SANTO DOMINGO.-La Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) favorece que sean incluidas en el Plan Básico de Salud las enfermedades catastróficas de alto costo como el sida, siempre que sean identificadas y garantizadas las fuentes económicas y financieras para la prestación de esos servicios a quienes padecen esas patologías.
La posición fue anunciada por el vicepresidente ejecutivo de ADARS, licenciado José Cruz Pichardo, quien recordó al sector laboral demandante de la inclusión que el Plan Básico de Salud no incluye el tratamiento sino la entrega de retrovirales a las embarazadas VIH positivas, para evitar la transmisión vertical del virus al hijo.
El ejecutivo de ADARS dijo que esa asociación comparte con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras metas generales mejorar el estado de salud de la población a la que se sirve, responder a las expectativas de las personas y, sobre todo, brindar protección financiera contra los costos de una mala salud.
El directivo de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud previno sin embargo que incluir los procedimientos permanentes a las personas con el VIH en un sistema nacional de salud deficitario por sus altos costos sería incrementar ese déficit o garantizar un financiamiento mayor.
Cruz Pichardo recordó que el sector privado de la salud estima en más de seis mil pesos al año por persona el costo del Plan Básico de Salud, mayor a los cinco mil pesos que a su vez estima la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
Por esa razón previno que incluir aquellas enfermedades catastróficas no cubiertas por el PBS significaría un déficit aún mayor, además de que tampoco han sido definidos los honorarios y las tarifas mínimas de los médicos.
Sugirió no obstante que si alguna agencia estatal se compromete a cubrir el incremento de ese déficit, la asistencia a los enfermos de sida y de otras patologías de alto costo podría ser incluida en lo inmediato desde el punto de vista económico y financiero, aunque otros problemas quedarían por resolver.
Por otra parte, Cruz Pichardo descargó de responsabilidad al sector privado respecto a la denuncia de que se estaría negando los servicios médicos a los más necesitados, a unos cuatro millones de personas del régimen subsidiado, los cuales no forman parte del régimen contributivo.
Recordó que el régimen subsidiado comenzó hace más de dos años en la zona suroeste, el blanco de población que más salud necesita y cuya asistencia corresponde fundamentalmente al Estado.
Se trata de 4.8 millones de personas que constituyen más del cincuenta por ciento de la población del país (9.1) que no puede pagar nada, aseguró.
“De manera que de los otros 3.9 millones de personas del régimen contributivo que corresponde al sector privado, el 70 por ciento (2.8 millones) tiene la protección del seguro privado, aún con limitaciones”, subrayó.
Recordó que la diferencia entre esos dos grupos es una población que constituye el régimen contributivo subsidiado (377,942) de la cual lamentó que nada se habla y el reglamento de ese régimen aún no ha sido definido
