Los ataques contra la Junta Central Electoral no son casuales. Tampoco es casual que el presidente de ese tribunal haya hablado en los mismos términos que el presidente de la República sobre "la necesidad de un Congreso equilibrado". Ni es casual la actitud del juez Roberto Rosario, distinguido miembro del Comité Central del PLD, como no lo es tampoco la solicitud del partido de gobierno de que se desconozcan las inscripciones tardías de los candidatos opositores.
Tampoco es por casualidad que los fondos no llegan a tiempo a la JCE. No hay casualidad ni coincidencias. Se trata de un plan bien orquestado para desacreditar a los jueces de la JCE y posteriormente al proceso electoral ante la inminente derrota que recibirá el gobierno el próximo 16 de mayo.
Probado está que la Gran Alianza Nacional inscribió a sus candidatos en tiempo hábil. Quien ha inscrito candidatos fuera de lo establecido por la ley, en Monte Plata, La Romana, Salcedo y otros puebles, es precisamente el PLD.
El gobierno le teme al resultado de las elecciones porque advierte su derrota. Hizo todo cuanto le fue posible para impedir la Gran Alianza Nacional. Luego, el propio presidente de la República dijo que no le temía, que al contrario, el gobierno se fortalecía, lo que fue repetido por los demás dirigentes del partido oficialista y por las bocinas.
Sin embargo, una avalancha de calificativos insultantes se precipitó sobre la alianza. Rayos y centellas cayeron sobre el PRD y el PRSC para desacreditar el acuerdo político electoral. Más adelante se produce la compra descarada y vulgar de los tránsfugas para colocarlos en la boleta del PLD, dejando fuera a sus propios candidatos, lo que le ha generado serios problemas en muchas demarcaciones. Los candidatos del PPH y de los "reformistas de la sombra" que se vendieron al gobierno ahora son buenos y patriotas. Antes eran ladrones que merecían la cárcel o el destierro.
La compra de dirigentes y candidatos del PRD y del PRSC no ha dado los resultados que esperaba el gobierno. Los tránsfugas no les suman votos ni simpatías a los candidatos oficialistas. Por el contrario, la gente está indignada. Las encuestas no mienten. Dicen, que pese a todo, incluso pese a las trabas de algunos dirigentes del PRD y del PRSC, la Gran Alianza Nacional marcha sólidamente hacia la victoria.
El gobierno ha dispuesto miles de millones de pesos para la campaña. Esos recursos se han comenzado a invertir en obras públicas, en repartir alimentos y materiales de construcción, y en la compra de dirigentes opositores. Pero los candidatos oficialistas no avanzan. El gobierno no controlará el Congreso, ni ganará los ayuntamientos aunque se le permita controlar la Liga Municipal Dominicana, como pretende.
En su desesperación han lanzado un plan en extremo peligroso porque pone en peligro las elecciones.
La Gran Alianza Nacional ha debido pedir la renuncia del presidente de la JCE por sus declaraciones en torno a la composición del Congreso. Sin embargo, no lo ha hecho. Quizás por delicadeza o por no crear una crisis en estos momentos. Pero lo cierto es que el doctor Luis Arias, presidente de la JCE, se ha inhabilitado al colocarse al lado del partido de gobierno. Un juez no está para opinar sobre quién debe ganar o perder, ni sobre la correlación de fuerzas en las cámaras legislativas. El juez está para arbitrar. Nada más.
Mientras los dirigentes de la Gran Alianza actúan prudentemente para no perjudicar el proceso electoral, el gobierno persigue desacreditarlo. Pretende decir que esa JCE no es confiable. El propósito es crear las condiciones para las recusaciones y las impugnaciones en los pueblos y provincias donde los candidatos oficialistas hayan perdido.
El doctor Vincho Castillo, que jugó un papel de primer orden en el año 1978 para escamotearle el triunfo al PRD, logrando arrebatarle cuatro senadores, y con ello el control del Poder Judicial, estará nuevamente preparado, junto a otros abogados del PLD, para volver a la carga. Si a alguien debe interesar que las elecciones de mayo sean vigiladas, con observadores de todas partes del mundo, debe ser a los dirigentes de la oposición. De igual manera debe evitarse el rol protagónico de algunos curas y de algunos integrantes de la sociedad civil que han sido altamente favorecidos por el gobierno. ¡Yo no creo en los independientes!
En el país se juega una pelota caliente. Y será más caliente y dura en la medida en que se acerque el día de las votaciones.
