WASHINGTON, .- El Comité de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que incluye un programa de trabajadores temporales que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados trabajar legalmente en este país. También aprobó una enmienda que dio marcha atrás a la propuesta de criminalizar a los indocumentados y a quienes les presten asistencia humanitaria. El proyecto será debatido el martes en el pleno del Senado.
El Comité de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos avanzó este lunes a toda velocidad en la elaboración de una reforma migratoria a fin de poder presentarla este martes al plenario de la Cámara, mientras miles de personas manifiestan frente al Capitolio por una ley pro-inmigrantes.
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que incluye un programa de trabajadores temporales que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados trabajar legalmente en este país. También aprobó una enmienda que dio marcha atrás a la propuesta de criminalizar a los indocumentados y a quienes les presten asistencia humanitaria. El proyecto será debatido el martes en el pleno del Senado.
"Se ha hecho buen progreso", dijo el presidente del Comité, el republicano Arlen Specter, al finalizar una jornada de trabajo de siete horas en la cual se aprobaron unas dos docenas de enmiendas. Consideró que las opciones de que este proyecto se apruebe en el plenario del Senado son "excelentes".
El Comité aprobó el programa de visas temporarias de trabajo presentado por el senador demócrata Edward Kennedy, en el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, volvió a expresar públicamente su apoyo a un plan de este tipo durante una ceremonia en que 30 personas de 20 países se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
"Un programa de trabajadores temporarios es vital para dar seguridad a nuestras fronteras. Al crear un canal legal separado para quienes entran a Estados Unidos para un día de trabajo honesto, reduciríamos dramáticamente el número de personas que intenta pasar ilegalmente por la frontera", dijo Bush.
"Esto ayudaría a quitar presión de las fronteras y liberaría los recursos de la policía para concentrarse en las amenazas más grandes a nuestra seguridad, que son los criminales, los narcotraficantes y los terroristas", agregó el mandatario.
El proyecto aprobado por el Comité permite a 400.000 extranjeros por año obtener permisos de trabajo válidos por tres años, renovables por una vez para un total de seis años, y habilita a los beneficiarios a solicitar la residencia permanente ("tarjeta verde"), a través de la cual accederían a la ciudadanía.
El extranjero que obtenga esta visa tiene derecho a cambiar de trabajo, a cambiar de empleador y a entrar y salir del país cuantas veces quiera. La única condición que debe cumplir es estar empleado en forma permanente; si queda desempleado por un período mayor a 45 días, pierde la visa y debe salir de Estados Unidos.
El programa fue aprobado mientras manifestaciones masivas en las calles de Washington, Houston, Los Angeles, Detroit y otras ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos marchaban en rechazo a la ley anti-inmigrante aprobada en diciembre del año pasado por la Cámara de Representantes, un proyecto que propone criminalizar a los inmigrantes y a quienes los asistan, aunque sea un voluntario de iglesia que les sirve un plato de comida.
"Somos trabajadores, no terroristas", decían los carteles que portaban los manifestantes en la protesta frente al Capitolio, que reunió a miles de personas bajo un templado sol de primavera. "Jesús era inmigrante", decían otras pancartas, en la marcha convocada por líderes religiosos de diferentes creencias en la capital federal.
Unos cien líderes de la marcha decidieron caminar, esposados unos a otros, hasta el edificio Dirksen del Senado, donde el Comité debatía el proyecto.
El senador demócrata Richard Durbin presentó al Comité la enmienda que prohíbe criminalizar a los que ofrezcan asistencia humanitaria a los indocumentados, y fue aprobada por amplia mayoría. Miembros del público que asistía al debate enviaron la noticia de inmediato a amigos y conocidos que estaban en la marcha a través de sus "blackberries", teléfonos celulares con capacidad para mandar correos electrónicos, y un orador informó de la noticia a los manifestantes, que celebraron con aplausos, abrazos y consignas.
Horas después, el Comité aprobó otra enmienda, también presentada por Durbin, que dio marcha atrás en la criminalización de los indocumentados, y que sólo deja en pie las sanciones actualmente vigentes, que consisten en no permitir el ingreso al país por tres años a quien se queda hasta 180 días más del tiempo autorizado por la visa, y por 10 años a quien lo haga por más de 180 días.
Si el Senado aprueba este proyecto elaborado por el Comité, habrá una tercera etapa en la que el texto deberá ser compatibilizado con la ley anti-inmigrante aprobada por la Cámara de Representantes, conocida como la Ley Sensenbrenner.
Este proyecto criminaliza a los indocumentados, acelera el proceso de deportación, aumenta la seguridad en la frontera para frenar el flujo migratorio, y no crea ningún tipo de programa de visas temporarias de trabajo.
En Los Angeles, miles de estudiantes de secundaria abandonaron los salones de clase y salieron a las calles a condenar la Ley Sensenbrenner, que el alcalde de esa ciudad, el hispano Antonio Villarraigosa, calificó como "una ley anti-americana".
"Hay gente en todo el país que está de acuerdo con ustedes en que necesitamos una reforma migratoria que premie el trabajo duro. Pero ahora es importante que regresen a la escuela", dijo Villarraigosa a los miles de estudiantes en la protesta, que gritaron a coro: "¡No!".
