SANTO DOMINGO.-Una entidad que dice ser soporte del Ministerio Público deploró que personalidades del país planteen modificar el Código Procesal penal, como respuesta a la ola delictiva que afecta al país El Patronato de Apoyo al Ministerio Público consideró como altamente preocupante que como respuesta a la delicada situación de inseguridad ciudadana que vivimos en la actualidad, importantes personalidades y sectores de la vida nacional, dentro de los que se destacan personas con la autoridad moral de Monseñor Agripino Núñez Collado, estèn señalando como responsable de ese mal a la nueva normativa procesal penal, segùn una comunicación remitida al Dr. Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Dicha misiva expresa que dicha institución asume la Ley No. 76-02 o Código Procesal Penal “como uno de los avances sociales màs trascendentes que ha tenido nuestra naciòn desde su fundaciòn en el año 1844, en tanto constituye la superaciòn històrica de un sistema de procedimiento penal difuso, obsoleto y desconocedor de las convenciones internacionales sobre derechos humanos de los cuales nuestro paìs es signatario”.
Afirma la entidad que los datos ofrecidos por el Juez de ese alto tribunal Vìctor Josè Castellanos Estrella en un reciente foro sobre la implementaciòn del nuevo proceso penal, asì como las estadìsticas recogidas en los diferentes distritos judiciales sobre el avance del proceso de liquidación de expedientes y la agilidad y soluciòn de los procesos penales en curso, contradicen los argumentos de los detractores de la nueva normativa.
La organización no gubernamental solicitò al Presidente de la Suprema Corte de Justicia ofrecer a los medios de comunicación las estadìsticas que, segùn afirman, “muestran de manera irrefutable los avances en la administración de justicia que se han registrado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 76-02”, asì como fijar una posición firme en defensa de esta legislación, “a fin de evitar que consideraciones infundadas y conciliàbulos polìticos circunstanciales motiven una modificaciòn extemporánea de una legislación que debe ser evaluada en su justa dimensiòn y con la participación de sus actores principales, esto es, jueces, fiscales, policìas y abogados”.
Asimismo, considera como atinadas las afirmaciones del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. José Manuel Hernández Peguero, en el sentido de que es urgente la descentralización de la Policía Nacional en lo que respecta a la creación de una Policía Tècnica Judicial (PTJ), que dependa directamente del ministerio pùblico y que su funciòn exclusiva sea la investigación y persecusiòn de los hechos delictivos y criminales, “tal como sucede en Mèxico, Venezuela y otras ciudades latinoamericanas con altas tasas de criminalidad”.
Respecto a la situación particular de la administración de justicia en el distrito judicial de la Provincia Santo Domingo, el Patronato considera como urgente que urgente el establecimiento de por lo menos dos càmaras penales adicionales este distrito judicial, en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, asì como la construcciòn del Palacio de Justicia de Santo Domingo, como medida para evitar el congestionamiento, el hacinamiento y las dificultades procesales que se confrontan en ese distrito judicial.
