Santo Domingo.- El Patronato de Apoyo al Ministerio Público consideró hoy como altamente preocupante que, como respuesta a la delicada situación de inseguridad ciudadana que vivimos en la actualidad, importantes personalidades y sectores de la vida nacional, estén señalando como responsable de ese mal a la nueva normativa procesal penal.
El criterio del Patronato está consignado en una comunicación remitida al doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En la misma se identifica a Monseñor Agripino Núñez Collado entre las personas que se destacan en ese planteamiento.
Dicha misiva expresa que dicha institución asume la Ley No. 76-02 o Código Procesal Penal “como uno de los avances sociales más trascendentes que ha tenido nuestra nación desde su fundación en el año 1844, en tanto constituye la superación histórica de un sistema de procedimiento penal difuso, obsoleto y desconocedor de las convenciones internacionales sobre derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario”.
Afirma la entidad que los datos ofrecidos por el Juez de ese alto tribunal Víctor José Castellanos Estrella en un reciente foro sobre la implementación del nuevo proceso penal, así como las estadísticas recogidas en los diferentes distritos judiciales sobre el avance del proceso de liquidación de expedientes y la agilidad y solución de los procesos penales en curso, contradicen los argumentos de los detractores de la nueva normativa.
La organización no gubernamental solicitó al Presidente de la Suprema Corte de Justicia ofrecer a los medios de comunicación las estadísticas que, según afirman, “muestran de manera irrefutable los avances en la administración de justicia que se han registrado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 76-02”, así como fijar una posición firme en defensa de esta legislación, “a fin de evitar que consideraciones infundadas y conciliábulos políticos circunstanciales motiven una modificación extemporánea de una legislación que debe ser evaluada en su justa dimensión y con la participación de sus actores principales, esto es, jueces, fiscales, policías y abogados”.
Asimismo, considera como atinadas las afirmaciones del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. José Manuel Hernández Peguero, en el sentido de que es urgente la descentralización de la Policía Nacional en lo que respecta a la creación de una Policía Técnica Judicial (PTJ), que dependa directamente del ministerio público y que su función exclusiva sea la investigación y persecución de los hechos delictivos y criminales, “tal como sucede en México, Venezuela y otras ciudades latinoamericanas con altas tasas de criminalidad”.
Respecto a la situación particular de la administración de justicia en el distrito judicial de la Provincia Santo Domingo, el Patronato considera como urgente que urgente el establecimiento de por lo menos dos cámaras penales adicionales este distrito judicial, en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, así como la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo, como medida para evitar el congestionamiento, el hacinamiento y las dificultades procesales que se confrontan en ese distrito judicial.
A CONTINUACIÒN, EL TEXTO INTEGRO DE LA COMUNICACIÓN AL DR. SUBERO:
13 de marzo, 2005
Señor
Dr. Jorge Subero Isa,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
SU DESPACHO.-
Honorable Magistrado:
Cortésmente, nos dirigimos a usted con el interés de exponerle, en nombre del PATRONATO DE APOYO AL MINISTERIO PUBLICO (PAMP), institución creada en el mes de agosto del 2003, e incorporada al Poder Ejecutivo, mediante Decreto No. 136-04, del 24 de febrero del 2004; algunas consideraciones sobre el proceso de implementación del Código Procesal Penal, en el contexto de la actual ola de violencia y criminalidad que afecta al país.
Para nuestra institución es altamente preocupante que como respuesta a la delicada situación de inseguridad ciudadana que vivimos en la actualidad, importantes personalidades y sectores de la vida nacional, dentro de los que se destacan personas con la autoridad moral de Monseñor Agripino Núñez Collado, estén señalando como responsable de ese mal a la nueva normativa procesal penal.
Esta institución asume la Ley No. 76-02 o Código Procesal Penal como uno de los avances sociales más trascendentes que ha tenido nuestra nación desde su fundación en el año 1844, en tanto constituye la superación histórica de un sistema de procedimiento penal difuso, obsoleto y desconocedor de las convenciones internacionales sobre derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario.
El señalamiento del Código Procesal Penal como causante o promotor de la delincuencia y la criminalidad, aunque desacertado y desproporcionado, es probablemente el grito desesperado de una sociedad alarmada y extenuada por un flagelo social que parece incontrolable.
Sin embargo, los datos ofrecidos por el Juez de ese alto tribunal Víctor José Castellanos Estrella en un reciente foro sobre la implementación del nuevo proceso penal, así como las estadísticas recogidas en los diferentes distritos judiciales sobre el avance del proceso de liquidación de expedientes y la agilidad y solución de los procesos penales en curso, contradicen los argumentos de los detractores de la nueva normativa.
Si hay una institución que tiene autoridad moral para opinar sobre este proceso la Suprema Corte de Justicia, toda vez que a partir de que dictara la Resolución 1920-2003 ha jugado un rol protagónico trazando las normas complementarias y adoptando las decisiones administrativas que han hecho posible la total y eficaz entrada en vigencia de este instrumento legal.
Es por ello que nuestra institución solicita al Presidente de la Suprema Corte de Justicia ofrecer a los medios de comunicación las estadísticas que muestran de manera irrefutable los avances en la administración de justicia que se han registrado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 76-02, y fijar una posición firme en defensa de esta legislación, a fin de evitar que consideraciones infundadas y conciliábulos políticos circunstanciales motiven una codificación extemporánea de una legislación que debe ser evaluada en su justa dimensión y con la participación de sus actores principales, esto es, jueces, fiscales, policías y abogados.
Compartimos en su mayor parte las conclusiones del estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo en torno a la necesidad de que el análisis sobre el tema de la violencia y la criminalidad tenga como base las causales sociales que le dan origen, como son la desigualdad social y la corrupción administrativa que fomenta la pobreza y la marginalidad.
Asimismo, consideramos atinadas las afirmaciones del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. José Manuel Hernández Peguero, en el sentido de que es urgente la descentralización de la Policía Nacional en lo que respecta a la creación de una Policía Técnica Judicial (PTJ), que dependa directamente del ministerio público y que su función exclusiva sea la investigación y persecución de los hechos delictivos y criminales, tal como sucede en México, Venezuela y otras ciudades latinoamericanas con altas tasas de criminalidad.
Respecto a la situación particular de la administración de justicia en el distrito judicial de la Provincia Santo Domingo, este Patronato ha fijado especial atención desde su fundación. Consideramos que es urgente el establecimiento de por lo menos dos cámaras penales adicionales este distrito judicial, en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, como medida para evitar el congestionamiento y las dificultades procesales que se confrontan en la actualidad.
Los edificios habilitados provisionalmente para alojar las áreas administrativa y contenciosa de la jurisdicción penal de Santo Domingo, resultan ya insuficientes para atender los requerimientos de la administración de justicia, razón por la cual este Patronato informa a ese Despacho que en coordinación con la Fundación Desarrollo y Descentralización, que preside el empresario Rafael Burgos Gómez, estamos promoviendo un Comité de Apoyo al Poder Judicial para la Construcción y Equipamiento del Palacio de Justicia de Santo Domingo.
Con elevados sentimientos de respeto y consideración, le saludan,
Deferentemente,
Alberto Tavárez Fernández José Alejandro Ayuso
Presidente Ejecutivo Vicepresidente
José del Castillo Bienvenido Ruiz Lantigua
Director Director
Constantino Ramírez José Eliseo Almànzar
Director Miembro
Rafael Burgos Gómez
Asesor
