En el mundo de hoy, cada vez adquiere mayor relevancia la necesidad de una conducta ética en la gestión de las empresas y asumir prácticas gerenciales congruentes con los distintos intereses que coexisten en el entorno empresarial. Como no se persigue en estas cuartillas realizar un análisis epistemológico de ambos conceptos, vamos a partir de la idea que la ética, como ciencia, estudia y valora los actos morales, o actos humanos; y la responsabilidad social empresarial o corporativa, el compromiso o el deber que tiene toda empresa, de alcanzar su misión respetando los derechos de los distintos grupos de interés internos y externos que inciden en ella.
Ambos conceptos encierran entonces una forma de evaluar la actuación de quienes asumen el compromiso de dirigir entidades, sean estas públicas o privadas, o de cualquiera de los sectores de la economía. En el caso de las empresas que cotizan en bolsas, que todavía no es el de la inmensa mayoría de las dominicanas, la actuación ética y socialmente responsable, es la vía expedita para proyectar una imagen que envíe señales positivas a los inversionistas.
Al mencionar grupos de interés, se hace referencia a entidades, grupos sociales o individuos que, dentro o fuera de la empresa, en forma directa o indirecta, reciben el efecto de lo que haga o no haga la entidad.
En las universidades, entidades sin fines de lucro y alma mater donde se forjan y forman los hombres y las mujeres que habrán de conducir tales organizaciones, la responsabilidad, podríamos afirmar, es doble.
De acuerdo con la ley que las rige, las universidades tienen la responsabilidad de “proporcionar formación científica, profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel. Contribuir a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura nacional, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia del orden democrático”.
En ellas, los grupos de interés internos lo conforman los profesores, los estudiantes, el personal de apoyo y las propias autoridades académicas y administrativas.
En el ambiente externo, están los aspirantes a ingresar como alumnos, los proveedores de productos y servicios, las demás entidades integrantes del sistema de educación superior, ciencia y tecnología; las empresas, los gremios de profesionales y demás organizaciones de la comunidad. Finalmente esta la sociedad toda, que recibe los resultados del quehacer universitario.
¿Cuales son los derechos que deben ser respetados de los referidos grupos de interés, para que la actuación de un gerente universitario pueda ser considerada socialmente responsable y correcta desde el punto de vista ético?
Los alumnos, tienen el derecho a recibir una educación pertinente, condición que debe quedar expresada en planes de estudios y programas que sean congruentes con la realidad económica y social vigentes; servicios institucionales eficientes y eficaces, personal docente de elevada calificación; participación democrática en las decisiones; respeto a su dignidad humana, entre otros. El título que recibe un alumno al graduarse y que lo acredita como profesional en cualquiera de las áreas del saber, debe y tiene que representar una formación integral y competitiva.
El personal académico tiene, además de sus correspondientes deberes, derechos: respeto a su dignidad humana, remuneración justa y estable que le garantice una vida digna y mantenerse actualizado en su área profesional; un contrato académica con una carga equilibrada en labores de docencia, investigación y extensión; la posibilidad de acceso a bibliografía y tecnología actualizadas, condiciones de trabajo que no atenten contra su salud física y emocional, así como planes de seguridad social que lo proteja verdaderamente de las contingencias junto a sus familiares directos.
El personal de apoyo tiene, en adición a sus deberes, los derechos que como tales, les consignan las reglamentaciones institucionales: ingreso por méritos; estabilidad laboral y remunerativa; condiciones de seguridad e higiene laboral que prevengan las enfermedades profesionales y los accidentes que pongan en riesgo su vida; recibir capacitación que les permita su desempeño deficiente y su desarrollo personal, entre otros.
Si nos ubicamos en el entorno, los alumnos aspirantes a ingresar a las universidades, tienen el derecho de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Podemos afirmar, que hoy, los estudiantes pobres no pueden estudiar ni siquiera en la universidad pública, que es prácticamente gratuita, porque el costo de la educación superior no se limita al pago de la matrícula, sino que incluye: vivienda, alimentación, vestido, libros, materiales, transporte, entre otros. Sin un programa de becas y/o crédito educativo, resulta imposible para un segmento amplio de la población con vocación y actitud, acceder a la educación postsecundaria.
Los egresados tienen el derecho de estar representados en las instituciones de educación superior, y realizar sus aportes en base a la experiencia acumulada en su ejercicio profesional. Los gremios y colegios profesionales tienen que ser consultados en muchas de las decisiones que se toman a nivel universitario.
Las empresas, como receptoras del producto de las universidades, tienen el derecho de ser consultadas en cuando al perfil de los profesionales que demandan, así como en cuanto a la pertinencia de los proyectos de investigación que se desarrollen en las universidades y que tengan una incidencia directa con las mismas.
Los proveedores de bienes y servicios, tienen el derecho de competir en buena lid, de modo que sus ofertas sean valoradas en igualdad de condiciones que las de los demás competidores.
Ninguna universidad puede, ni debe, adquirir bienes o servicios sin evaluar las distintas ofertas, con lo que garantizaría el debido respeto a los derechos de los interesados y adquirir el mejor producto o servicio al precio más razonable.
No puede, ni debe una universidad, realizar acciones que beneficien o perjudiquen a un determinado partido político en detrimento de los demás, ni expresar actitudes, que puedan interpretarse como tal.
Las universidades laicas tienen el deber de respetar todas aquellas universidades que profesan o se definen como creyentes o defensoras de una determinada religión. En consecuencia, deben dispensarles un trato no discriminatorio.
La sociedad, que financia las instituciones, sea por vía directa mediante el pago de la colegiatura de los alumnos, o en forma indirecta, por medio del pago de los impuestos, tiene el derecho de recibir la rendición de cuentas que deben hacer los máximos responsables de esas instituciones. Por imperativo ético, o por mandato de la ley. En la prensa nacional y en sus páginas electrónicas, deben aparecen los informes sobre el despeño financiero y sobre los resultados académicos semestrales o anuales.
Es parte importante de la responsabilidad social de la universidades, orientar debidamente a la población, desde la perspectiva de la ciencia, haciendo abstracción de los intereses económicos, políticos, religiosos o de cualquier otra índole, que muchas veces están solapados en las posiciones que emergen en los distintos temas que a diario se debaten en el plano nacional.
Son las universidades, en cumplimiento de ese rol, las responsables de presentar el punto de vista de la ciencia, sin estridencias ni ofensas, con la verdad científica como estandarte. Para llegar a esa verdad sólo hay un camino: el camino de la investigación científica.
Consideramos pertinente resaltar que la gerencia universitaria tiene que ser ejercida en base a un conjunto de valores que han sido debidamente identificados y recogidos en el marco legal regulatorio, como son: la identidad y cultura nacional; el respeto al ser humano, su dignidad y su libertad; la libertad de discusión y el pluralismo ideológico, político y religioso; el espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana; el rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción del conocimiento; la creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad;la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación superior, sin que medien prejuicios por origen social, etnia, religión o género; la autoestima cultural y del talento nacional; el aprecio de la capacidad innovadora y de invención; la actitud de servicio y rendición de cuentas a la sociedad como beneficiaria y sustentadora de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales; la actitud de cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y las naciones; la actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de adaptación a
los cambios nacionales e internacionales.
Si el compromiso ético y la responsabilidad social entrañan el respeto de los derechos referidos por parte de la gerencia universitaria, esa responsabilidad incluye también la garantía de que los mismos grupos de interés, cumplan debidamente con sus deberes, tema que podría ser tratado en otra entrega.
