MIAMI.-La administración republicana en el gobierno de los Estados Unidos continúa su ofensiva en contra de los millones de indocumentados que están sumergidos en la sociedad norteamericana, pero de manera indolente pretenden ligar a esos miles de padres de familia que han emigrados en busca de trabajo y futuro con los terroristas que han amenazado al pueblo norteamericano con cobrarle su ofensiva en Afganistán e Irak, así como en todo el globo terráqueo.
Los terroristas del 9/11 entraron en los Estados Unidos por la vía legal, es decir que no se fueron en yola desde Santo Domingo, ni pasaron mojados por la frontera por México, etc. pero además, son esos indocumentados los que realizan las labores más pesadas en los campos y ciudades. Pero no solo hacen las labores que los norteamericanos han abandonado, sino que cobran la mitad o menos de lo que vale dicho trabajo.
De esos sin papeles solo se han beneficiado los grandes granjeros, los dueños de factorías y hasta los bodegueros dominicanos de Nueva York. La tozudez de los legisladores en no ofrecer una vía legal a esos más de 12 millones de almas lleva a muchos de ellos a ser presa fácil de los narcotraficantes y otros delincuentes.
Los Republicanos, con el Presidente Bush a la cabeza, se han empeñado en ligar la seguridad nacional con el tema de la migración ilegal; pero dentro de sus proyectos no toman en cuenta que Latinoamérica, región de donde preceden la mayoría de esos inmigrantes, está cada vez más sumergida en la marginalidad y en la desesperanza.
Los congresistas Peter King ® de NY y James Sensenbrenner también republicano de Wisconsin, continúan en el pasado creyendo que una ley desprovista del reflejo de la realidad y la sensibilidad humana, daría resultados múltiples de proteger al pueblo Norteamericano y evitar la inmigración ilegal.
Qué ilusos son pensando en muros, policías y cárceles. Por más vuelta que den y proyectos que redacten, al final tendrán que reconocer que esos millones que hay hoy en suelo norteamericano se multiplicaran de manera creciente, cada vez que la desigualdad social, el desempleo, la delincuencia, la corrupción y la ausencia de calidad de vida azotan nuestros países.
“El Acta de Control de la migración ilegal, de antiterrorismo y protección de las fronteras” es un grito de discriminación y odio de la clase recalcitrante de los Estados Unidos; pero la respuesta de los sectores democráticos de la Unión Americana ha sido débil y dispersa. Los gobiernos latinoamericanos, con la excepción de México, ha sido tímido e individual, no saben el tsunami que se gesta con esta propuesta para sus países.
“De convertirse en ley el proyecto H.R. 4437, la inmigración ilegal se considerara una felonía y no solo una violación a la ley de emigración. Por eso, si una persona indocumentada es apresada, al igual que quien viole la estadía de una visa, le corresponderá un año de cárcel y la posterior deportación. Así mismo, un matrimonio fraudulento conlleva 10 años de cárcel, mientras que un indocumentado convicto de cometer otra felonía seria condenado a 20 años de prisión y, obviamente, deportado a su país después de cumplir la condena.” (Luís Manuel Rodríguez, DiarioDigitalrd.com).
Miles de dominicanos serán llevados a la fuerza para la Republica Dominicana, donde el 60% de la población esta desempleada (entre desempleados y subempleados), originando que miles de nuevos demandantes de empleo agraven la situación de desesperación que viven los dominicanos hoy día. Los Gobiernos Latinoamericanos, las Cámaras Legislativas y las organizaciones de la sociedad civil deben unirse para solicitarles al congreso de los Estados Unidos que dejen sin efecto ese proyecto contra los ilegales que solo viene a agravara la situación social de sus sociedades, de por si ya asediadas por el FMI, la corrupción y la delincuencia.
