El pasado 16 de diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que afecta a inmigrantes legales e indocumentados, a ciudadanos, a dueños de negocios, iglesias y otro tipo de instituciones que presten servicios a personas con un status legal irregular. La H.R. 4437, como se denomina el proyecto de ley de la autoría de James Sensembrenner, republicano de Wisconsin, y Peter King, Republicano de Nueva York, pasó en la Cámara de los Representantes por voto mayoritario combinado de republicanos y demócratas, notoriamente de los primeros.
Ahora, el Comité Judicial del Senado está discutiendo el Acta de Control de la Emigración Ilegal, de Antiterrorismo y Protección de las Fronteras, juntos a otras propuestas de reforma a la ley de inmigración. Con excepción de la propuesta de los senadores John McCain y Edward Kennedy, republicano por de Arizona y demócrata de Massachussets, respectivamente, las demás tienen en común asociar la labor de control de la inmigración indocumentada a la lucha anti-terrorista, pretendiendo así criminalizar a más de 12 millones de personas que trabajan y viven bajo la sombra en las peores condiciones laborales y muchas veces sin la debida protección jurídica.
De convertirse en ley el proyecto H.R. 4437, la inmigración ilegal se considerara una felonía y no solo una violación a la ley de emigración. Por eso, si una persona indocumentada es apresada, al igual que quien viole la estadía de una visa, le corresponderá un año de cárcel y la posterior deportación. Así mismo, un matrimonio fraudulento conlleva 10 años de cárcel, mientras que un indocumentado convicto de cometer otra felonía seria condenado a 20 años de prisión y, obviamente, deportado a su país después de cumplir la condena.
Como en los tiempos de las viejas dictaduras latinoamericanas que condenaban por asociación, este proyecto de ley asocia al tráfico de seres humanos a familias, amistadas e instituciones que aun sin saber el status legal de otra persona brindan su servicio y solidaridad. Seria un crimen si un ciudadano lleva en un vehiculo sea a un centro de trabajo o a un hospital a un “ilegal”, como también serán penalizadas las iglesias o cualquier institución que provea asistencia a indocumentados/as hasta los/as que sean victimas de violencia domestica.
La policía tendrá potestad legal para demandar pruebas de documentación legal a cualquier persona y podrá arrestar a indocumentados y a visitantes que las visas hayan expirados y entregárselos a las autoridades del departamento de migración. De esta manera la policía mas que su función de preservación del orden, pasara a desempeñar la función de los agentes de migración aun sin tener la debida preparación. Por sus múltiples implicaciones negativas, importantes sectores de la agencia policial han expresado su desacuerdo con esta disposición contenida en la H.R. 4437.
Pretendiendo asfixiar a los casi 2 millones de menores y los mas de 10 millones de adultos indocumentados, el sector mas recalcitrante del establecimiento político estadounidense plantea, a la vez, obligar a los empleadores, grandes beneficiarios económicos de la mano de obra indocumentada, a dar a conocer a las autoridades de migración el status de cada uno de sus trabajadores/as y a las ciudades y estados los penalizaran, con reducción de fondos federales, de estos proteger la confidencialidad del status legal y la identidad de sus residentes.
No conforme con atacar a los indocumentados, los autores de este proyecto, negador del origen multi-étnico y multi-racial sobre el que fue edificada esta nación, también pretenden dificultar aún mas el proceso de adquisición de la ciudadanía estadounidense, dejando a la simple observación del agente de migración la decisión final sin siguiera tener que brindarle al solicitante las razones de su decisión en caso de resultar negativa.
Como un ataque integral, esta iniciativa convierte el uso de un pasaporte falso en un crimen mayor y la conducción de un vehiculo bajo un estado de embriague en una razón para la deportación.
Contempla la H.R. 4437, un aumento sustancial del presupuesto para vigilar las fronteras con México y para erigir un muro, de más de 700 millas de extensión, que les costara a los contribuyentes más de mil millones de dólares. Contrario a la aspiración de sus autores y sus endosantes bipartidistas, esto no detendrá el flujo de indocumentados, por el contrario sí aumentará el número de muertos en la frontera dado que quienes desesperados por llegar a este país tendrán que transitar por rutas mucho mas peligrosas y desérticas.
Este contra-ataque revocador que tiene en la ley de emigración un punto sobresaliente, toma curso y expresión en el giro político y social conservador que ha predominado en los últimos 10 años en el país y que ha hecho posible la invasión y ocupación de Irak y Afganistán, con su saldo trágico, el control casi absoluto por fundamentalistas de derechas de la Suprema Corte de Justicia y la violación de derechos ciudadanos básicos, como el de la privacidad, sin mayores consecuencias para sus actores.
Satisface el saber y el vivir de manera directa el resurgimiento del movimiento de masa, condenando vigorosamente la ofensiva conservadora. De hecho, la acción popular, y la conveniencia política de algunos (hay elecciones congresionales en noviembre) hace casi imposible la aprobación por el Senado de la H.R. 4437, presentándose hoy la posibilidad de un acuerdo entre los senadores que abre un camino hacia la legalización de los indocumentados.
Sin embargo, hay que mantener la presión y tratar de integrar a esta batalla de “inmigrantes” a franjas significativas de anglosajones y afroamericanos.
