un tope de un siglo habrán formado una Nación Hispanoamericana en el propio territorio norteamericano.
La construcción de un muro en la frontera con México de más de 1 mil 600 kilómetros que seria extendido hasta el territorio de Guatemala, incluida en la referida ley, hizo que el Presidente de este empobrecido país centroamericano, Oscar Berger, copiara de su colega boliviano, Evo Morales y la emprendiera contra la política migratoria norteamericana que busca perseguir de forma implacable por “delincuentes” a unos 12 millones de personas que viven “ilegalmente” en Estados Unidos.
Evo Morales lo hizo por las presiones del gobierno de George W Bush en torno a los cambios en los mandos militares en Bolivia.
Berger calificó como un absurdo la decisión de Estados Unidos de construir un muro en su frontera y rechazó los nuevos condicionamientos impuestos para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica al que entraría a partir de julio próximo la República Dominicana.
El presidente guatemalteco aseguró que su gobierno no aceptará nuevas demandas de la parte norteamericana para la entrada en vigencia del acuerdo.
"Cambios fundamentales no deberíamos permitir, porque ese es un tratado que ya fue aprobado por el congreso y discutido y analizado por la parte norteamericana", dijo Berger.
Por la forma directa que lo afecta, el mayor problema migratorio lo vive Estados Unidos con Mèxico cuyo gobierno ha rechazado las pretensiones de sus vecinos con su política migratoria.
En Estados Unidos un trabajador de cada siete es inmigrante y de ellos cerca de 40 por ciento proviene de México y de América Central, según un estudio rediente de la oficina de presupuesto del Congreso.
Más de 21 millones de personas que trabajaban en Estados Unidos en 2004 nacieron en el extranjero y la mitad de ellos llegó al país en los últimos 15 años, precisó un estudio presentado ante el Congreso, basado en estadísticas gubernamentales. La mayoría son inmigrantes latinoamericanos.
LA REACCION DE FOX
El Presidente mexicano con apellido anglosajón, Vicente Fox, había calificado el proyecto de ley de inmigración estadounidense de "vergonzoso", racista y una idea estúpida", al tiempo que anunciaba una campaña de presión internacional en contra de la medida que de inmediato encontró apoyo internacional, incluso dentro del propio territorio angloamericano.
La organización Amnistía Internacional dijo que la extensión del muro sería un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
La propuesta incluye la extensión del muro por más de 1.600 kilómetros.
En un editorial, el diario estadounidense "The New York Times" calificó el proyecto de "xenófobo" y "miope".
Recientemente, los cancilleres de cuatro países latinoamericanos -México, Colombia, Panamá y El Salvador- viajaron a Washington para reunirse con la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y manifestarle sus preocupaciones por el proyecto de ley del congresista James Sensenbrenner.
Previamente once cancilleres y viceministros de países latinoamericanos se reunieron en Cartagena, Colombia, con el fin de diseñar una estrategia conjunta en contra de la propuesta antiimigratoria del País del Norte.
Miembros del grupo de los once países que se reunieron en Cartagena planean lanzar una campaña de lobby en Washington para buscar una ley inmigratoria con un programa de trabajadores temporales y vías para que algunos de ellos puedan convertirse en residentes permanentes.
Los responsables de la política exterior de sus respectivos países dicen que el proyecto de ley Sensenbrenner viola los derechos humanos de millones de sus compatriotas -tanto residentes legales como ilegales- al convertir a todos los hispanos en sospechosos de delincuencia, y forzando a que las nuevas oleadas de inmigrantes busquen formas más peligrosas de cruzar la frontera.
Actualmente, unos 300 emigrantes mueren en el intento de cruzar la frontera cada año.
El gobierno del presidente Bush dice que "apoya firmemente" el proyecto de ley, aunque añade que quisiera que el Congreso incluyera un programa de trabajadores temporales.
No hay duda de que hay una crisis inmigratoria. Existen unos 11 millones de
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos -más del 80 por ciento latinoamericanos y caribeños- y dos tercios de ellos llegaron al país en los últimos diez años. Según la mayoría de los estudios, un récord de 500.000 inmigrantes ilegales está llegando anualmente a los Estados Unidos.
Es que no solamente se verían afectados los 11 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, sino también el de unos US$ 32.000 millones que los inmigrantes envían anualmente a sus familiares en estos países.
En algunos de ellos, como México, El Salvador Y República Dominicana, las remesas se han convertido en una fuente importante de crecimiento económico, que se podría frenar si hubiese deportaciones masivas.
DESPUES DE CHAVEZ, EVO….
“Llegó la hora de dignificar a Bolivia y recuperar todos nuestros recursos naturales, afirmó el presidente Evo Morales Aima luego de promulgar las leyes de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y al Referéndum Autonómico en solemne ceremonia en el palacio Quemado.
Rechazó cualquier "chantaje, amedrentamiento o intimidación" proveniente de agentes externos o de "algún embajador de Estados Unidos" al que no le agrade algún ministro, viceministro y comandante. Esto en relación a la descertificación del ejército de Estados Unidos a la Fuerza Contra Terrorista Conjunta (FCTC), por el relevo de su comandante.
Al acto asistieron congresistas, dirigentes de movimientos sociales, embajadores, prefectos departamentales, defensores de derechos humanos ante quienes el mandatario recordó que esta convocatoria a la constituyente, que primero demandaron los pueblos indígenas, costó más de 300 muertos, más de 6 mil heridos, más de 10 mil detenidos en las luchas populares. También entre los muertos hubo policías y militares, recordó, "mal utilizados al servicio de intereses externos, ajenos al pueblo boliviano".
Agregó que ahora siente que cuenta "con dos estados mayores: el estado mayor del pueblo y el estado mayor de las fuerzas armadas (FA) que garantizarán la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los recursos naturales". Que se cuiden quienes pretenden "imponer o chantajear", subrayó, "defenderemos la soberanía de Bolivia sin ningún miedo, sin ningún temor", además de que "tenemos el apoyo de la comunidad internacional", indicó Morales Aima.
El presidente indígena eligió para denunciar las presiones de Estados Unidos el marco de la celebración, por la mañana, del 21 aniversario de la erección del municipio de El Alto, ciudad fundamentalmente indígena que pagó una alta cuota de sangre en las movilizaciones contra la privatización de los recursos naturales.
Señaló que la descertificación por parte del ejército de Estados Unidos de la FCTC ocurre "porque no aceptamos el veto o el cambio de un comandante". Afirmó que Bolivia es digna y "ningún comandante va a ser cambiado a pedido de las fuerzas armadas estadounidenses".
"Misión cumplida" en seis semanas como presidente, aseveró en su alocución matutina, refiriéndose a la convocatoria a la Constituyente. También llevaba bajo el brazo el anuncio hecho el domingo por el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, de que el gobierno buscara asumir el control accionario de las 10 empresas "capitalizadas" (privatizadas) que manejan sectores estratégicos como telecomunicaciones, petróleo, ferrocarriles, electricidad, y la aerolínea nacional, para tener la capacidad de tomar decisiones en materia de inversiones, impuestos, salarios y nombramiento de funcionarios.
Morales Aima ofreció que seguirá cumpliendo paso a paso "lo que está pidiendo el pueblo boliviano", tal como un nuevo modelo de desarrollo y la nacionalización de los hidrocarburos, y advirtió que se requiere de una gran unidad nacional para hacer frente a las tareas pendientes para poder cambiar la historia nacional, pero también "desde Bolivia convertirnos en esperanza de Latinoamérica."
Lamentó que el comandante del grupo militar estadounidense en Bolivia, Daniel Barreto, busque "chantajear, amedrentar o intimidar a nuestras fuerzas armadas (FA)", en carta enviada el pasado 3 de marzo al comandante en jefe de las FA del país, en la cual anuncia que va a descertificar a la FCTC y a suspender la cooperación y la asistencia económica a este grupo de las fuerzas armadas de Bolivia.
El texto de la citada carta informa que "la cooperación y entrenamiento a la FCTC será recortada de inmediato debido a los recientes cambios de comandante en la unidad… basado en la falta de confianza e inhabilidad de mantener y aplicar Seguridad Operacional".
Detalla que se tomarán medidas como el retorno de todo el armamento y equipo entregado a la unidad por un valor de 70 mil dólares y otras que totalizan 300 mil dólares.
El presidente Morales reclamó: "Si quieren hacer alguna comunicación oficial sobre la ayuda militar o cualquier cooperación es tarea del embajador de Estados Unidos comunicar oficialmente a la Cancillería o a un ministerio y no usar a un general de las fuerzas armadas para que mande cartas de intimidación".
