SANTO DOMINGO.-El doctor Bernardo Defilló reiteró este jueves que no renunciará a su cargo en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables, aunque se mostró dispuesto a que su sustitución sea a través de los mecanismos establecidos por la ley.
Explicó que la Ley 87-01 establece que la remoción de los funcionarios de la SISALRIL debe hacerse mediante una evaluación de sus funciones que indique que no están aptos para desempeñar la misma o por la comisión de faltas graves.
Con estas palabras rechazó en una rueda de prensa el planteamiento de la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), para que renuncie al cargo.
Estimó que esa propuesta constituye una intromisión en funciones que competen al Consejo Nacional de la Seguridad Social y al Presidente de la República.
El doctor Defilló dijo que ante la imposibilidad de que el CNSS cumpla con los requisitos establecidos por la ley para la sustitución de los principales funcionarios del sistema, la licenciada Elena Viyella de Paliza ha iniciado presiones con el objetivo de lograr su renuncia, así como del Gerente General del CNSS y de la Superintendente de Pensiones.
Al parecer de defilló, la licenciada Viyella de Paliza no está bien empapada de la real situación del sistema de salud en el país.
Dijo que tampoco se ha percatado "de que el retraso para el inicio del Seguro Familiar de Salud-SFS obedece a múltiples factores, entre los que se cuentan las oposiciones y vetos de su representación ante el CNSS”
Dijo también que otros organismos del sistema han negado permanentemente los servicios de salud para los pobres e indigentes del país.
A juicio del superintendente la ley de seguridad social ha sido manejada discrecionalmente por quienes adversan el sistema y que su aplicación ha sido selectiva en concordancia con los intereses estratégicos de ciertos sectores empresariales.
Entiende que el sector empresarial ha manejado un discurso dual observándose un distanciamiento entre sus afirmaciones públicas y las acciones adoptadas en el CNSS con relación al IDSS.
Señaló que el derecho al veto o las inasistencias del sector empresarial a las sesiones del Consejo del IDSS han impedido la adopción de medidas dirigidas a que esa entidad se adecue al mandato de la ley.
Planteó además, que debido a un extremo de inequidades e injusticias, consignadas en la ley y "avaladas por ustedes" se aplicó el servicio de riesgos laborales, sin la existencia de un sistema familiar de salud,
Dijo que eso fue "lo que obligó al IDSS a privatizar sus operaciones y servicios en relación con los accidentes de trabajo, y a agravar su condición económica e institucional".
